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Los consejos comunitarios de afrocolombianos de Jiguamiandó y Curvaradó libran una batalla a sangre y fuego con empresarios y paramilitares por los territorios que les fueron arrebatados desde hace 15 años y que causó el desplazamiento de más de 4.000 personas en el Bajo Atrato. Manuel Ruíz, el líder de la comunidad de Apartadorcito que fue asesinado esta semana junto con su hijo Samir de 15 años, era uno de esos desplazados.

Manuel vivía en Apartadorcito cerca de Pavarandó con su esposa Trinidad Gallo y sus hijos. Era uno de los 37 miembros de la Cuenca del Curvaradó que había recibido amenazas contra su vida por reclamar las tierras. “Manuel había denunciado al gobierno presiones de parte de uno de los administradores del empresario Víctor Ríos, conocido como “El Bicho”, para que se retirara del proceso de censo. Permanente Manuel venía siendo intimidado por este empresario, ocupante de mala fe, con quien compartía linderos”, según lo explicó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien viene acompañando a estas comunidades desde hace más de 10 años. Pese a las denuncias interpuestas ante diferentes instancias del gobierno sobre las amenazas contra su vida por reclamar las tierras, el Ministerio del Interior realizó estudio de riesgo y como medida de protección le asignó un teléfono celular.

No paran las muertes de líderes que reclaman tierras. La muerte de Manuel Ruiz es una nueva prueba de que en Urabá quieren impedir la restitución a sangre y fuego.

Manuel era miembro del Comité del Censo del Consejo Comunitario de Apartadorcito y guiaría al gobierno en la inspección del área conocida como Los Piscingos, ocupada de mala fe por empresarios desde 1996. La inspección se realizaría el 24 de marzo en cumplimiento del auto de la Corte Constitucional A-045 del 7 de marzo de 2012. Sin embargo, desde el viernes 23 de marzo fue secuestrado por presuntos paramilitares, al parecer por las llamadas Águilas Negras, hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida con señales de tortura al igual que el de su hijo, el 27 y 28 de marzo. La información dada por los miembros de la comunidad es que el paramilitar José de Jesús Moya, alias “El Cucho” informó a los familiares de las víctimas que Manuel y Samir habían sido asesinados y sus cuerpos arrojados al Río Sucio.

Con el censo, que es realizado por la propia comunidad, el gobierno pretende identificar a los desplazados de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó y brindarles garantías para su regreso. La información de los formularios que son llenados por los desplazados censados es verificada por un grupo de adultos mayores con memoria histórica, quienes tienen un amplio conocimiento de la región y sus familias.

El desplazamiento se produjo  mediados de los años 90 durante las operaciones militaresSeptiembre Negro y Génesis, esta última comandada por el General (R) Rito Alejo del Río, y en la cual hubo participación de las AUC. Las comunidades de Curvaradó empezaron a retornar desde 2006, pero al regresar se encontraron con que las tierras arrebatadas estaban plantadas con palma africana y las otras dedicadas a la ganadería extensiva. Desde entonces, los líderes han exigido la restitución de sus tierras y se han enfrentado a una máquina de guerra donde converge lo legal y lo ilegal, las alianzas entre la Fuerza Pública y los paramilitares, los intereses de los empresarios y ganaderos y la relación de estos con grupos armados legales e ilegales.

Manuel dedicó y entregó su vida para recuperar la tierra y gozó siempre de un reconocimiento especial por parte de su comunidad.“Cuando asesinan a un líder reconocidocomo Manuel Ruíz se para el progreso de la comunidad y hay un estancamiento. A uno le da miedo salir al pueblo, nos da miedo muchas cosas porque nosotros no sabemos con quién vamos a hablar. Entonces vemos que si pasó esto con un niño de 15 años que puede esperar otra persona que se ponga a hablar”, dijo un líder de la comunidad del Urabá chocoano.

En la actualidad se encuentran desplazados en Mutatá 7 niños y 12 adultos de la familia de Manuel y su esposa Trinidad. Se desplazaron por segunda vez, ante el temor fundado que los paramilitares cobren venganza por las denuncias por ellos instauradas por la responsabilidad de paramilitares en connivencia con la policía en actuaciones ilegales, según informó la Comisión Intereclesial de Justicia y paz en su página web.