La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presenta hoy su informe anual, sobre la situación de Colombia en la materia.

Esta oficina dirigida por Todd Howland, quien en poco tiempo en el cargo ha ganado respeto tanto en el gobierno, como en el movimiento de Derechos Humanos, esta en el país desde el año de 1997, cuando de manera novedosa en el mundo, por convenio entre Naciones Unidas y el Gobierno Colombiano, se instalo de manera permanente una Oficina para monitorear, recomendar y asesorar al gobierno en la materia, en un país, que como Colombia ha tenido una crisis permanente de vulneración a los derechos humanos.

El informe, correspondiente a la situación de Derechos Humanos en 2012, se construye con un monitoreo en territorios, por expertos de Naciones Unidas, que viven en ellos o se desplazan de manera periódica, en una interlocución permanente con el gobierno y entidades del Estado Colombiano, como la procuraduría y la Defensoría del Pueblo y en contacto con una amplia red de organizamos de civiles de derechos humanos y organizaciones sociales.

Este informe, que se presenta al gobierno Colombiano, la comunidad internacional y organizaciones ciudadanas, será discutido en el mes de abril, en Ginebra, en lo que se llama “El Examen Periódico Universal (EPU)” que  es un mecanismo novedoso y único establecido en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de revisar y mejorar la situación de derechos humanos de todos los Estados miembros de Naciones Unidas y por supuesto que Colombia lleva treinta años en el “ojo del huracán”, por la grave situación de vulneración sistemática a los derechos humanos.

Sobre la situación de Derechos Humanos, hace pocos días, Ocho plataformas colombianas y europeas representando a más de 500 organizaciones sociales, de paz y de derechos humanos, presentaron  dos informes que enviaron a Ginebra para el segundo Examen Periódico Universal (EPU) que presentará Colombia.

Este importante examen se realizará el próximo 23 de abril de 2013 en el Consejo de Derechos Humanos de  la ONU y culminará con la adopción de las conclusiones y recomendaciones que los otros Estados le formulen a Colombia.

En el EPU se considera fundamental la participación de las ONG. Por eso, además de los informes que presenten el Estado colombiano y los mecanismos de Naciones Unidas, los informes escritos de las organizaciones de la sociedad civil conforman el tercer elemento que se pone a consideración de los Estados al momento del Examen.

Los dos informes presentados coinciden en la profunda preocupación porque la violación a los derechos humanos y al derecho humanitario en Colombia persiste y se incrementa. Ambos advierten que el Estado colombiano no ha adelantado las reformas estructurales necesarias para implementar las recomendaciones del EPU de 2008.

En algunos casos, como en la ampliación del fuero penal militar, incluso se ha retrocedido.

Ambos informes ven como un avance los diálogos entre el gobierno y las Farc, pero solicitan a las partes compromiso de respeto a los derechos humanos como requisito indispensable para conseguir una paz duradera. Colombia continúa siendo uno de los países del continente americano con más violaciones a los derechos humanos.

Las personas desplazadas internamente han aumentado entre 2008 y 2011, para alcanzar la cifra descomunal de entre 4 y 5.5 millones dependiendo de las fuentes consultadas.

Las desapariciones forzadas continúan, hasta llegar a 18.638 personas desaparecidas forzadamente, entre las 74.631 desapariciones registradas oficialmente en Instituto Nacional de Medicina Legal. Las ejecuciones extrajudiciales que entre 2002 y 2010 llegaron a 3.512 víctimas, no han sido del todo eliminadas como asegura el gobierno: en 2011 se registraron al menos 38 casos nuevos.

La impunidad persiste en un 98%, convirtiéndose en el motor de nuevas violaciones a los derechos humanos, y podría ser reforzada por las reformas recientemente aprobadas por el Congreso (justicia penal militar y Marco legal para la paz).

Los derechos económicos y sociales son otro punto débil: el 45% de la población en Colombia se encuentra por debajo del nivel de pobreza, y Colombia ocupa el tercer lugar en materia de desigualdad social, después de Haití y Angola.

Los informes presentados por las plataformas de organizaciones de víctimas, mujeres, niñas y niños, sindicalistas, afrocolombianos, indígenas, campesinas y campesinos, LGBTI, defensoras de derechos humanos y líderes sociales, constituyen un importante aporte al proceso de valoración del cumplimiento de Colombia en el EPU.

Con ellos se espera apoyar a los distintos países en el seguimiento cuidadoso a las recomendaciones del EPU anterior, y en la reiteración o formulación de recomendaciones nuevas, a fin de que contribuyan a  mejorar la grave situación de derechos humanos. Colombia sólo alcanzará la paz duradera si acaba con la impunidad y garantiza el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Esperemos que dice el informe de Naciones Unidas, por que para las organizaciones de derechos humanos, la situación sigue siendo crítica.