Foto: archivo CNAI

Desde el inicio de la administración del Presidente Santos ha sido permanente la tensión entre los Ministerios de Agricultura y Defensa por la implementación de las Zonas de Reserva Campesina.

Las discrepancias están en cómo se entiende y valora la figura de las Zonas de Reserva Campesina –ZRC-. Mientras para el Ministerio de Agricultura es una posibilidad de protección de territorios y ordenamiento de la propiedad rural, de desarrollo campesino y un manejo ambiental sostenible y responsable, para el Ministerio de Defensa, palabras más, palabras menos es darle posibilidades a la guerrilla, de manera particular a las Farc, de que crezca y se dimensione. La diferencia no es pequeña ni sutil y en su resolución se juegan las posibilidades de consolidación de las economías campesinas, ante el ritmo vertiginoso de los grandes capitales, de la ampliación del latifundio ganadero y la expansión minera.

El padre de la figura es el sociólogo Alfredo Molano Bravo, quien ha consagrado su vida al estudio del mundo rural y a denunciar un modelo que concentra, persigue y excluye al pequeño campesinado. Molano recuerda así el surgimiento de la figura de ZRC:  “la idea de las reservas campesinas nació a orillas del río Guayabero, al anochecer, la hora en que la lechuza sale de su escondrijo y abre sus grandes ojos para ver en la oscuridad. Pero habría podido nacer en el Cauca, en la Macarena o en la Sierra Nevada”.  Corría el año de 1992 y la idea era darle fuerza legal a un mecanismo para proteger la pequeña propiedad rural, ante la dinámica avasalladora del latifundio ganadero y los grandes proyectos agroindustriales.

Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se planteó, como ahora, una ley para reordenar el mundo rural. De allí surgió la Ley 160 y en ellafue introducida como figura jurídica  las ZRC,  pero permaneció un buen tiempo sin aplicación, a pesar de haber sido reglamentada con el Decreto 1777 de 1995.

Según la Ley y el decreto mencionados, las Zonas de Reserva Campesina buscan eliminar y prevenir la concentración y acaparamiento de la propiedad de la tierra, facilitar procesos de redistribución y prevenir el fraccionamiento antieconómico de la tierra, regular la ocupación de tierras baldías, dando preferencia a los campesinos de escasos recursos. Según el Decreto, su objeto es “Fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que la afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas”. El Decreto reglamentario no limita las áreas de aplicación de la figura de Zonas de Reserva Campesina a las áreas de colonización y baldíos nacionales, pues las ubica en “las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural”.

El Acuerdo 024 de 1996, del “Instituto Colombiano de la Reforma Agraria”, INCORA, establece los parámetros para la selección y delimitación de las Zonas de Reserva Campesina y su correspondiente Plan Integral de Desarrollo.

Estas reservas campesinas, se pensó, podrían ser útiles para afrontar la cuestión agraria en zonas de alto conflicto y como parte de una reforma agraria históricamente pendiente en el país. También estaban destinadas a fortalecer los organismos de concertación de reforma agraria y desarrollo rural en los respectivos departamentos y municipios, así como de las organizaciones representativas de los colonos y campesinos para garantizar su participación en las instancias de planificación y decisión regionales.

Las Zonas de Reserva Campesina debían contribuir a la construcción y consolidación de un poder local, asentado en las organizaciones sociales de base, con capacidad de interlocución frente al Estado. Su inclusión en la Ley 160 de Reforma Agraria fue vista como una redefinición de la política estatal de colonización, dentro de criterios ambientales, sociales y económicos, hacia la estabilización de los procesos de ampliación de la frontera y la recomposición social del campesinado, concebida como “una propuesta integral de desarrollo sustentable, de ordenamiento territorial y de gestión política”, que compromete al propio Estado y a las comunidades locales.

En 1996, durante las marchas de los campesinos cocaleros en 1996, la discusión sobre alternativas de desarrollo rural volvió a ponerse sobre la mesa. Darío Fajardo, uno de los mayores expertos en los temas de economía campesina del país, junto con Alfredo Molano, Héctor Mondragón y el dirigente Campesino de Fensuagro, Gerardo González, le propusieron al entonces Ministro de Agricultura José Antonio Ocampo y a la directora  del Departamento Nacional de Planeación, Cecilia López Montaño, darle vida a la figura. Fue así como en tiempo récord el gobierno tramitó un crédito con el Banco Mundial y así se hicieron realidad las reservas de El Pato, Huila; Cabrera, Cundinamarca; Calamar, Guaviare; Valle del Cimitarra, Antioquia; Morales, Bolívar. Muchas otras regiones pidieron lo mismo en Boyacá, los Santanderes, Cesar, Nariño, Tolima y Cundinamarca. Los campesinos habían encontrado, por fin, después de la Ley 200 del 36 de la República Liberal y de la 135 del 61 del Frente Nacional, un recurso jurídico para defender su trabajo y su propiedad.

El auge del paramilitarismo, desde mediados de los 80, y la debilidad del Estado frente a la acumulación despiadada de tierras por parte de los narcotraficantes hicieron retroceder, a bala, la creación de Reservas Campesinas. Al mismo tiempo, el gobierno de Uribe dio un espaldarazo a las Zonas de Desarrollo Empresarial —que a la larga es el Modelo Carimagüa, privilegiando el acceso a la tierra para grandes inversionistas— y suspendió la licencia de las ZRC del Valle del Cimitarra y desconoció las demás, so pretexto de que las Farc se beneficiaban de ellas.

“La persecución a las ZRC tiene, a mi manera de ver, un doble origen, que en el fondo puede ser el mismo: los militares presumen que por haber sido una demanda de las marchas cocaleras y por ser éstas atribuidas a las guerrillas, las ZRC son “caguanes chiquitos” o “repúblicas independientes, de otro lado, los grandes propietarios creen, sin fundamento, que las Reservas son economías socialistas. Hay sectores gremiales que quieren limpiar de campesinos el campo porque, dicen, son cuna de guerrilleros. Obsesión infundada. La prueba más tangible del error de generales y hacendados es el apoyo entusiasta que recibieron del Banco Mundial. La ZRC de El Pato no sólo contribuyó a sanear el Parque Nacional de Picachos, sino que la propiedad privada conserva en el proyecto plena vigencia. No será pues fácil para el Presidente Juan Manuel Santos, tranquilizar a unos y a otros y, de remate, frentear a paramilitares y narcotraficantes” dice Darío Fajardo.

Dado el interés que ha cobrado la figura de ZRC, hoy existe una asociación que agrupa a las que existen de manera formal, con reconocimiento legal y las que aspiran a serlo: ANZORC. Ellos son consientes de las tensiones existentes en el gobierno y en carta pública al presidente Juan Manuel Santos se lo manifestaron en noviembre de 2011 y lo expresaron de la siguiente manera: “Existe un doble discurso institucional frente a las ZRC. De un lado el discurso oficial público, mediático, que reconoce y eventualmente impulsa las ZRC. De otro lado, avanza el discurso perverso que antepone la seguridad y la consolidación militar al desarrollo de las ZRC. Altos funcionarios y asesores desarrollan una campaña taimada contra las ZRC, al ponerlas como moneda de pago a la guerrilla en una eventual negociación del conflicto armado o al afirmar que el desarrollo de las ZRC oxigenaría a la guerrilla de las FARC y la impulsaría en un nuevo ciclo de la guerra”.

Hoy subsisten seis ZRC en el país. La de Cabrera (Cundinamarca), con 44.300 hectáreas. La segunda, en El Pato Balsillas, San Vicente del Caguán (Caquetá),con 68 mil hectáreas. La tercera, en El Sur de Bolívar (Arenal y Morales), con 29.100 hectáreas. La cuarta, en el Putumayo (Puerto Asís), con 22 mil hectáreas. La quinta, en San José del Guaviare, con 459 mil hectáreas y la sexta, en el Valle del Río Cimitarra que cubre los municipios de Yondó y Remedios (Antioquia) y Cantagallo y San Pablo, en el Sur de Bolívar, con 184 mil hectáreas. Esta última experiencia fue reconocida con el Premio Nacional de Paz hace dos años, y ha sido apoyada fuertemente por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, del cual proviene la actual directora del Incoder.

El Gobierno discute como darle vida a dos ZRC en Montes de María y las mas polémicas son una en el Ariari, donde voces del Ministerio de Defensa se oponen de manera abierta, y otra en el Catatumbo, la cual igualmente tiene resistencia. Esta tensión al interior del Gobierno es un desafío para Santos quien deberá asumir una actitud de mayor liderazgo, si quiere avanzar en crear condiciones para la reforma rural, que tanto le ha anunciado al país.

/ Por Luis Eduardo Celis