Foto: Alejandro Reyes, experto en temas agrícolas. / Giovanni M.

Nadie lo puede llamar advenedizo. Alejandro Reyes,quien suena como el más firme candidato para ser el nuevo director del Incoder, es de lejos uno de los hombres con mayor conocimiento del tema agrario en Colombia. Posiblemente el último cargo público que ocupó, en los remotos años 70, fue el de intendente del Putumayo, cuando se debatía entre su carrera de derecho, y su vocación, la sociología. Al final se convertiría en el académico que con mayor audacia investigó el problema de las tierras en Colombia, primero desde el Cinep, centro de pensamiento de la Compañía de Jesús de marcada orientación de izquierda, y después desde el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Iepri, de la Universidad Nacional.

Reyes fue el primer investigador que osó denunciar la masiva apropiación de tierras por parte del narcotráfico, a mediados de los 90, lo que le valió amenazas de Carlos Castaño y hasta el exilio. Pero a su regreso al país, retomó el tema que lo apasiona y publicó Guerreros y campesinos, donde explica la dimensión del despojo de los paramilitares en el país. Ese trabajo y su profundo conocimiento del tema agrario lo convirtieron en el asesor estrella del gobierno de Santos en materia de restitución. Es quizá uno de los hombres que más influyó en el diseño y aprobación de la Ley de Víctimas y los decretos reglamentarios.

Su eventual designación en el cargo no ha caído bien en todos los sectores. Reyes ha sido un crítico de muchas ONG y organizaciones sociales, pues considera que los campesinos no necesitan intermediarios, y se le critica que tenga un criterio selectivo con algunos de ellos, especialmente los que durante años han crecido bajo la sombra de grupos armados en medio país. “Esa idea del campesino puro que defiende Reyes no existe en Colombia” dice un dirigente social.

Sus críticos acérrimos consideran que sería nombrado para darles gusto a los empresarios, pero aunque Reyes no es para nada adverso a las grandes inversiones, es un hombre que defiende a fondo la economía y cultura campesinas. Puede decirse que es partidario de la modernización del campo. Lo que está por verse es cuál es su balance entre grandes inversiones y democratización de  la propiedad y el desarrollo. Y sea cuales sean sus ideas, encuentra una institución en problemas. Incoder es, según los expertos, un verdadero engendro institucional.

Lo que Juan Manuel no pudo lograr

Fotos: tomadas de La República y MinAgricultura.

Juan Manuel Ospina llegó a la dirección del Incoder de la mano de su copartidario y amigo Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura, en medio de un gran entusiasmo por la aplicación de la ley de víctimas y su capítulo principal, la restitución de tierras.  Pero se encontró un Incoder politizado, ineficiente y con problemas de corrupción administrativa. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se convirtió al Incoder en un verdadero Frankenstein donde se fusionaron el Instituto de Adecuación de Tierras, Inat; al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,Inpa; al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, y al Fondo de Desarrollo Rural Integrado, DRI. Al mismo tiempo se eliminaron 2.300 que se supone eran una carga ineficiente para la entidad.

En la era Uribe, el Incoder estuvo en el ojo del huracán por los nexos de algunos de sus funcionarios con grupos paramilitares o testaferros de la mafia. Tres de sus gerentes nombrados por el gobierno de Álvaro Uribe (Arturo Vega, Luis Ortiz López y Rodolfo Campo) enfrentaron investigaciones en la Procuraduría porque funcionarios a su cargo entregaron tierras para desplazados a gente con antecedentes penales, con órdenes de captura y nexos con paramilitares. Lo anterior, sumado a las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Notariado y Registro en los Montes de María,  donde se evidenció que abogados, jueces y funcionarios públicos con documentos falsos legalizaron despojos.

En el gobierno de Santos el Incoder pasó a convertirse en la pieza clave de la restitución de tierras, pues es la entidad a través de la cual se entregarán, según la meta oficial, 2’481.000 hectáreas a víctimas de la violencia y a campesinos.

Ospina logró la adjudicación de 831.155 hectáreas y la asignación de 64 mil millones para la restitución de tierras. A eso se sumaron 19 mil millones de cooperación internacional. Pero a pesar de que la ley estaba aprobada, y los recursos disponibles, la ejecución no arrancaba. El ministro Restrepo pedía celeridad y Ospina clamaba prudencia. Prefería las revisiones minuciosas de expedientes antes que mostrar resultados en adjudicaciones de tierra, supuestamente para no cometer errores. Pero la sensación afuera era que todo estaba paralizado y que pese a los anuncios gubernamentales y al show hecho en repetidas ocasiones en lugares como Macayepo y El Salado, la restitución no arrancaba. Allí vino el corto-circuito.