Amnistía Internacional advierte que por lo menos 520 sentencias de restitución de las 650 que han proferido los jueces de tierras en dos años, corresponden a casos de campesinos que ya habían retornado a sus tierras. Foto: archivo Semana.

Amnistía Internacional advierte que por lo menos 520 sentencias de restitución de las 650 que han proferido los jueces de tierras en dos años, corresponden a casos de campesinos que ya habían retornado a sus tierras. Foto: archivo Semana.

Después de analizar las 650 sentencias que los jueces especializados en restitución de tierras han fallado desde enero de 2012 a agosto de 2014, Amnistía Internacional advierte que el gobierno debe prestar atención a varios problemas que hay en el proceso de restitución de tierras. Según el informe Un título de propiedad no basta: por una restitución sostenible de tierras en Colombia, el organismo internacional señala que la mayoría de las sentencias corresponden a familias que ya retornaron, los casos de despojos siguen sin resolverse y quienes ya tienen los títulos de sus parcelas temen amenazas porque no se ha investigado a los responsables de la violencia. (Lea el informe completo aquí)

En Colombia desde hace dos años el gobierno aplica la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que promete durante la próxima década devolverles dos millones de hectáreas a cuatro millones de personas que tuvieron que abandonar o les despojaron sus parcelas con violencia. Los responsables fueron guerrilleros, paramilitares y de forma más reciente bandas criminales que, en muchos casos, con la complicidad del antiguo Incora hoy Incoder, de la fuerza pública y de particulares expulsaron a comunidades enteras (Lea: La Lucha por la tierra en Magdalena, Despojo de tierras en Urabá, Un pulso a las verdades en los Montes de María; Ganar la paz, perder la tierra, yTres agroindustrias de los Llanos compraron tierras con líos y violencia).

Según el informe, a la fecha los jueces han restituido 29 mil hectáreas a 2 mil campesinos que durante el conflicto fueron forzados a abandonar mil 200 predios. “Se trata de una fracción de las ocho millones de hectáreas que se cree que fueron adquiridas ilegalmente en el transcurso del conflicto; además, más de una cuarta parte de la cantidad total de tierra que ha sido objeto de restitución -8.400 hectáreas- fue restituida a una sola familia en Puerto Gaitán, departamento del Meta, en marzo de 2013”, señala el documento.

De los 650 fallos, en 520 no hubo opositor. Es decir, ningún particular o empresario se presentó durante los juicios rechazando las solicitudes de los campesinos. Para Amnistía, esto significa que los jueces resolvieron los casos de abandono en los que muchas familias ya habían retornado y solicitaban medidas para que el gobierno les reconociera los títulos de propiedad y los apoyara para progresar en el territorio. Por eso, el organismo internacional cuestiona “la lentitud del proceso” pues se presume que los casos que carecen de opositor son más ágiles a diferencia de los de despojo, que requieren prácticas de pruebas y estudios de escrituras.

Como los casos no se han concentrado en el despojo, el organismo internacional señala que son pocos los fallos que “hayan abordado la ocupación de las tierras por parte de grandes empresas nacionales o internacionales” así como de otras entidades o personas que puedan ser responsables del conflicto armado y el despojo. En ese sentido, a Amnistía le preocupa la impunidad pues cree que este es un factor por el que la gente aún siente miedo de retornar. En 2013, casi 220 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Otro punto que cuestiona el informe es que el gobierno no haya reconocido a las víctimas de abandono y despojo antes de 1991. Amnistía considera que este tope fijado por la Ley generó “una jerarquía de víctimas en la que el derecho a la reparación depende de la fecha en que se cometieron los abusos”. Es el caso por ejemplo de la antigua hacienda Santa Paula, en Córdoba, que los hermanos Castaño despojaron en los años 80 a sus originarios propietarios y luego entregaron a campesinos que terminaron expulsando una década después. (Lea: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada)

Amnistía le pide al gobierno garantizar que la restitución de tierras sea completa y sostenible, que haya protección para las personas que deben retornar y que lleve ante la justicia a los responsables de la expulsión de seis millones de personas de sus hogares. A la comunidad internacional les sugiere revisar y vigilar dónde están invirtiendo sus empresarios, si estas inversiones se desarrollan sobre zonas donde hubo despojo y si los recursos que están girando para la agroindustria tienen o no relación con proyectos cuestionados por acumulación ilegal de baldíos o violencia.

“Este informe es una voz de alerta”, dijo Peter Drury, investigador para Colombia de Amnistía Internacional.

Leer artículo completo: http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5528-las-criticas-de-amnistia-internacional-a-la-restitucion-de-tierras