/ Por Carlos Vicente De Roux*.  El alcalde Petro está explorando esquemas institucionales y contractuales para cumplir las gigantescas metas de su gobierno. Al mismo tiempo, quiere fortalecer al ente público distrital. Como lo dijo un alto funcionario de Bogotá: “el Estado le ha sido entregado a los privados y hay que cambiar eso”. Al efecto se aplicarán varias fórmulas, como devolverle al sector público actividades que fueron traspasadas a los particulares mediante licitaciones, y centralizar en una sola entidad distrital lo que vienen haciendo varias.

Se tiene previsto que la Empresa de Acueducto se encargue de la recolección de las 6.000 toneladas diarias de residuos sólidos que produce la ciudad, y que reasuma las zonas de comercialización de sus servicios y atención a sus usuarios que vienen manejando unos “gestores” particulares.

Se ha previsto que las Secretarías de Educación e Integración Social trasladen a la Empresa (distrital) de Renovación Urbana, ERU, por convenios administrativos, $1 billón para construcción y readecuación de colegios y $1 billón para la construcción de jardines infantiles.

En vez de sacar a licitación las operaciones de rehabilitación de 1.080 kilómetros de malla vial local priorizadas por los cabildos participativos, que valdrán $550.000 millones, los alcaldes locales contratarán directamente la mano de obra. La Unidad de Mantenimiento Vial, del sector central distrital, les facilitará maquinaria y materiales. Un equipo de ingenieros de la Secretaría de Gobierno coordinará los trabajos.

Aquí se cruzan varias discusiones. La primera es ideológica y se refiere a la pregunta de qué es mejor, ¿más Estado o menos Estado? No hay respuestas tipo receta. En Bogotá la primera alternativa produjo descalabros como el de la EDIS, la tristemente célebre empresa distrital de aseo, o el de la Secretaría Distrital de Obras Públicas. La segunda condujo al carrusel de la contratación y a los desaguisados de los Nule.

También hay de por medio asuntos jurídicos. Si se omite definitivamente la asignación por licitación de zonas de operación exclusiva, la Empresa de Acueducto podría recoger los residuos, pero bajo un esquema de libre competencia con los operadores privados que desbarajustaría el servicio, (en cambio, sería viable que la empresa se encargara de toda la basura transitoriamente, mientras se vuelven a sacar a licitación las zonas exclusivas) [Ver A buen seguro el Acueducto subcontratará el aseo]. También habría que asegurarse de que el objeto social de la ERU abarque las operaciones contempladas en los convenios con las Secretarías. Y resolver el problema de que la ejecución directa de la rehabilitación vial dejará a las obras sin garantías de compañías de seguros (estabilidad y otras).

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quiere desprivatizar actividades y centralizarlas en unas pocas entidades distritales, para cumplir su programa y fortalecer el sector público. Surge la duda de si esas tareas van a quedar en manos de entidades o empresas que tengan el engranaje gerencial, técnico y logístico necesario para llevarlas bien a cabo.

Pero la discusión más importante es la de la conveniencia de la reasignación de tareas y de si éstas recaerán en entidades o empresas que tengan el capital organizativo –el engranaje gerencial, técnico y logístico– necesario para llevarlas bien a cabo.

Para seguir con los ejemplos que se traían: el Acueducto puede enganchar trabajadores de las firmas que actualmente recogen los residuos y comprar camiones, pero si se va a quedar en el negocio le llevará meses, si no años, montar una andadura eficiente para cubrir buena parte de la ciudad. La ERU ha sido una promotora poco exitosa de proyectos de renovación urbana y es demasiado débil y pequeña para construir megacolegios y centenares de jardines. Los alcaldes locales no tienen la experticia y están demasiado agobiados de funciones para ponerse botas y cascos y salir a rehabilitar las calles de los barrios.

Crear capital organizativo en el sector público es funcional a la democracia y la equidad. Pero no es conveniente hacerles caer encima a las entidades distritales, como una carpa de circo, mega tareas para las que no están preparadas. Tampoco lo sería montar convenios interadministrativos que compliquen los procesos sin aportar valor, desempoderen centros de mando pertinentes (como las Secretarías) y desaprovechen las fortalezas de unidades que vienen cumpliendo cabalmente sus tareas o lo harían con refuerzos “puntuales”.

El ideal sería comenzar por experiencias piloto. Si el Acueducto licita por una zona exclusiva de recolección de residuos, o unas cuantas Alcaldías Locales ensayan la rehabilitación vial directa, le permitirán al Distrito conocer por dentro el negocio de los privados, evitar que creen monopolios u oligopolios, y equilibrar mejor las cargas en los contratos que se celebren con ellos. Y la emulación con los particulares ayudará a que el burocratismo y el clientelismo no gangrenen la operación de las entidades distritales. A partir de esos pilotos se puede expandir, si conviene, la órbita pública, pero evitando llegar al monopolio estatal.

Vale recordar que en su informe de 2010 sobre el carrusel de la contratación [http://seguimientocontratosbogota.com/] y en su programa electoral, el alcalde no se opuso a que los privados participaran en las obras y los servicios ni a que se los vinculara por licitaciones. Pero identificó los problemas que éstas presentan y propuso correctivos, como el de formar “un Comité Ético para la contratación […] compuesto por personas de reputada probidad, que se encarguen de vigilar los procesos licitatorios”.

* Concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas

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