Foto: Congreso de la República | tomada de camara.gov.co
/ Por Oscar Sevillano*. Al Senado y la Cámara de Representantes la acosan dos males: una feria de contratos que, pese a las declaraciones públicas, no cesa, y un ausentismo que hace pensar en la responsabilidad de los congresistas a la hora de ejercer el cargo para el que fueron elegidos.
Sobre la feria de contratos en el Senado de la República, ha quedado claro que con la salida de Emilio Otero de la Secretaría General de esa corporación, luego de la presión que se ejerció sobre el legislativo para que no lo reeligiera a un período más en el cargo, las acostumbradas contrataciones sin ninguna justificación no se acabaron.
La firma de ese tipo de contratos se destapó durante el escándalo de la reforma a la justicia y salpicó a Emilio Otero para ese entonces Secretario, General del Senado, y a Omar Velásquez, Director administrativo y quien hace poco terminó su periodo. No obstante, la feria continúa, entre otras razones, para pagarles favores a los congresistas.
El mecanismo es simpe: los Senadores llevan hojas de vida de personas que le son cercanas para que sean contratadas a través de las oficinas administrativas, jurídicas y del canal del Congreso, por ejemplo, para que las contraten bajo la figura de contratistas, con lo cual no cumplen horario ni deben reportar funciones, pero al final de cuentas se desconoce para quién o para qué prestan sus servicios profesionales.
Es así como en el mes de julio de este año, bajo la responsabilidad de Omar Velásquez, se firmaron una cantidad de contratos por 90 días, de los cuales llaman la atención el de Carolina Ochoa Robledo, para la oficina de contabilidad con un salario mensual de cuatro millones quinientos mil pesos; lo mismo que el de Mario Felipe Tovar a quien se vinculó para la oficina de bienes y servicios, con honorarios de seis millones seiscientos mil pesos al mes (Ver listado).
La feria no paró ahí. Para el mes de agosto, nuevamente bajo la dirección administrativa de Omar Velásquez, se firmó un contrato para Lacides Robles Espinosa por cinco millones setecientos cuarenta y dos mil pesos; de igual manera se contrató a Adriana Gómez para la Dirección de Gestión administrativa con un salario de seis millones al mes y a Guillermo Pérez con seis millones setecientos cincuenta mil pesos para la misma oficina (Ver listado).
Esta feria de contratos no terminó con la salida de Omar Velásquez, luego de que culminara su período al frente del cargo. Igual procedimiento se ha continuado, esta vez bajo la administración de Astrid Salamanca, quien lo reemplazó.
El Senado y la Cámara no dejan de causar asombro. Mientras algunos de sus integrantes se expresan públicamente en contra de la corrupción, en privado ejercen influencias para favorecer sus intereses y, peor aún, no asisten a las sesiones cuando se les convoca.
Durante el mes de septiembre, esta oficina realizó contrataciones como la de Alba Betty Cardona, a quien vincularon a la oficina de la Presidencia del Senado bajo la figura de servicios profesionales por un sueldo mensual de cinco millones. (Ver listado), lo mismo que a Maritza Doria Babilonia para la División Jurídica, con un salario de cinco millones ochocientos treinta y tres mil.
Este tema ya había sido abordado por Arcoiris.com.co en un artículo titulado “El Poder del Secretario”. En él, denunció la manera cómo las oficinas de la Secretaría General y la Dirección Administrativa del Senado se prestan para contratar un nutrido grupo de asesores para las unidades de trabajo legislativo de los Senadores, con sueldos bastantes altos.
No se sabe si estos profesionales prestan sus servicios en la corporación o hacen parte de compromisos políticos de los congresistas con personas ajenas al Congreso de la República, pero lo que sí es claro es que las prácticas clientelistas y burocráticas de la mayoría de congresistas no van a desaparecer ni siquiera en el largo plazo, ya hacen parte del ambiente que, día a día, se mueve en la política colombiana, pero que no por eso quiere decir que las entidades que ejercen control y vigilancia sobre el manejo de lo público deben bajar la guardia.
Ausentismo, el otro mal
La feria de contratos no es la única práctica cuestionable en el Senado de la República. Como es habitual en tiempo de sesiones del Congreso, ha vuelto a salir a la luz pública el hecho de que tanto Senadores como Representantes a la Cámara no acuden a las sesiones, por lo que las plenarias constantemente lucen vacías.
La noticia parece haber tomado por sorpresa a la opinión pública, a pesar de que el ausentismo es un hecho que, semana tras semana, se ha repetido en lo que va de esta legislatura. Esa práctica le ha significado desgaste a los ministros, que no dejan de ser citados por uno u otro motivo al Congreso de la República, y que deben quedarse desde el inicio hasta el final de la jornada, así en ella queden pocos congresistas.
Ejemplo de ello fue el debate que se realizó en la Cámara de Representantes sobre la situación de orden público en los departamentos de Cauca y Putumayo. Aparte de los citantes, Guillermo Rivera, Ángela María Robledo e Iván Cepeda, eran pocos los representantes que estaban prestando la debida atención a las palabras del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; y ni qué decir del momento en que hablaron los gobernadores, quienes debieron hablarle a las cámaras de los medios de información, al jefe de la cartera de Defensa, a los generales de las Fuerzas Militares allí presentes y a unos pocos congresistas, los demás estaban en un salón externo, hablando por celular o en los pasillos del recinto atendiendo otros asuntos.
El mismo hecho que se presenta en la Cámara de Representantes sucede en el recinto del Senado de la República. La pregunta que surge es: ¿cómo se llevan a cabo estas sesiones en el Congreso de la República sin la debida presencia de sus miembros?
El reglamento del Congreso ordena que las sesiones se deben iniciar cuando en ella existe el quórum deliberatorio, que equivale aproximadamente a unos 40 Senadores y unos 50 miembros en Cámara; sin embargo, es común ver cómo estos llegan al recinto, realizan su debida inscripción y de inmediato abandonan el lugar, seguros de que no sucederá mayor cosa porque su presidente no verificará que los allí registrados en verdad estén presentes, hecho que explica, en parte, el letargo y la falta de debates de altura y trascendencia en lo que va de esta legislatura.
A lo anterior se suma que el Gobierno nacional se ha demorado en radicar proyectos de gran alcance como el de la Reforma tributaria, el Código electoral y el de Igualdad de oportunidades, lo que permite prever que al final del semestre se impondrá el conocido “pupitrazo”, que aparece cuando el Ejecutivo y el Legislativo se ven ahogados porque el tiempo comienza a agotarse, y que permite que a las leyes se les cuelguen “micos” que favorecen intereses particulares.