Foto: Congreso de la República / Archivo CNAI
Desde que estalló el escándalo de la para-política, han sido condenados 51 congresistas por la Corte Suprema de Justicia y 57 de ellos esperan que se les resuelva la situación. La respuesta de la clase política a la actuación de la justicia han sido decenas de intentos de evadir su acción. Primero renunciando al fuero para ser investigados por la Fiscalía y buscar la absolución en alguna de las varias instancias de la justicia ordinaria; y la búsqueda de reformas en el Congreso que crearan figuras como la segunda instancia o que la pérdida de la curul se produjera sólo hasta el momento de la condena.
No obstante la más reciente reforma política le puso coto a quienes pretendían legislar mientras estaban sub judice con figuras como la silla vacía y la responsabilidad de los partidos sobre la actuación de sus representantes.
Ahora la controvertida reforma a la justicia que hace tránsito en el gobierno podría convertirse en una contra-reforma política, dándoles los congresistas mayores privilegios que ya tienen para ser investigados y juzgados.
Uno de ellos es que sólo se les prive de la libertad «cuando exista resolución acusatoria, salvo que sean aprehendidos en caso flagrante». Hoy la aprehensión se puede dar de manera preventiva y el partido o movimiento que avale la curul la pierde de manera inmediata.
Otro artículo polémico es el que le quita facultades al Procurador General de la Nación para investigar al legislativo, propuesta avalada por el ministerio público, quien considera que “no es sano para el sistema judicial del país que el procurador investigue a los senadores, que a su vez, son quienes lo eligen”. La analista Claudia López, dice que “es curioso que al Procurador no haya presentado esta sugerencia antes, sino justo ahora cuando está en busca de su reelección.” La politóloga opina también que lo que están haciendo los parlamentarios es cobrarle a la justicia las investigaciones que sobre la parapolítica y la Farcpolítica ha venido haciendo la rama judicial, eliminando las sanciones que se instauraban sobre los partidos y los mismos políticos por vínculos con los grupos armados, volviendo engorroso el proceso de la pérdida de investidura.Por último opina Claudia López que la creación de una súper Corte, tal como está contemplado,es buena en la medida en que garantiza una segunda instancia para algunos aforados, sin embargo López asegura que a esta se le debe brindar la total independencia tanto del ejecutivo como de los mismos parlamentarios.
Al proyecto de reforma de justicia le faltan tres debates en medio de un panorama tenso. Sin embargo, esta semana se dio un clima de entendimiento entre los tres poderes, luego de la reunión sostenida en días pasados en el Palacio de Nariño, en la que el presidente Juan Manuel Santos pidió a los asistentes manifestar sus desacuerdos. En esta cita se construyeron algunos consensos como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura yde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; y en lo que atañe a los procesos judiciales a congresistas, que estos se mantengan en la Corte Suprema de Justicia pero con una doble instancia.
/ Oscar Sevillano