Ahora que existen esperanzas de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, es pertinente hacerse la pregunta: ¿cómo establecer un Estado social en Colombia que disminuya la desigualdad que está en el origen de los conflictos armados?
Para responder esta pregunta es interesante comparar la desigualdad en Colombia, un país emergente, con la desigualdad en países desarrollados, como lo ha estudiado el economista francés Thomas Piketty.
En su justamente celebrado libro de 2013 Capital in the twenty-first century (el capital en el siglo XXI), Piketty examina un volumen de información histórica y estadística sin precedentes que comprueba más allá de toda duda la concentración creciente de los ingresos por trabajo, así como de los ingresos provenientes del capital privado, la tierra, la vivienda, el capital en empresas y el capital en el exterior.
Su estudio muestra que la concentración de los ingresos por trabajo se debe en buena parte al crecimiento astronómico de los salarios de la alta gerencia, y constata que, en el caso de Estados Unidos, el acceso limitado a la educación superior privada disminuye la oferta de profesionales en tecnologías avanzadas y aumenta la desigualdad salarial.
Los impuestos en relación al PIB, varía del 30 por ciento en los Estados Unidos hasta casi el 60 por ciento en Suecia.
Esta divergencia de salarios hace que el 1 por ciento más rico de los asalariados reciba entre el 7 por ciento (Europa) y el 12 por ciento (Estados Unidos) del monto salarial total, mientras que la participación de la clase media y del 50 por ciento de ingresos inferiores está bajando.
La concentración del capital mundial es aún más acentuada, ya que el 1 por ciento de la población tiene entre el 25 por ciento (Europa) y el 35 por ciento (Estados Unidos) de la propiedad del capital, mientras que el 50 por ciento inferior apenas tiene el 5 por ciento.
La tendencia hacia una concentración cada vez mayor del capital se debe a que la tasa de remuneración sobre capital es superior a la tasa de crecimiento de la economía, y al hecho de que el rendimiento sobre la inversión tiende a ser mayor cuando el volumen invertido es más alto.
El aumento marcado de la desigualdad que se ha producido a partir de los años 1980 – y que Piketty documenta sobre la base de una abundante información empírica- desmiente la teoría económica convencional, según la cual el crecimiento económico tiende a producir automáticamente mayor igualdad entre clases sociales.
Contraria a la visión optimista de la teoría de la convergencia, Piketty considera que la concentración de la riqueza podría acarrear las siguientes consecuencias socioeconómicas:
1. El retorno de una clase de rentistas, interesada más en la conservación de su riqueza y sus privilegios que en un uso eficiente del capital.
2. El riesgo del dominio de los monopolios y su influencia a través de grupos de presión política.
3. Una inestabilidad financiera estructural producida por incentivos perversos de la alta gerencia bancaria, tal como se dio en 2008.
4. El bienestar económico dependerá de nuevo del dinero heredado más que del trabajo, lo que socavaría el Estado democrático.
5. La privatización de la educación tiene un triple efecto negativo: menor acceso a la educación superior, mayor desigualdad salarial y una menor capacidad de aplicar innovaciones tecnológicas.
Países desarrollados como Suecia mantienen una variación fiscal de entre el 30% y 60% del PIB.
El Estado social contra la desigualdad
Lo que ha protegido hasta ahora a las economías de los países desarrollados es el papel vigoroso del gobierno en materia fiscal, lo que ha permitido crear un Estado social capaz de garantizar a su población el acceso a educación, salud, pensiones y prestaciones sociales.
El papel de la política fiscal, medido en el porcentaje que representan los impuestos en relación al PIB, varía del 30 por ciento en los Estados Unidos hasta casi el 60 por ciento en Suecia.
Con estos impuestos se paga gran parte de los gastos en educación y salud, sectores que representan en promedio un 20 por ciento del PIB, mientras que las transferencias financieras (pensiones y seguros de desempleo) representan otro 20 por ciento.
Sin un sistema redistributivo basado en los impuestos es imposible garantizar el acceso a la educación y la salud de calidad de la mayoría de la población.
Por eso, y para evitar que la creciente concentración de la riqueza socave las bases económicas, sociales y políticas del Estado social, Piketty propone un impuesto progresivo sobre capitales que permita mantener la cobertura de los servicios sociales básicos de educación, salud, pensiones y prestaciones sociales.
En otras palabras, en vez de reducir el gasto público, como hacen hoy Estados Unidos y los países de la Unión Europea, propone el impuesto sobre capital para disminuir la alta deuda pública.
La desigualdad en Colombia
Se estima que el 1 por ciento de la población posee casi el 40 por ciento de la riqueza total.
Según un estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia figura entre los 12 países con mayor desigualdad socioeconómica del mundo. A esta inequidad contribuyen, entre otros factores, la debilidad del funcionamiento estatal y una institucionalidad que subordina los intereses públicos al funcionamiento del mercado.
Es evidente que esta desigualdad heredada del pasado se ha agravado en los últimos años, cuando, según nuestros cálculos, el peso de los ingresos por trabajo ha disminuido de un 40 por ciento del PIB en 1970 a un 25 por ciento en 2012.
Ello tiene que ver con los cambios en el mercado laboral, donde el trabajo asalariado ha sido desplazado en buena parte por los trabajadores independientes en el sector informal y la externalización u outsourcing sin las debidas prestaciones sociales. Por otro lado, la suma de las utilidades empresariales y de las rentas se ha mantenido en el tiempo en un 53 por ciento.
Los datos sobre la distribución de la riqueza en Colombia entre 2001 y 2010 demuestran que el 1 por ciento de la población con más altos ingresos tiene más del 20,5 por ciento del ingreso total, o sea, más del doble del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Estos datos, provenientes de encuestas de hogares, dan una imagen ‘peluqueada’ de la desigualdad, ya que, por basarse en muestras estadísticas, tienden a subestimar el peso de los más ricos.
Pero según un estudio reciente de la economista Juliana Londoño, haciendo uso de datos sobre impuestos en vez de encuestas de hogares, se estima que el 1 por ciento de la población posee casi el 40 por ciento de la riqueza total. Y la desigualdad en el campo es aún mayor, pues la concentración de la propiedad de la tierra, medida por el coeficiente de Gini, se estima para Colombia en 0,86.
Los indicadores de la calidad y cobertura de la educación, la salud, el sistema de pensiones y la seguridad social en Colombia demuestran que hay un Estado social muy pobre, lo que es en buena parte reflejo del sistema fiscal.
Los resultados de exámenes comparativos internacionales demuestran serias deficiencias en la calidad de la educación, y en el sistema de salud se ha visto una ampliación de la cobertura en términos del número de asegurados que no se refleja en la calidad de la atención.
La cobertura pensional es baja: 70 por ciento de los mayores de 60 años no recibe pensión alguna y la distribución de las pensiones es altamente inequitativa. Más del 80 por ciento del gasto público en pensiones va al quintil de los ingresos más altos, mientras los 2 quintiles más pobres reciben menos del 2 por ciento
El peso de los impuestos está alrededor del 15 por ciento del PIB, según el DANE, muy por debajo del nivel necesario para financiar un Estado social eficiente, pues recordemos que en los países desarrollados este porcentaje está entre el 30 y el 60 por ciento.
Para lograr un Estado social en Colombia que merezca este nombre será imprescindible una reforma tributaria estructural que aumente sustancialmente la tasa tributaria sobre capitales con el fin de aumentar la eficiencia productiva.
Pero, además de ser insuficiente, el sistema fiscal colombiano tiene las siguientes debilidades:
La contribución de impuestos patrimoniales de la clase acomodada en Colombia es el 7 por ciento del total de los impuestos recaudados. Esta cifra es muy baja cuando se compara con el 25 por ciento en los países de la OECD y el 30 por ciento en otros países desarrollados.
Los impuestos colombianos tienen un carácter regresivo, ya que el 45 por ciento son impuestos sobre bienes y servicios, es decir, son aportes que provienen en su mayor parte de la clase media y de los pobres. Este porcentaje es muy alto en comparación con el promedio de 33 por ciento en los países de la OCDE.
Los impuestos sobre ganancias empresariales cuentan con numerosas exenciones para atraer inversiones extranjeras.
Solo 3.500 empresas grandes en Colombia declaran impuestos. De las 755.000 empresas registradas, 7.712 empresas son grandes según las Cámaras de Comercio, lo que quiere decir que menos de la mitad pagan impuestos.
Para lograr un Estado social en Colombia que merezca este nombre será imprescindible una reforma tributaria estructural que aumente sustancialmente la tasa tributaria sobre capitales con el fin de aumentar la eficiencia productiva. Esto es especialmente necesario en el caso de los impuestos sobre la tierra y de las regalías en el caso de la industria extractiva.
Dos ejemplos internacionales, uno positivo y otro negativo, pueden servir a Colombia. El primero es el caso de Noruega, que en tiempos de bonanza estableció un fondo de inversión basado en los ingresos de la explotación del gas natural para asegurar el bienestar de las generaciones futuras.
Colombia, que vive aún un periodo de crecimiento económico, podría inspirarse en este ejemplo. Si no lo hace, puede acabar pareciéndose a Nigeria, que ha pasado de ser un país conocido por sus enormes reservas petroleras a uno que está hoy en las noticias del mundo por las acciones del grupo Boko Haram.