“Vamos a cambiar la guerra por la paz, las balas por la democracia”

Si los grupos armados ilegales decidieran una desmovilización masiva que permitiera el fin de la violencia que lleva más de cincuenta años: ¿El país tendría las herramientas jurídicas para desarmar a esos colombianos violentos y reintegrarlos a la sociedad pacífica? La respuesta es No. Hoy las guerrillas siguen siendo organizaciones terroristas y mientras lo sean, lo único que merecen es la confrontación legítima del Estado. Pero el día que abandonen esta anacrónica guerra y le apuesten a la paz, debe existir un marco jurídico que permita su desmovilización masiva y la terminación de la violencia. Por este motivo, asumí desde hace más de un año la tarea de construir con la sociedad civil, Congreso y Gobierno, un Marco Jurídico para la Paz donde se le entregarán facultades al jefe de estado para que tenga una herramienta jurídica sólida que abra la posibilidad de aplicar justicia transicional a los grupos armados ilegales que se desarmen, desmovilicen y le apuesten a la paz.

Hoy no hay condiciones  para un proceso de paz,  pero si llegara a haberlas, sin duda será este Congreso quien elabore una reforma constitucional y legal que permitirá seleccionar y priorizar los casos más importantes, investigando y juzgando así  a quienes cometieron los delitos más graves, atroces y complejos, y aplicando la suspensión de la ejecución de la pena  a los menos responsables, siempre y cuando existan reales garantías a los derechos de verdad , reparación y no repetición de actos violentos en contra de miles de víctimas colombianas.  Sólo de esta manera podremos cerrar el conflicto armado que durante décadas agobia nuestra nación, asegurando la dejación de las armas y la reintegración de los miembros de grupos armados a la sociedad. Y quedó incluido en el texto que cualquier grupo ilegal que quiera iniciar un proceso de paz tendrá que liberar primero a todos los secuestrados. Sin liberación no habrá beneficios, al contrario será el peso de la ley y la confrontación del estado la que recaiga sobre estos grupos violento.

NO habrá impunidad, ni perdón, ni olvido. Esta ley no otorga indulto o amnistía. Esta reformasignifica una salida para todos los combatientes; pero no la misma para todos, sin perjuicio de la garantía constitucional de los derechos de las víctimas, quienes son el objeto de la implementación de estos mecanismos de justicia transicional, que permitan hacer reales las garantías de no repetición y definitivo el cierre del conflicto armado interno. Y será  sólo el  presidente de la República, quien active este Marco, a  través de los proyectos de ley  que radique el Gobierno para desarrollar este acto legislativo. Otro de los temas álgidos consignado en la ponencia es el que otorgavocería a los combatientes. Hoy radicamos la ponencia para séptimo debate y en ella incluimos importantes modificaciones positivas, que le dan mucha mayor claridad y tranquilidad a los colombianos, fundamentalmente en tres aspectos: Primero, no habrá impunidad; habrá sanción y castigo en todos los casos, y no solamente en los delitos de lesa humanidad. Segundo, no será posible elegir a los máximos autores responsables de crímenes atroces. Tercero, las Fuerzas Militares serán arropadas por el Marco de Justicia Transicional, en condiciones diferentes e individuales a las que serán aplicadas para grupos armados ilegales. Estas consideraciones que fueron discutidas entre otras con el ex presidente Álvaro Uribe y con otros de los participantes de las audiencias públicas, le dan mayor tranquilidad -no solamente a los críticos sino a la opinión pública-. El Marco para la Paz además de garantizar aplicación de justicia, -NO es impunidad-, es sin duda un instrumento que se convertirá en esperanza para la paz de Colombia.

/ Roy Barreras
Senador de la República

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