Un ejercicio de razonamiento sobre los ya casi incontables  procesos de paz que han tenido lugar en nuestra patria colombiana, podría seguramente concluir, prima facie, que como cualquier otro proceso,  el de la paz debe estar compuesto de partes, de fases, las unas requisitos de las otras.  Pasar del conflicto al posconflicto implica una serie de actividades que se desarrollan en una forma sistemática (o al menos así debería ser)  orientadas a construir el camino hacia la paz, o hacia el posconflicto, si se quiere llamar así.

No es posible entonces llegar a la paz en una forma anárquica, sin claridad en el desarrollo y ese ha sido el gran problema de los múltiples procesos que se han desplegado en Colombia durante su historia.

Todos los esfuerzos para lograr la paz que se han realizado en Colombia han tenido características improvisadas que permitieron en su momento algún nivel de acierto fundamentado en la tímida  confianza de los conflictuantes en el estado colombiano, confianza ganada en el proceso de negociación y también en el desespero del  los colombianos por alcanzar la paz.

Se ha ensayado de todo; negociar dentro del conflicto, cesar las hostilidades,  zonas de distensión, despejes territoriales, campamentos de paz, zonas de ubicación, impunidad, inmunidad, desmovilizaciones colectivas e individuales,  amnistías, indultos, sometimientos, penas alternativas, formulas de justicia transicional, (también torturas, traiciones, incumplimientos, asesinatos, desapariciones, e incluso extradiciones) en fin, una multiplicidad de estrategias que no han sido conducentes al supremo interés nacional.

¿Por qué, después de muchas negociaciones, de haber sacado a decenas de miles de combatientes ilegales del conflicto armado,  no se ha logrado la paz?

Es claro que para solucionar un conflicto no hay formulas magistrales, y que cada proceso de acercamiento y de negociación requiere de un cierto nivel de improvisación, de repentismo,  de creatividad e ingenio, y desde luego de mucha audacia, toda vez que los múltiples intereses en juego los demandan para poder obtener una solución razonable para las partes.

Nunca habrá una solución perfecta, que deje a todos tranquilos, por lo que también se requiere de capacidad de desprendimiento, y de lo que llaman los estudiosos en una forma coloquial “ponerse en los zapatos del otro”, entendiendo que el otro en estos casos no son los que están al otro lado en la mesa sino los civiles colombianos que sufren el inmisericorde conflicto que tratan de destrabar los negociadores.

Esas formulas intentadas han tenido unas constantes, como por ejemplo, en todas se quiere pasar de un plumazo, del conflicto a la paz. No se ha tenido en cuenta que el conflicto es uno,  con múltiples y diversas manifestaciones contra el Estado o desde el Estado y lo que se negocia en cada caso es una de las manifestaciones de ese conflicto. También es una notoria constante, que  en todos los procesos se desconoce ese paso intermedio entre el conflicto y la paz, que  es la reconciliación.

Disponerse a la reconciliación, ofrecer su participación en ella y velar por que ocurra, debe ser el gran papel de la sociedad civil en los diálogos de paz.

Se ha otorgado al acto de  la dejación de armas los efectos de la paz. Silenciar los fusiles se ha convertido en  el fin del conflicto y el comienzo del posconflicto.  En algunos pocos casos se ha intentado, procesos de “reinserción” o de  “reintegración” de excombatientes a la sociedad, incluso desconociendo a las victimas.

Para  mayor evidencia de este problema, como excepción que confirmaría la regla, se creó mediante la Ley 975 de 2005, con bombos y platillos y extraordinariamente integrada por preclaros ciudadanos en su mayoría defensores de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR.  Cumplió sus funciones, con muchas dificultades pero en una forma ejemplar sobre la reparación a las victimas y avanzó en aspectos relacionados con la reconciliación, cuál era su fin, pero fue eliminada por la ley de víctimas y restitución de tierras, con la que prácticamente desapareció la reconciliación del panorama legislativo y funcional del Estado. Hoy se habla de reparación, se habla de restitución, pero no se esta haciendo nada sobre la reconciliación.

No es posible alcanzar la paz sin un proceso de reconciliación nacional efectivo. Tiene que darse entre victimas y victimarios y  debe ser ahora, entre vivos, hacer el acto colectivo permanente de razonamiento ideal del perdón. No se puede esperar a que ya no existan victimas y victimarios. No existe la reconciliación por sustracción de materia.

Si el perdón no es posible, que en muchos casos no lo será, es preciso concluir que es necesario aprender a convivir, a coexistir, a  aceptar las diferencias con el otro, sin tener que suprimirlo, sin agredirlo.  Hay que aprender a vivir y dejar vivir. Que las victimas sean resilientes, que superen su tragedia sin olvidar y que los victimarios entiendan y acepten la nobleza del gesto de la mano que les ha sido tendida con toda la voluntad de convivir en humanidad.

La gran falla por la ausencia de la reconciliación en  todos los procesos anteriores ha sido notoria, no se ha promovido la reconciliación, y esa es una de las funciones que debe cumplir el Estado colombiano, en forma transversal, permanente e independientemente de los logros  y los acuerdos o desacuerdos de los procesos.

Pero el Estado colombiano también debe participar en el proceso de reconciliación activamente y asumir su papel, bien como victimario, (que lo ha sido) o si no como responsable último del conflicto por la omisión en el cumplimiento de sus funciones esenciales de proteger la vida e integridad de sus ciudadanos  y la gran mayoría de sus deberes constitucionales.

Disponerse a la reconciliación, ofrecer su participación en ella y velar por que ocurra, debe ser el gran papel de la sociedad civil en los diálogos de paz.

/ Por Antonio J. García Fernández

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