Cada guerra, de las múltiples en las cuales se ha visto enfrascada la sociedad colombiana, ha culminado con una constituyente. Contadas a partir de la Constitución del Estado libre e independiente del Socorro en 1810, Colombia ostenta en su haber 16 constituciones, el mayor prontuario de inestabilidad constitucional que pueda exhibir un estado joven como es el colombiano. La última, la de 1991, ya ha sido reformada en más de 29 oportunidades.

Una realidad como ésta devela la profunda dificultad que nos asiste en la construcción de nuestro estado-nación para convertir la norma en acción en nuestro mundo relacional. También devela, el modus operandi de la elite que nos ha gobernado, muy poco interesada en poner a funcionar el andamiaje democrático y sí muy proclive al uso al uso de las armas y al modelo autoritario en el ejercicio del poder. Por ello, podría llegarse al aserto de que hay cierto desgaste del instrumento pues se ha llegado al error de que las constituciones como las leyes, en si mismas, transforman la realidad.

Una guerra como la que hace más de cuarenta años adelanta el Estado colombiano con las FARC-EP, pone una vez más la discusión de si ésta se sella con una nueva constitución. El debate está planteado y las posturas entre sus detractores y defensores parecen situarse en lugares irreconciliables.

El problema de fondo no está propiamente, como algunos lo sugieren, en que sectores de la ultraderecha como el Puro Centro Democrático, opositores al gobierno y a su estrategia de paz, aprovecharían esta circunstancia para concretar los cambios regresivos que desde hace rato han querido introducir a la constitución, por ver en ella un obstáculo a su proyecto político guerrerista y plutocrático. Tampoco estaría en una defensa a ultranza de la actual Constitución convertida en una colcha de retazos y desvirtuada en no poco grado en sus componentes garantistas.

Lo real es que en cualquier escenario de refrendación de un hipotético acuerdo en La Habana, los opositores podrían mover sus fuerzas para abortarlo e imponerse en el proceso electoral e impedir, como parece ser de su mayor interés, la reelección del presidente, Juan Manuel Santos. Pero también podría ser un buen escenario para que la sociedad, como lo hizo en el referendo promovido por el Presidente Uribe, hoy líder del Puro Centro Democrático, en su pico más alto de popularidad, le propine una nueva derrota y cree un hecho político decisivo para el proceso de concreción de los cambios que el país necesita.

De esta manera, constituyente, referendo o consulta popular, como instrumentos de refrendación ciudadana, no serían incompatibles en si mismos y su pertinencia no estaría propiamente en un problema de orden técnico, sino, en cual ofrecería las mejores condiciones vinculantes al interior del Estado y de la sociedad. Sobra advertir la importancia de que dicho instrumento sea legitimado por el voto popular de manera contundente pues en nada favorecería una mayoría precaria. El foro llevado a cabo recientemente, que se ocupó de este tema, coincidió con la insurgencia en proponer una constituyente como instrumento de validación y, desde hace rato, la ultraderecha congregada en el Puro Centro Democrático también ha propuesto esta alternativa.

Por lo menos desde el Acuerdo de Cese al fuego, tregua y paz, firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC_EP en marzo 28 de 1984, algunas investigaciones sugieren que las partes en conflicto han hecho de los procesos de negociación una gran oportunidad para mejorar sus posiciones militares desde las lógicas de poder y no propiamente para terminar la guerra, lo cual fue demasiado evidente en el fallido proceso del Caguán. De allí, el mar de desconfianzas y recelos, de unos y otros, que sin duda se expresan en las posturas ya hechas públicas dentro del marco de las negociaciones, concentradas ahora en su segundo punto: la participación política.

El Gobierno y la guerrilla nos invitan a creer en el proceso contemplado en el “Acuerdo generalsobre la terminación del conflicto” suscrito en octubre del año pasado y, ciertamente, hay motivos para pensar que nos encontramos en una coyuntura en la que gobierno e insurgencia no están en el plan de servirse de este proceso para lograr ventajas en el terreno de la guerra y que por lo tanto hay voluntad y compromiso con la paz. Pero aquellos que cada gobierno señala como los enemigos ocultos de la paz, los cuales aparecen siempre que hay amagos por terminar con la guerra, están ahí desde el aparato militar, desde los gremios económicos, desde los medios de comunicación y desde la institución religiosa, preparándose como siempre a abortar dicho empeño por la vía que sea necesaria. Lo hicieron con la Unión Patriótica, no hay motivos para pensar que esto no se repita. Dicho de otra manera, cambios en la participación política sin implicaciones en el régimen político, estarían abonando el terreno al fracaso del proceso.

Posiblemente desde una perspectiva de sostenibilidad del proceso, nos encontremos en el punto de discusión de mayor importancia. Los puntos que atañen a la participación política, que debería hablar bien de una reforma política, deberían ciertamente imprimirle un salto cualitativo a la sociedad desde el punto de vista de la democracia (democracia participativa y representativa transparente, justicia verdaderamente independiente y fuerzas armadas y aparato coercitivo respetuoso en general de la ley y de los DDHH), de tal manera que desactive el poder de aquellas fuerzas que ya ni tan ocultas conspiran y que afilan sus estrategias en contra de las opciones civilistas. De no ser así, estaríamos frente a un grave problema.

Esperamos que la palabra NO no sea la que más siga utilizando el Gobierno y que matice la postura de convertir el Acuerdo General en una pieza acartonada llena de inamovibles, sobre todo en un tema en el cual sin duda se está jugando la sostenibilidad del proceso.

José Giron Sierra
Analista de paz del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Junio de 2013