Familiares de estas víctimas viven diariamente en la incertidumbre de su muerte y en la impotencia de conocer sobre la autoría del delito que lleva años afectándolos.

– El delito de desaparición forzada fue tipificado en el país el año 2000 con la sanción de la ley 589, para muchos un hecho tardío, teniendo en cuenta que esta práctica lleva varias décadas dentro del conflicto armado colombiano.

Según el investigador Carlos Ortíz, la aprobación de esta ley tuvo una fuerte oposición. En el Senado y en la Cámara fueron truncados cerca de ocho proyectos de ley antes de que se pudiera aprobar y sancionar por el presidente de la época Andrés Pastrana, quien también la objetó en su momento.

Como dice la ley, el delito desaparición forzada en el código penal colombiano se tipifica como: “el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión (…)”.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), al hablar del número de víctimas de desaparición forzada en el país surge otro agravante para sus familiares. Además de la incertidumbre por el paradero de las víctimas, deben enfrentar la lucha por el reconocimiento de los hechos, desafiar el descrédito, las amenazas y hasta la trivialización de lo ocurrido por parte de las autoridades.

Es por ello que el CNMH adelanta una investigación que les permita establecer un dato riguroso y confiable del registro de este tipo de desapariciones en el marco del conflicto. Los investigadores aseguran que en el país no se ha podido realizar una depuración de los registros de las diferentes entidades que registran los casos de desaparición forzada.

En los avances de la investigación los profesionales establecieron una depuración por separado en la cual establecen 22 mil casos de desaparición reportados ante la Fiscalía General de la Nación, 19 mil 255 del Sirdec (Sistema de Información Red Desaparecidos y Cadáveres) y 33 mil de la Unidad de Víctimas. Los investigadores consideran que hay que ser críticos sobre estas cifras ya que los organismos mencionados trabajan con los datos mínimos en un contexto de subregistró.

Por su parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en su más reciente registro reportó 99 mil 432 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 27 mil 216 son personas desaparecidas y 72 mil 215 son los familiares de estas víctimas que han vivido la desaparición, es decir, su primer círculo familiar: esposo, (a), hijo (as).

Para el Grupo de Memoria Histórica los datos sobre la magnitud de las desapariciones forzadas ocurridas en el país son difíciles de establecer, dadas las circunstancias y condiciones que rodean la ocurrencia de este crimen de lesa humanidad. La particularidad de este atroz delito es que mantiene oculto un asesinato.

Entre las conclusiones de los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica destaca que pese a la magnitud de sus cifras y sus devastador impacto, la desaparición forzada ha sido poco visible en los medios de comunicación y escasamente reconocida por las autoridades competentes, debido a los rasgos consustanciales de esta modalidad de violencia y a las características particulares del conflicto armado interno.

Todo esto ligado a la intención de los actores armados de invisibilizar el crimen, y a las características del delito de privar de la libertad, ocultar el paradero de las personas y sustraerlas de la protección de la ley.

Tomado de: http://50.62.143.89/victimas/la-desaparicion-forzada-un-asesinato-oculto/