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Roberto Botero, vocero del Movimiento dignidad arrocera, esta semana despertó a Colombia con un asombroso anuncio: el paro arrocero programado para el próximo martes 19 de marzo fue desmontado. El gobierno logró poner a fuego lento la situación de los pequeños y medianos productores del grano, y los acuerdos pactados asumen las lecciones dejadas por el paro cafetero. Varias Jornadas de movilización entre ellas las de febrero de este año, múltiples discusiones con parlamentarios tolimenses y llaneros, además de reuniones de más de 15 horas fueron necesarias para construir el acuerdo.
El gobierno cambio su actitud diletante frente a las reivindicaciones de sectores agrarios, que promovía un dialogo abierto sin ofrecer solución alguna. En esta ocasión en una semana se le imprimió una velocidad inusitada a la negociación, incomparable con el comportamiento de éste y los anteriores gobiernos. Sin embargo el humo blanco de la olla arrocera no salió solo por la buena voluntad de Santos, realmente el momento lo obligó. Dos condiciones jugaron para hacer posible esta realidad:
Primero, el ejecutivo ha comenzado su campaña para la reelección, después de la reunión en Hato Grande el mensaje fue claro frente a la cartera de agricultura; hay que aumentar la capacidad de concertación del gobierno con lo rural pues sus múltiples contradicciones han colapsado el país y vendido una imagen de incapacidad gubernamental. Palabras más palabras menos, este el primer acto de campaña reeleccionista o de continuidad de un gobierno Santos.
Segundo, la amenaza no era fácil de afrontar, el sector arrocero según palabras de la senadora Maritza Martínez sostiene alrededor de 500 mil familias, es decir un gremio del tamaño del cafetero, con una capacidad de movilización similar: En ese sentido el paro arrocero lo ganaron los cafeteros pues el riesgo de recaer en un escenario de shock nervioso nacional como el de hace un par de semanas le aflojó el bolsillo al gobierno.
Aunque el gobierno logró desmontar el paro arrocero pactado para la semana entrante, el momento por el que pasa el gremio y lo que se avecina con los tratados de libre comercio, producirán un estallido en el agro colombiano sin precedentes.
El acuerdo logrado tiene como cimiento una franja de precios con sus topes y techos, obligatoria para los molineros quienes son los compradores. “En el interior del país, la franja será de 122 mil pesos como piso para carga y de 132 mil pesos como techo. Para Villavicencio el piso será de 110 mil pesos y 120 mil pesos el techo” propuso el Ministerio de Agricultura. Además incluye lucha contra el contrabando y la importación del grano desde la comunidad andina, planes de financiación para la modernización, rutas para salir de la deuda normalizando la cartera arrocera. Al final de todo el pacto costará 10 mil millones de pesos y tiene como fecha de expiración el 31 de diciembre de éste año.
Aunque se le logra bajar la temperatura al arroz, esto no significa que la olla este por fuera de la candela: las salidas logran maniobrar la coyuntura pero no cambiar el trasfondo de la crisis arrocera. Si tomamos el precio del piso de la franja como punto de partida, la tonelada de arroz para el interior del país se pagaría a un promedio 543 US$ y en los llanos 487 US$, mientras que la tonelada de arroz en Arkansas (USA) se cotiza en 315 US$.
Colombia puede cerrar fronteras con la comunidad andina pero no tiene la capacidad de hacer lo mismo con los productos norteamericanos y europeos ya que los TLC entraron en vigencia, el libre mercado coloca al país en la penosa encrucijada de soportar una competencia desigual a escala, sin más remedio que aceptarla. Mientras tanto el ministro de Agricultura se encubre bajo los efectos de la reevaluación dándole una salida histriónica a la crisis, repitiendo y repitiendo que: “estamos avanzando en buena tónica. Yo creo que va a prevalecer la lucidez. No es a punta de paros como se va a poder manejar esta política agropecuaria, ni la industrial, ni cualquier otra afectada por la revaluación”. Echándole agua al arroz para que no se queme, pero se le ahumara y le sabrá feo.
En cuanto a la modernización y el control del contrabando queda también mucho que decir, los recursos son insuficientes para cualificar la producción arrocera agudizado a su vez por la incapacidad de proyectar el agro nacional a largo plazo. Igualmente es casi inverosímil la tarea de controlar el contrabando internacional cuando la nación nunca ha podido fiscalizar completamente las fronteras y ese es un trampolín poderoso por donde pueden seguir pasando libremente las 1.400 toneladas de grano que se calcula ingresan ilegalmente al país.
La presencia conjunta del ejecutivo nacional y regional, así como de garantes del legislativo son expresión de la unidad gubernamental para afrontar el instante del posible paro, pero el futuro del sector arrocero colombiano se está quemando.