PREGUNTAS PERTINENTES PARA LA INVESTIGACIÓN EN UNA COLOMBIA QUE MARCHA HACIA EL POSTCONFLICTO

Los investigadores sociales han realizado en Colombia una ingente labor en ayudar a comprender el largo conflicto armado que padecemos, sus causas, consecuencias, costos y posibles salidas, entre otros temas. Ahora se aboca a estudiar sobre todo las condiciones para un postconflicto que pudiera ser irreversible y que nos alejara de los apetitos violentos que han signado buena parte de nuestra historia republicana.

Porque aun cuando no sea posible establecer el paso del conflicto al postconflicto de manera tajante por el hecho de que se vea próximo un acuerdo de paz con las guerrillas, sí puede avizorarse ya un período de transición entre la guerra y la paz, que empezará a tomar forma en el momento en que se firme el acuerdo y que puede intensificar sus rasgos a medida que las diferentes acciones acordadas se pongan en ejecución. Y es incuestionable que esta situación plantea nuevos retos a la investigación social, que es necesario dilucidar y acotar para abordarlos con el mayor acierto posible.

Hasta ahora, el seguimiento al conflicto armado había ocupado la atención de muchos agentes activos de investigación en el país y fuera de él y era justa esta prioridad puesto que constituía la dinámica dominante y que más incidencia tenía, a pesar de presentarse algunos rasgos de postconflicto a partir de las negociaciones parciales finalizadas en los años noventa con algunos grupos guerrilleros y en el 2006 con las AUC.

Así, las centenarias raíces del conflicto social quedaron relegadas a un segundo o tercer plano entre las preocupaciones de los investigadores, debido a la urgencia de las incidencias del conflicto y a su influjo en la vida del país. Pudiera decirse que en estas condiciones, la investigación social se orientó prioritariamente hacia temas de coyuntura en lugar de hacia temas de estructura.

El arribo al postconflicto puede ponernos en una situación similar, no ya por las urgencias de la guerra, sino por las que dicta la necesidad de consolidar la paz. Serán casi infinitas las necesidades y los riesgos que afronte la construcción de la paz, a partir de la urgencia de resanar las heridas de la guerra y de satisfacer las expectativas de los distintos actores involucrados en ella, así como los justos reclamos de las víctimas que ha dejado el conflicto.

Sin embargo, es de prever que vayan saltando con el tiempo a primer plano expectativas y necesidades postergadas largamente debido al mismo conflicto y que tienen qué ver, bien sea con falencias estructurales de nuestra constitución como nación y pueblo, bien con nuevas demandas que plantea el mundo globalizado y que llegan a nosotros ahora casi instantáneamente.

Ya nos ha ocurrido, por ejemplo, que al indagar por la influencia de los dineros calientes y las alianzas non sanctas en las campañas electorales , nos encontremos con información importante sobre las estructuras clientelistas en las cuales se han insertado las nuevas prácticas mafiosas para ganar elecciones y determinar la orientación de las instituciones del gobierno y del estado. Las nuevas prácticas se insertan sin mucho problema en las viejas estructuras, siempre que sean del mismo género torcido y truculento, para recrear estructuras más potentes y a prueba de acosos jurídicos o veedurías político- sociales. Es lo que ha ocurrido en el último cuarto de siglo en casi todas las regiones y localidades del país, dando origen a las en buena hora denominadas parapolítica y paraeconomía , alianzas que han definido los poderes locales en por lo menos la mitad de los municipios, en varios departamentos y que estuvieron ad portas de tomarse el poder nacional, al copar el parlamento, una parte del poder judicial y de los organismos de seguridad, del aparato policial- militar y llegar a las mismas campañas presidenciales que irían a definir el máximo poder ejecutivo.

Por tanto, al mismo tiempo que se presta atención a las urgencias de la construcción de la paz y el logro de la reconciliación, que de seguro ocuparán la mayor parte de la agenda durante por lo menos los próximos dos lustros, habrá que poner cuidado en los temas que devienen de las fallas estructurales y de las expectativas frustradas que ha creado la globalización.

Ya se reclama con cierta insistencia por parte de los actores sociales interesados en la suerte del campo colombiano atención para el viejo problema estructural de la tenencia de la tierra , agravado ahora a partir de la expulsión violenta de más de un millón de familias campesinas durante los últimos 25 años. Querría esto decir que va a resultar desde todo punto de vista insuficiente la propuesta gubernamental para el desarrollo del campo, consistente en la provisión de facilidades de crédito, comercialización y asistencia técnica, aunada a subsidios temporales para la producción en áreas críticas o golpeadas por los TLC.

Por otro lado, ya se presta alguna atención desde el gobierno a dos temas cruciales traídos por la globalización: la universalización de las TICS y la libertad de movimiento entre países con la supresión de visados. Es posible que lo que se ha hecho sea insuficiente y que se requiera dar pasos adelante, bien en la extensión o bien en la profundidad de las soluciones ensayadas.
Basten estos dos ejemplos para ilustrar la tesis expuesta arriba. Y las demandas para los investigadores irán por este mismo derrotero. Por tanto, es necesario pensar en las preguntas que debe resolver la investigación social en el postconflicto con estas dos miradas complementarias: las tareas propias del postconflicto y las tareas exigidas por la transformación social global que invita a ponerse a tono con los niveles y enfoques de desarrollo humano sustentable y sostenible más plausibles que se puedan haber dado en los distintos países y regiones del sistema mundo.

Postconflicto en medio del conflicto?

Para precisar las tareas exigidas por el postconflicto, en especial, las que deben ocupar a los investigadores sociales, es imprescindible pensar en los escenarios que se crearán a partir del acuerdo de paz. Al respecto, es posible adelantar que hasta ahora ninguno de los analistas o actores políticos que intervienen en las negociaciones directa o indirectamente, han afirmado que los acuerdos se identifican con la paz. Es decir, que no se espera el cese completo de la violencia como producto inmediato de los acuerdos de paz. Pero qué tanta violencia y de qué fuentes o actores puede esperarse? Cuáles serían las herramientas más eficaces para enfrentarla o neutralizarla? Qué estrategias debiera seguir el Estado y cuáles serían las demandas a la sociedad en este sentido?

Varios analistas han adelantado sugerencias respecto a los actores potenciales de violencia en el postconflicto: exguerrilleros; guerrilleros no desmovilizados; bacrim; neoparamilitares; ejércitos antirestutitución; vengadores anónimos; delincuencia común copando espacios abandonados por la guerrilla. Salta a la vista, sin embargo, que casi ninguno se refiere a las fuerzas militares y de policía que continúen en la lógica de la guerra interna o que sean susceptibles de corrupción y cooptación por los actores ilegales como actores de violencia en el postconflicto. Y si tenemos en cuenta la larga duración de la guerra y la doctrina de la seguridad nacional, importada de Washington, en la cual se formaron nuestras fuerzas armadas, así como los síntomas de corrupción y violación frecuente a los derechos humanos, así como las alianzas comprobadas entre ellas y los paramilitares en casi todas las regiones del país, es de temer que unas fuerzas armadas de medio millón de combatientes puedan jugar un papel no pequeño en la continuación de la violencia durante el postconflicto. Qué hacer con esa enorme masa de gente armada, que, igual que los guerrilleros, han aprendido a manejar armas y que se han visto determinados durante años por las lógicas violentas? He ahí una pregunta de no pequeña dimensión para el postconflicto, a la que todos los actores y entre ellos los investigadores sociales, debemos prestar atención.

En todo caso, la experiencia de otros conflictos armados indica que se hará necesario seguir prestando atención a los factores y manifestaciones de violencia durante un buen lapso del postconflicto. Y ello ocupará buena parte de los recursos y de la atención del Estado (en ese sentido, no es mucho lo que se podrá ahorrar del presupuesto militar- policial), así como de los analistas e investigadores. En general, la gravitación de las exigencias pesará sobre la afirmación de la paz y la consolidación de las transformaciones sociales, políticas y culturales que pueden garantizar su construcción.

Fallas estructurales que requieren atención al mismo tiempo

Para afirmar la paz, sin embargo, no será suficiente atender las tareas propias del postconflicto. Se hace no solo necesario, sino imperioso, trabajar en las fallas estructurales que tenemos como sociedad y como estado, que dieron origen inicialmente al conflicto armado y que, además, se presentan hoy a la luz de los progresos logrados en su conjunto por la humanidad, como objetivos logrables y como demandas irresueltas de nuestra construcción societal.

La satisfacción a los déficit de democracia, en un país que no ha logrado pasar aún de la democracia representativa regida por la constitución del 1886 a la participativa que orienta la actual constitución y en un mundo en el cual el ejercicio de la política está en profunda crisis, constituyen exigencias fundamentales para nuestro avance como nación y pueblo hacia logros de progreso sostenibles y sustentables. Y esto nos viene de muy lejos en nuestra historia de construcción y ejercicio del poder político en manos de élites cerradas, que se han traspasado el poder por medio de elecciones atravesadas por prácticas clientelistas y con base en inversiones millonarias de dinero en las campañas. Así que si somos una de las democracias más antiguas de América también somos una de las que presenta mayores falencias en la participación real de la ciudadanía, ya que ni siquiera tuvimos una propuesta populista que hubiera ejercido el poder y que pudiera haber fundado la ciudadanía moderna.

Para enumerar solamente algunos de los problemas de nuestra democracia, estudiados y algunos ampliamente documentados por investigadores, están: el centralismo que se reproduce en todas las escalas administrativas, tanto el que ejerce la capital del país con respecto al resto, como el que aplican las capitales departamentales con respecto a los municipios y, en los municipios grandes, el centro sobre su periferia; las prácticas ilegales y corruptas en el ejercicio electoral, con candidaturas que cuestan una fortuna y hacen imposible a un ciudadano común y corriente postularse, con la compra consiguiente de los votos por medios directos e indirectos, con el predominio de lo mediático que hace depender la suerte de las campañas del acceso al exclusivo círculo de poder de los medios masivos; noción y ejercicio de la ciudadanía para la gran masa de los ciudadanos y para los enfoques predominantes en el estado y el gobierno como una práctica reducida a la participación en elecciones, incluidas las que se consideran base del ejercicio de la democracia participativa (referendo y plebiscito), ciudadanía sin medios de influencia eficaces sobre el poder en la vida cotidiana, ciudadanía desconectada de los escenarios de decisión y de los representantes elegidos para los cuerpos legislativos y ejecutivos del estado y el gobierno; el ejercicio del poder y el gobierno monopolizado en manos de reducidos círculos a todos los niveles, prisionero en mangualas establecidas a puerta cerrada como negocios privados, cuyas rentas son captadas a través del tráfico generalizado de influencias o del cobro directo de comisiones, que reproduce en pequeña escala a nivel local las mismas prácticas que se han establecido desde Bogotá.

En síntesis, una democracia en la cual los ciudadanos corrientes se sienten extrañados del poder, expropiados de sus derechos de ciudadanía explícitamente consagrados en la constitución, enfrentados a múltiples obstáculos para lograr los servicios más elementales que todo estado debe garantizar, como son el buen ejercicio de la justicia y la garantía de la vida honra y bienes. Este balance negativo no podrá ser anulado con la presentación de los avances logrados en los últimos años con base en la constitución del 91. Avances ciertos, pero que no han hecho más que despertar el apetito por una democracia real, de alta intensidad como postula De Souza Santos.

Lo anterior se refiere solamente a los problemas de la democracia política. Porque si miramos a la democracia económica no estamos mejor. Es cierto que las manifestaciones de la pobreza absoluta se han reducido porcentualmente a lo largo del tiempo, pero no lo es menos que la pobreza relativa continúa profundizándose a medida que se logran crecimientos significativos en la riqueza total del país. Los estudios nos muestran como una de las sociedades más inequitativas del mundo , mientras la autocomplacencia es el referente básico en los círculos donde se deciden las políticas económicas del país . Con lo cual, suena muy justa la frase acuñada para explicar la paradoja: la economía va bien y el país va mal.

En conclusión, el ejercicio de la ciudadanía plena para todos los habitantes del país está a la orden del día como tarea no resuelta de la democracia colombiana. E involucra, más allá de los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales.

Pero aún si no se reconoce esto, estamos en presencia de hechos ineludibles y comprobados hasta la saciedad, que vienen impactando cada vez más en la vida del país. La configuración de una masa importante de clases medias que reclama su lugar en las decisiones de política que se toman en todas las esferas del Estado, presenta ya una exigencia perentoria de ampliación de la democracia, por lo menos hasta asegurar la participación efectiva y cotidiana de estas clases medias en las decisiones del estado y el gobierno. Con la circunstancia adicional de que la constante elevación del nivel educativo durante los últimos lustros y el arribo del país a la era digital han puesto a la disposición de esas clases medias instrumentos para obtener información y para comunicarse que ya han demostrado sus virtudes en varios episodios de la vida política reciente (véase la eliminación de la reforma a la justicia bajo este gobierno por un movimiento ciudadano opositor, las movilizaciones estudiantiles y campesinas, el actual pulso por la alcaldía de Bogotá entre Procurador y Alcalde).

A lo cual se agrega el tremendo descrédito en que ha caído el ejercicio de la política y la crisis de representación que afecta a nuestras instituciones, mal que no es tampoco una característica sui géneris de nuestro país, pero que aquí presenta características específicas y niveles de afectación bastante graves, como lo evidencia el crecimiento en las intenciones de voto en blanco para las elecciones 2014, para mostrar tan solo una prueba al canto. Hay que anotar al respecto que para algunos esto es evidencia de la necesidad de una profunda reforma política en Colombia, pero los hay que no creen que ello sea suficiente, pues se ubican las causas principales en la cultura y la ética más que en el simple funcionamiento institucional.

Por lo visto, será necesario prestar atención más temprano que tarde a la realización de profundas reformas estructurales, como ya lo parece avizorar Malcolm Deas en reciente entrevista , al decir que aquí vamos a tener que aprender a hacer reformas. Las aplazadas desde tiempos decimonónicos junto a las que reclama con urgencia la sociedad para ponernos a tono con las realidades del mundo actual.

La investigación ha de proveer información pertinente, analizada y clasificada a los actores que puedan contribuir a fundar esa nueva Colombia que pugna por dejar atrás el conflicto armado, realizar la reconciliación entre todos sus actores, víctimas y victimarios y generar nuevas oportunidades para la realización de las aspiraciones y expectativas que poseen los diversos sectores de población asentada en territorios, ciudades y localidades. Ésta es la ingente tarea que nos espera.

Por: Ignacio Holguín A.

Bogotá, marzo 7 de 2014.