¡La formalización laboral, doctor Santos!

Supuestamente, según ocurrieron las cosas, hace dos años los gobiernos estadounidense y colombiano intercambiaron firma de TLC por práctica laboral y sindical justa, o siquiera menos oprobiosa. El presidente Santos resucitó el Ministerio de Trabajo, extinguido por Uribe, y en reemplazo de un empresario de sensibilidad social grado cero que había administrado el cantinflesco Ministerio de la Protección Social puso a una persona decente, como es el doctor Rafael Pardo.

Ahora bien, dos años después el cambalache urdido no ha cambiado casi nada. Lo cual confirma que la nueva política laboral, simbolizada en la consigna internacional de “trabajo decente” para los colombianos, fue apenas un subterfugio aprovechado por el capital multinacional para sacar adelante el TLC con Colombia. Veamos.

Tanto la Ley 1429 de 2010, que en su art. 63 prohíbe a las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) hacer intermediación laboral en labores misionales de las empresas, como el Decreto 2025 de 2011, que reglamenta tal artículo, vienen siendo violados extensivamente. El año pasado había 280.000 trabajadores de la Salud pública, de los cuales solo 30.000 tenían vinculación laboral directa, y apenas 13.000 de éstos estaban afiliados al principal sindicato nacional de la rama (Anthoc); el resto, 250.000, trabajaban para contratistas, cuya mayoría pertenecía a CTA. Incluso, según Anthoc,  para eludir las nuevas disposiciones algunas CTA se convirtieron en operadores privados de hospitales (IPS). Los sindicalistas sostienen que el objetivo de los dueños de CTA es que los hospitales bajo su poder entren en quiebra y sean entregados a operadores privados. La fórmula para llegar a tales operadores es el contrato sindical (figura en la cual el sindicato de asalariados se convierte en “empresa” que hace contratación civil con otras empresas, éstas sí de verdad).[1]

Primera entrega del balance de los dos años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Álvaro Delgado analiza la situación laboral y sindical de los trabajadores colombianos que a su juicio no ha cambiado casi en nada a pesar de la bandera de  ‘trabajo decente’, que  fue apenas un subterfugio aprovechado por el capital multinacional para sacar adelante el TLC.

En Antioquia las CTA de la Salud se transformaron en “sindicatos de fachada, a fin de poder seguir con la intermediación laboral mediante el esquema del contrato sindical, y situación similar presenta el sector en otros departamentos”. Estamos, pues, ante falsos sindicatos que reemplazaron a las cooperativas para explotar fuerza de trabajo; “cooperativas que, entre otras cosas, también eran de fachada, porque no se comportaban como tales sino como simples bolsas de empleo […] En 2011 se crearon en Antioquia 24 sindicatos, de los cuales 20 eran antes CTA. Un detalle revelador es que las juntas directivas de estos sindicatos están integradas por los mismo miembros del consejo de administración de la CTA de la cual provienen”.[2]

Una publicación que no es propiamente de izquierda afirma que el gobierno Santos promulgó el TLC para cumplir compromisos con USA en materia de derechos humanos y trabajo decente y que a las CTA se les prohibió hacer intermediación laboral desde su creación en los años 80. “La mayor parte de las contrataciones de esas cooperativas son de intermediación laboral y si ellas cumplieran la ley tendrían que desaparecer”, afirma. Agrega que en Salud funcionan 514 CTA, del total de 2.271 que hay en empresas públicas y privadas, que manejan un total de 610.526 trabajadores. Tales empresas no son empleadores o patronos y no pagan salarios sino compensaciones.[3]

Lo más grave es que los poderosos entes patronales le han dicho claramente al Presidente que no están dispuestos a cumplir sus pretensiones en materia de “trabajo decente”. La Confederación de Cooperativas de Colombia afirma que en diciembre de 2011 había 3.462 CTA y que a inicios de julio de 2012 eran solo 3.071. “Pero no sigamos pidiendo más”, parece clamar la presidenta ejecutiva de Confecoop: “Los decretos se dictan para reglamentar las leyes pero no pueden ir más allá y este decreto [Decreto 2025 de 2011] excedió esa facultad, y, como  gremio, creemos estar en la obligación de acudir a su demanda. No se debe prohibir la contratación de actividades misionales con las CTA de forma general, como si todas fuera malas […] hay muchas empresas grandes, públicas y privadas, que dicen que la contratación con las cooperativas les funcionaba pero ahora no pueden hacerlo. El gobierno no puede atacar la libre asociación […] La necesidad de la  tercerización es evidente y es la tendencia que hay en el mundo, por la especialización de los servicios, la estacionalidad de la producción, por los costos laborales. Si prohíben contratar con las cooperativas de trabajo hay que buscar otras formas y la conversión a Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), que se aplicó en muchos casos, es la respuesta”.[4]

¿Y el gran capital?

Por el lado de derechos sindicales tampoco progresamos mayor cosa, señor Presidente, y las grandes empresas multinacionales (¿hay todavía otras?) siguen distinguiéndose por burlar las leyes.  La Escuela Nacional Sindical, en boletín de prensa de julio del presente año, afirma que Bavaria S. A., subsidiaria de la multinacional sudafricana SabMiller, alegó razones amañadas para devolver el último pliego de peticiones que le presentó el sindicato nacional de bebidas y alimentos (Sinaltrainbec). “En 2005 SabMiller compró la compañía al Grupo Santodomingo y exigió como condición la entrega de la compañía ‘saneada’ de sindicatos”. El histórico sindicato de Bavaria, “tras una huelga de más de dos meses, quedó tan débil que la empresa procedió a desmantelarlo, apelando a la fórmula de los retiros voluntarios y al arreglo con los dirigentes”, y finalmente fue disuelto y liquidado.[5]

A principios de 2012 las subdirectivas empezaron a conformar un ente nuevo y lograron afiliar a 75 trabajadores, pero cinco fueron despedidos y cuatro inducidos a renunciar al sindicato, y con eso y la situación de desempleo que reina en el país, fue suficiente. Ahora nadie quiere afiliarse. “Incluso los trabajadores evitan hasta arrimársele a uno por el temor a perder el empleo”, señala un directivo sindical. Bavaria está de plácemes, porque ninguna autoridad laboral la perturba. Afirma que su planta de trabajadores directos es de 4.100 y sus tercerizados ascienden ya a 3.500. “Antes tercerizaba mediante CTA pero después del Decreto 2025 empezó a hacerlo a través de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), y no dejó de contratar con empresas de empleo temporal. Hay trabajadores que llevan quince y más años de servicios por contrato temporal”. La vieja y poderosa organización sindical norteamericana de la alimentación (Uita) ha denunciado el hecho pero, en palabras de su representante en Colombia, “al Ministerio del Trabajo eso le resbala, y la multinacional se muere de la risa”.[6]

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