Rafael Nieto Loaiza, abogado defensor de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del holocausto del Palacio de Justicia, acaba de esgrimir la tesis más polémica de los últimos 25 años. Para el defensor colombiano en la retoma del Palacio: no hubo desaparecidos.

En el documento de defensa se esgrime que no existen pruebas para afirmar que hubo desaparecidos aquella primera semana de noviembre de 1985. Además, que los supuestos desaparecidos murieron en el incendio. Para Nieto Loaiza, toda la responsabilidad de lo ocurrido en la retoma recae solo y exclusivamente en el grupo guerrillero M19.

Pero el documento de defensa va mucho más allá. En las primeras 40 páginas se argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia por ciertas irregularidades de forma y de fondo jurídico que se han cometido en el proceso. De hecho, el abogado  sentencia que las infracciones y responsabilidades de la fuerza pública en el Palacio de Justicia no las puede determinar la Corte, al parecer porque era un conflicto interno de Colombia y no “cuestiones de orden público interamericano”.

Por otro lado, Nieto Loaiza alega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a los casos del Holocausto del Palacio, no tiene competencia por los tiempos en que ocurrieron los hechos, ya que la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, fue totalmente ratificada por Colombia solo hasta el año 2005.

Así las cosas para el jurista colombiano, la Corte no tiene competencia por el concepto de ‘ratione temporis’ para fallar sobre las presuntas desapariciones forzadas, por ejemplo, en los siguientes casos:

En el caso de Carlos Horacio Urán Rojas, porque su supuesta desaparición ocurrió entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 y fue encontrado el 8 de noviembre del mismo año.

En el caso de Ana Rosa Castiblanco, porque su supuesta desaparición está entre noviembre de 1985 y julio de 2001, cuando sus restos fueron encontrados en una fosa común del Cementerio del Sur.

Así mismo, desde la página 135 del documento, la defensa colombiana trata de demostrar que las siguientes personas no desaparecieron en la retoma del Palacio. Con consideraciones que si se miran detalladamente son bastante endebles. Verbi gracia:

Carlos Augusto Rodríguez Vera. Argumento: porque su padre Enrique Rodríguez duda en el reconocimiento de su hijo en los vídeos.

Héctor Jaime Beltrán Fuentes. Argumento: para el caso de Beltrán Fuentes, se tiene en cuenta como prueba el informe 00126-DNCTI-UNDH material probatorio de vídeo y fotografías en el cual se logra reconocer entre otros a Carlos Augusto Rodríguez Vera pero en el que, como dice el informe, no se logra reconocer a Jaime Beltrán Fuentes. Contradictoriamente el informe del abogado Rafael Nieto Loaiza, no acepta en una primera instancia el reconocimiento de Carlos Augusto Rodríguez Vera en vídeos, pero para el caso de Beltrán Fuentes, sí se tiene en cuenta la investigación criminalística.

Familiares de las víctimas del Palacio de Justicia y el abogado Rafael Nieto Loaiza.

Cristina del Pilar Guarín Cortés. Argumento: porque en el supuesto vídeo en el que el hermano de la víctima la reconoce saliendo del Palacio, solo se pueden observar las “nalgas” (sic) y apenas unos segundo la cara.

Bernardo Beltrán Hernández. Argumento: porque sus padres no lo reconocieron en ninguno de los vídeos que muestran a personas saliendo del Palacio.

Gloria Stella Lizarazo. Argumento: porque una de sus hermanas en una de las diligencias de reconocimiento respondió “No aseguramos pero sí se nos hace muy parecida”.

Luz Mary Portela León. Argumento: porque se sabe por declaración de su señora madre, que su hija fue a trabajar a la cafetería del Palacio, pero su testimonio no logra determinar si salió con vida de allí.

Norma Constanza Esguerra: Argumento: porque una manilla y un collar fueron reconocidos por la madre, al lado de un cuerpo calcinado.

David Suspes Celis. Argumento: porque en algún momento el abogado Hernando Perdomo, pidió la exhumación de los cadáveres sepultados en el Cementerio del Sur para establecer si entre ellos se encontraba el cuerpo de Suspes Celis. Curiosamente en el argumento, Nieto Loaiza, solo cita la petición, pero nunca profundiza si se encontró el cuerpo.

Lucy Amparo Oviedo Bonilla. Argumento: porque sus padres dudan de que sea su hija la que aparece en unos vídeos.

Gloria Anzola Mora. Argumento: porque sus familiares no pudieron reconocerla en ninguno de los videos de aquel día, donde algunas personas salían vivas del Palacio. Aunque su carro si fue encontrado en el sótano del parqueadero.

Irma Franco Pineda. Argumento: la defensa se atendrá a “lo que se pruebe en el proceso internacional de la señora en mención”. Es decir, rechazan la desaparición pero no prueban la manera en que murió.

El abogado Rafael Nieto Loaiza puede llevar a Colombia al abismo en la Corte Interamericana con un argumento que va en contra de todas las evidencias halladas en los procesos judiciales: niega que hayan desaparecidos en la retoma del Palacio por los militares. Su propósito: exonerar de toda responsabilidad a las FFMM. La agencia para la  defensa del Estado, lo contrató tres días antes de responder la demanda y le pagó $400 millones.

*Rafael Nieto Loaiza, es un abogado hijo de Rafael Nieto Navia, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nieto Loaiza fue nombrado por el Presidente Santos para defender a Colombia en una demanda interpuesta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Fue Viceministro de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ya fue derrotado en la misma Corte por el caso de Santo Domingo en el cual Colombia terminó responsable y obligado a indemnizar a las víctimas.

Tuvo un efímero paso por la presidencia de Greystar Resources, la firma encargada de la explotación del Páramo de Santurbán. Muy cercano a los militares fue asesor de la comisión que redactó la reforma al fuero penal militar, ha defendido en sus columnas de opinión en procesos judiciales las acciones de las Fuerzas Militares. Fue llamado a declarar por la Fiscalía General de la Nación, para que responda el por qué su nombre se encuentra incluido en un plan de infiltración de la Corte Interamericana de DDHH con sede en Costa Rica.