Foto: tomada de ‘El orden desarmado’ / Las nuevas generaciones del Carare

El 21 de mayo de 1987 los campesinos del Carare se cansaron de ser usados por los bandos del conflicto. Primero por los frentes 34 y 11 de las Farc, que crearon milicias en su territorio. Después por el Ejército (en particular el batallón Reyes) que los convirtieron en laboratorio de la guerra contrainsurgente, a finales de los años 70; y después de los paramilitares que desde Puerto Boyacá y Cimitarra, desplegaron su proyecto de muerte por todo el Magdalena Medio.

La India, corregimiento de Landázuri, Santander, sería el epicentro de una resistencia civil que ya completa 24 años y que ha hecho de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) una experiencia reconocida mundialmente.

Desde los años 60 los habitantes de la zona habían creando el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Carare, que desde sus inicios fue atacado, sus afiliados fueron retenidos, requisados y maltratados permanentemente e incluso su presidente, Mario Silva fue víctima de un atentado en el año de 1965. Más adelante estos aprovechan las juntas de acción de comunal para mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y en especial las vías de acceso. Luego con la creación de la Asociación de Productores Campesinos del Carare, se buscó que los pequeños agricultores se organizaran para buscar mayores y mejores posibilidades de comercialización de sus productos, sin embargo este propósito no tuvo mayores éxitos.

Pero es en 1987 cuando la agudización de la violencia en la zona de la India en la que están involucrados paramilitares en contubernio con miembros de la Policía y el Ejército Nacional, surge la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ATCC, quien se niega a prestar cualquier tipo de colaboración con la guerrilla, las autodefensas o la fuerza pública.

El nuevo libro del Centro de Memoria Histórica, El orden desarmado, es un retrato y una reflexión sobre los resistentes. Se trata de la historia de los campesinos del Carare; aquellos que han defendido con “los brazos en alto” su derecho a ser neutrales en el conflicto.

“Nos organizamos con los brazos en alto” decían en sus documentos, sin saber que el atreverse a construir un orden desarmado sería castigado por quienes querían, por el contrario, que el orden de la guerra siguiera vigente.

Los fundadores de la Asociación creían que  su organización podía detener la violencia en la región. Habían sostenido diálogos con todos los actores, exigiéndoles respeto a su neutralidad. Incluso el Ejército les había manifestado en un principio respetar sus decisiones, lo que les fue confirmado en una reunión de cinco minutos que sostuvieron con el entonces ministro de Guerra, General Manuel Jaime Guerrero Paz, quien les aseguró que “no tendrían problemas con ellos”. Pero luego fueron señalados de ser “el tapadera de la guerrilla“.

El 26 de febrero de 1990 vivirían su peor prueba de fuego cuando Josué Vargas Mateus, presidente de la ATCC, Saúl Castañeda, secretario de la ATCC, Miguel Ángel Barajas Collazos, asesor de la ATCC y la periodista Sylvia Duzán fueron acribillados por los paramilitares del Magdalena Medio, cuando estos se encontraban dialogando en el restaurante la Tata. Ese misma día, unas horas antes del asesinato, algunos habitantes de la localidad le advirtieron a Duzán –quien realizaba un documental para la BBC- y a los líderes el peligro que corrían. Uno de ellos llamó a la policía al notar la presencia de alias ‘El Mojao’ y a otros paramilitares por el lugar, pero esta nunca llegó.

Por estos hechos comparecieron ante la justicia Alejandro Ardila, alias ‘El Ñato’, Hermógenes Mosquera, alias ‘El Mojao’, Armando Suescún, candidato a la Alcaldía de Cimitarra, Carlos Atuesta, miembro de la ATCC, el coronel Lineros, comandante del Batallón Rafael Reyes y 34 personas más. Sin embargo, el juez no pudo encontrar evidencias contra ninguno de ellos y todos los sindicados fueron absueltos. Las versiones libres de Ramón Izasa y Ernesto Baez tampoco han ayudado. El primero aseguró no acordarse de los hechos producto del alzhaimer que dice padecer, y el segundo aseguró haberse enterado de lo ocurrido a través de las noticias.

Ese mismo año la resistencia de los campesinos del Carare se conocería en el mundo entero pues fueron galardonados con el Right Livelihood Award conocido como el nobel alternativo de paz.

Ni los peores crímenes torcieron el rumbo de la ATCC. Aunque por más de una década los paramilitares fueron amos y señores de esos territorios, esta comunidad logró mantenerse al margen y tal como lo describe el libro del Centro de Memoria Histórica “El orden desarmado”. A pesar de los asesinatos, se mantuvieron en el territorio,  emprendieron  diálogos y concertaciones con varios sectores del Estado y la sociedad, y hasta se adelantaron a la tarea de la reparación cuando en 2004 con sus propios ahorros reubicaron a  62 familias pobres cuyo caserío se estaba derrumbando.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación también los consideró como una de sus experiencias pilotos para la reparación colectiva.

Tal como lo reconoce María Jimena Duzán en su libro autobiográfico Mi viaje al infierno, que hoy en la justicia se esté reabriendo el caso de las muertes de los líderes de la ATCC ha sido un logro de las familias que no han desistido en su esfuerzo por la justicia.  Y de la resistencia de una comunidad que durante un cuarto de siglo se ha mantenido fiel a la consigna de alzar los brazos ante cualquier grupo armado.