/ Por José Girón Sierra.* Cuando el gobierno reconoció la existencia de un conflicto armado en Colombia negado durante la administración Uribe, una de las implicaciones de dicho reconocimiento era por lo menos la aceptación de que en Colombia existían actores armados que disputaban el poder y que esa disputa se hacía por canales de la guerra, no por los canales de la legalidad.

Si además de esto, el gobierno ha decidido y sostenido de manera vehemente, que no es posible el cese al fuego sino que éste será una consecuencia, si a él se llega, de la firma del pacto del fin del conflicto armado entre Estado colombiano y FARC, se admite que las acciones armadas bien sean del gobierno o de la guerrilla al margen de sus impactos y consecuencias, no deberían repercutir en sí mismas en el proceso de negociación.

Sin embargo la realidad ha sido otra. Desde el Ministerio de defensa y con los medios de comunicación como caja de resonancia, las acciones armadas ofensivas y defensivas de la guerrilla han sido utilizadas no sólo para cuestionar en general el proceso de negociación, sino para deliberadamente cuestionar a las FARC y tender un manto de incredulidad persistente sobre lo que dicen y hacen en su propuesta de pactar un cese al fuego.

Las FARC deberían entre otras, declarar unilateralmente un cese al fuego en acciones ofensivas y aplicar el DIH en las acciones defensivas.

Se da por sentado que las acciones armadas adelantadas por el gobierno son legítimas. En el marco de una confrontación armada como la que vive Colombia es de esperarse que el Estado capture y dé de baja a guerrilleros y que éstos a su vez lleven a cabo lo mismo, a nadie le podría caber en la cabeza que esto podría ser válido para unos pero vedado para los otros. Por ello, el comunicado leído por el gobierno a raíz de los policías retenidos recientemente por las FARC,  acusa una importante inconsecuencia. Por ello negociar en medio del conflicto es la peor de las opciones, pues la guerra adquiere la dinámica de estar al servicio de las posiciones en la mesa de negociación por un lado, pero por otro, no sólo impide la construcción de confianzas tan necesarias para los acuerdos sino que crea un terreno resbaladizo que jalona más hacia un escenario de ruptura que de construcción y consolidación del proceso.No dejaremos de reiterar que bajo estas condiciones este proceso camina en el borde del abismo y en ello no hay otro responsable sino el Gobierno.

Desde el comienzo de estas negociaciones ni el Gobierno ni la guerrilla han sido claros cuando de las víctimas se trata. Han sido irritantes sus poses de víctimas. Predomina la vaguedad y la inconsistencia  en sus pronunciamientos. El gobierno elude sus responsabilidades históricas en la génesis de éste conflicto y quiere minimizar, cuando no ocultar, su papel en la degradación de esta guerra bajo el falso dilema de defender a cualquier precio la moral de la tropa. La guerrilla, por su lado no se diferencia mucho del gobierno, su postura frente a hechos tan significativos como el desplazamiento y el despojo de tierras sólo deja un mal sabor y una profunda preocupación. Que el 30% de los reclamantes de tierras acusen a las FARC de ser responsables, según informe del Ministerio de Agricultura, es un hecho que la guerrilla debe explicar y no escudarse en que esto es obra de la mala propaganda orquestada por sus enemigos.

La guerrilla necesita ser creíble, es sin duda su mayor urgencia, y para ello, debe mostrarle a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional lo irreductible de su vocación de paz y eso exige decisiones osadas y menos discursos cargados de ideología.

Como en su momento lo hizo el IRA, las FARC deberían entre otras, declarar unilateralmente un cese al fuego en acciones ofensivas y aplicar el DIH en las acciones defensivas. Es indispensable que desde la política y no desde la guerra, las FARC neutralice a los enemigos públicos y ocultos de la paz. La iniciativa en la guerra y en la política hoy la tiene el gobierno y en las disputas y contradicciones al interior de la elite podría ganar  las tesis de que es posible la derrota militar de la insurgencia. ¿Será que la insurgencia después de todo no se aleja en nada de esta misma tesis pero bajo la idea de que sigue siendo válida la lucha armada?

El proceso reclama transparencia. El gobierno y las FARC podrían ser víctimas ahora sí de su propio invento o estrategia, de seguirle jugando a las inconsistencias e inconsecuencias. Ojalá sea la cordura y la reflexión lo que prime y no la pasión y la irracionalidad ante los nuevos  e inevitables hechos de guerra.

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