Tierra para trabajar, ayuda psicológica y el esclarecimiento de la verdad fueron algunas de las medidas de reparación que decenas víctimas del Cauca afectadas por el Bloque Calima de las Auc le propusieron a los magistrados de Justicia y Paz.
“No queremos vivir más de los subsidios y las ayudas que les ofrecen a las víctimas, queremos tener nuestro propio proyecto donde podamos trabajar”, le dijo Ana* a los magistrados de Justicia y Paz de Bogotá en representación de 25 mujeres que fueron abusadas sexualmente en Buenos Aires, Cauca, por paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La mayoría de estas campesinas son madres cabeza de familia que no tienen tierra propia para cultivar y sostienen a sus familias limpiando casas, lavando ropa o trabajando en las minas, pero que anhelan regresar al campo. “Nosotras vemos en la tierra una gran medida de reparación, para que la indemnización no nos la gastemos sino que sea sostenible en el tiempo”, agregó Ana.
Las mujeres de comunidad afro de Buenos Aires fueron víctimas constantes de la violencia de los paramilitares del Bloque Calima, que llegaron a la zona el 30 de junio de 2000. Según ha documentado la Fiscalía, en corregimientos como San Miguel algunos de ellos se instalaron en la casa de estas mujeres, las obligaron a lavar, cocinar y abusaron sexualmente de ellas por largos periodos. (Ver: Sin opción ante la arremetida paramilitar)
Sin embargo, estas campesinas dicen no querer retroceder a los hechos que tanto dolor les causaron y están empeñadas en construir un mejor futuro para sus hijos. La magistrada del Tribunal aseguró que se indagará sobre la oferta que la Unidad de Víctimas para la adjudicación de tierras e invitó a las demás víctimas a que, al igual que estas mujeres, hagan uso de otras medidas de reparación que ofrece el Estado, como el acceso a la educación o vivienda.
No solo las mujeres del Cauca, sino también en el Valle, reiteraron que no han recibido una ayuda psicológica especializada para ellas ni para sus familias. La Fiscalía recordó que hay varios casos de mujeres que tuvieron hijos como consecuencia de esos abusos sexuales y pidió que se le dé prioridad a estos casos.
Este encuentro se dio dentro del juicio que se sigue contra Hébert Veloza, alias ‘HH’, ex jefe del Bloque Calima y del Bloque Bananero de las Auc. En esta oportunidad el postulado no estuvo presente porque autoridades de Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008, no hicieron la retrasmisión.
El alcalde de Rosas
Otras víctimas claman por la verdad y la justicia como forma de reparación. Este es el caso de los familiares de Tulio Ernesto Valencia Mondragón, exalcalde de Rosas, Cauca, asesinado por paramilitares el 26 de marzo de 2002. Valencia también era para ese entonces miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), una organización campesina del Cauca.
En versiones libres dentro del proceso de Justicia y Paz el ex paramilitar José Fernando Cardona, alias ‘El Gato’, confesó que él, junto con alias ‘Pelirrojo’ y alias ‘El Loco’, le dispararon al ex mandatario cuando asistió a cumplirles una cita en un hotel del municipio de Rosas. Según el postulado, mataron al Valencia porque supuestamente les habían dicho que tenían nexos con el Eln. (Ver: La ley del terror de los paramilitares en Cauca)
A partir de esta confesión, alias ‘HH’ aceptó el hecho por línea de mando, pero los familiares del mandatario aseguran que los desmovilizados no están contando la verdad sobre quiénes fueron los autores materiales del hecho y las verdaderas razones del asesinato. En la justicia ordinaria hay una investigación por la muerte de Valencia contra Jesús Salazar, quien era el alcalde de Rosas en el momento del homicidio, pero doce años después el proceso no ha avanzado.
Los familiares aseguran que antes de su muerte, Valencia, quien fue alcalde entre los años 1995 y 1997, recibió amenazas de personas que no hacían parte del grupo armado ilegal y aún no se han investigado esos hechos. “Nosotros como familia lo que queremos es la verdad integral y sin eso no nos vamos a sentir reparados y para eso necesitamos que nos digan quien ordenó el asesinato”, aseguró un familiar del exalcalde.
Los comerciantes de Cajibío
A la audiencia también se presentaron víctimas que hasta ahora van a entrar al proceso de Justicia y Paz, entre ellos más de 40 comerciantes que fueron víctimas de la incursión que los paramilitares en Cajibío, Cauca. A las 10 de la mañana del 19 de noviembre del 2000, en la vereda el Dinde, los ‘paras’ reunieron a más de cien personas, les pidieron sus documentos y separaron a los hombres de las mujeres. (Ver: Los primeros crímenes de las Auc en Cajibío)
Los integrantes del Bloque Calima se llevaron a Argelino Largacha Campo, quien fue asesinado al día siguiente en la vereda La Diana. Durante ese tiempo recibió golpes e insultos. Varias personas salieron desplazadas después de los hechos.
Ese día también llegó al Dinde un grupo de comerciantes que iba a la plaza de mercado a vender sus productos, pero los ‘paras’ los encerraron en una casa del pueblo hasta las seis de la tarde. Cuando salieron, encontraron que les habían robado toda la mercancía.
Los paramilitares continuaron hacia el corregimiento del Carmelo, el Pedregal y, por último, a la vereda la Laguna, donde hicieron lo mismo que en Dinde. Este recorrido de sangre y fuego terminó el 25 de noviembre. Cientos de personas salieron desplazadas y algunas, como los comerciantes, hasta ahora se atreven a denunciar.
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