¿Por qué le temen al Marco Jurídico para la Paz?

Fotos: José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch y Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia. /tomadas de Semana.com

Cuando parecía que el Marco Jurídico para la Paz superaría su sexto debate, hay dudas serias de que la iniciativa alcance a convertirse en realidad.  La derecha, en cabeza de Álvaro Uribe, ha desvirtuado el proyecto por considerarlo favorable a la guerrilla. Y muchas organizaciones de Derechos Humanos, encabezadas por Human Rights Watch, también lo han hecho porque entre otras cosas incluye a militares y policías.

Este Marco es una propuesta que se inscribe dentro del modelo de justicia transicional y en lo fundamental busca darle al Presidente,  al Congreso y a los jueces, facultades para dar beneficios jurídicos a los actores del conflicto armado en un contexto de negociación de paz definitiva.  Esos beneficios serían: el juzgamiento selectivo de los “máximos responsables” de estos grupos; la posibilidad de suspender la pena una vez esta se haya proferido y abstenerse de la persecución judicial; y la inclusión dentro de estos beneficios también a agentes del Estado.

Para sectores de la izquierda y de organizaciones de derechos humanos esto es inaceptable pues significaría que el gobierno abdicaría de su deber de ejercer justicia sobre cada hecho y cada victimario, contradiría los pactos internacionales, y garantizaría la impunidad.  Quizá el vocero más autorizado de esta postura crítica es José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch quien en dos cartas recientes le expuso al gobierno sus objeciones.

Si el ex presidente Álvaro Uribe y el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco logran que se hunda el Marco Jurídico para la Paz se le cierra espacio a la solución política del conflicto. Mientras tanto las Farc, en cabeza de Iván Márquez, quieren meter al país en el fangoso debate de la “regularización” de la guerra.  Análisis de Arco Iris.

Considera que la selectividad en el juzgamiento solo a los “máximos responsables” configura impunidad para crímenes atroces y de lesa humanidad;  que la eventual suspensión de penas rompe el ordenamiento jurídico,  y que se incluya a los militares con casos como los falsos positivos son inadmisibles.  Lo que no dice Vivanco (como le reclama Yezid Arteta en su columna de Arco Iris) es cómo se puede hacer la paz, si todos los miembros de los grupos que se desarmen terminarían en la cárcel.  La perspectiva “pura” de derechos humanos condena al país a una guerra sin final dados los obstáculos para ofrecer incentivos judiciales.

Esta es la vieja y nunca resuelta tensión que existe entre quienes buscan una solución del conflicto por vía judicial, con el argumento, nada despreciable de que las amnistías no han significado paz sino nuevos ciclos de violencia; y quienes se ubican en una perspectiva más política, de negociaciones de paz.  Podría decirse que los escrúpulos de Vivanco reflejan una visión punitiva de los delitos atroces, que prefiere minimizar el hecho de que estos hayan ocurrido en un contexto de guerra.

Pero los escrúpulos de Uribe, según se ha reflejado en su cuenta de Twitter provienen más de su interés en evitar que Santos abra un espacio atractivo para hacer realidad un proceso de paz.  Uribe ha hecho una cruzada para erradicar el concepto de conflicto, y el de delito político.  Para Uribe sólo existe terrorismo y delito común y en consecuencia, la solución política es un imposible. Por eso mientras la inclusión de los militares para Vivanco es riesgosa porque crímenes como los falsos positivos terminarían “encubriéndose” como acciones de guerra; para Uribe los militares merecen otro trato: el fuero militar, que traducido a la realidad, es garantizar que no habrá justicia.

Uribe sabe, mejor que nadie, que una negociación con las guerrillas, y con cualquier grupo no es viable sin fórmulas jurídicas que le permitan – sobre todo a los “máximos responsables” – imaginar un escenario de futuro diferente a La Picota o Cómbita, o una cárcel en Estados Unidos.  Por eso su posición es más de sabotaje. De hecho, esta semana se pondrá prueba su verdadera capacidad de incidir en la bancada, cuando eventualmente se presente una propuesta de archivo de la iniciativa.

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