Foto: cortesía revista Semana

Cuando los militares dicen que no tienen fuero el caso emblemático que siempre sale a relucir es el de Santo Domingo, un pequeño caserío de Arauca donde en diciembre de 1998 se produjeron fuertes combates con las Farc y un bombardeo ocasionó la muerte de 17 civiles.  La justicia ordinaria en múltiples instancias, y también los tribunales contenciosos, han responsabilizado a la Fuerza Aérea por este hecho en el que resultaron condenados por homicidio doloso dos destacados pilotos.  Sin embargo, ad portas de la defensa que empieza el gobierno colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso, se conoció que hace 14 meses un juez de Arauca condenó a Grannobles, jefe de las Farc en esa región, por los mismos hechos.

La confusión no se hizo esperar. Sectores del gobierno asumieron este fallo como la prueba reina de que ha habido un complot jurídico contra las fuerzas militares, y la Fiscalía se declaró confundida sobre su propia actuación.  Lo grave es que aunque hay consenso en que el juez de Arauca actuó de manera incongruente, el fallo está en firme y puede darle un giro a uno de los episodios emblemáticos que enfrentan al estamento militar con la justicia.

Recién ocurrieron los hechos de Santo Domingo, la Justicia Penal Militar abrió una investigación que fue cerrada de manera expedita con el argumento de que la Fuerza Aérea no había lanzado ninguna bomba contra la población y que la muerte de los civiles había sido consecuencia de un carro bomba puesto por las Farc en esa población.

Nadie se explica por qué un juez de Arauca condenó a un miembro de las Farc  por la muerte de 17 civiles si ese no era el crimen sobre el que debía pronunciarse. Este estrambótico fallo le cae como anillo al dedo al Estado para su defensa ante la CIDH.

No obstante, un largo y accidentado proceso judicial llegó a la conclusión de que una bomba cluster (o racimo) causó la tragedia.  La Fiscalía encontró pedazos de este artefacto en la zona, se apoyó en peritos del FBI para demostrar que estas pertenecían a la Fuerza Aérea. Como si fuera poco, tuvo acceso a grabaciones de asesores gringos que apoyaban la operación desde el aire en las que éstos se sorprenden al ver que sus colegas colombianos atacaban la población a pesar de que los civiles estaban a la vista.

En principio los pilotos fueron condenados por homicidio culposo, es decir, por haber cometido un error. Pero después el Tribunal Superior de Bogotá, en una sentencia de segunda instancia, condenó al capitán César Romero (piloto) y teniente Johan Jiménez (copiloto) a 30 años de cárcel por el homicidio doloso de 17 civiles y las graves lesiones corporales a 30 más. En 2011, la Fiscalía vinculó como presuntos responsables de esa masacre, a dos miembros más de las FAC, al coronel Andrés Garzón Vélez y al mayor Germán David Lamilla, proceso que se encuentra activo.

Entonces empezaron las confusiones e incongruencias. Mientras el gobierno se quejaba de que éste fuera un proceso adelantado en la justicia civil, olvidando que la justicia castrense lo cerró porque consideró que sus oficiales no estaban involucrados; las víctimas acudieron a la justicia internacional argumentando que el gobierno denegó justicia al permitir que en primera instancia haya sido la justicia militar la que abordara el caso, y por la múltiples obstrucciones que ha tenido el mismo.

Lo que nadie esperaba hace pocas semanas es que se conociera el fallo de un juez especializado de Arauca, Rodrigo Rodríguez Barragán, proferido el 31 de enero de 2011 en el que responsabiliza a Germán Briceño Suárez alias Grannobles no sólo por la muerte de siete militares y las lesiones de miembros del Ejército, que era el proceso que llevaba su despacho; sino por la muerte de los 17 civiles atribuidos en la sentencia a la explosión de un carro-bomba. Es decir, el juez vuelve a la versión que en el momento de los hechos dio el entonces comandante de las FAC, Héctor Fabio Velasco, y que desconoce todo lo actuado por la Fiscalía en estos años.

En realidad los fallos no son contradictorios. Lo que ocurre es que la Fiscalía General de la Nación adelantó dos investigaciones, una por la muerte de los civiles y las lesiones ocasionadas a una treintena de pobladores del caserío, y otra por la muerte de los militares y las lesiones que se produjeron a 16 miembros de la Fuerza Pública. Se trata de dos hechos diferenciados en el espacio y en el tiempo y por eso la Fiscalía los separó. La muerte de los civiles ocurrió el 13 de diciembre de 1998, casi a las 10 am en la cabecera veredal; mientras que los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla ocurrieron entre el 12 y el 15 de diciembre en la zona rural de Santo Domingo.