Foto: Archivo / EL TIEMPO En Ciudad Bolívar y Bosa estarían camufladas las Bacrim.

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En Ciudad Bolívar y Bosa estarían camufladas las Bacrim.

El director de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, Jorge Calero, afirmó que en Bogotá sí hay bandas criminales organizadas (Bacrim), que operan en localidades como Ciudad Bolívar y Bosa, donde hay grupos residuales de paramilitares desmovilizados y milicias urbanas de las Farc y el Eln, que son responsables no solo por la extinción de las vidas de los jóvenes, sino por los hostigamientos, amenazas, microextorsiones y microtráfico.

Sin embargo, apuntó, el Distrito y el Gobierno Nacional se niegan a admitir ese hecho en la ciudad, por razones políticas, económicas y de imagen. (Lea también: Aulas para combatir el terror en Ciudad Bolívar).

Según el diagnóstico de la Defensoría, en la capital y Cundinamarca operan ‘los Rastrojos’, ‘Águilas Negras’, ‘bloque Capital’ y ‘los Urabeños’, que estarían viviendo en “casas de familia sin portar uniformes, armas largas o distintivos que los identifiquen como Bacrim”, afirmó.

“La población de Ciudad Bolívar es gente trabajadora y buena. No queremos estigmatizarlos, pero no debe desestimarse que hay grupos ilegales”, expresó Calero.

¿Cómo es la situación de violencia y derechos humanos en Ciudad Bolívar y Bosa?

Hay influencia de grupos armados ilegales o ‘Bacrim’ como los autodenominados ‘Rastrojos’, comandos urbanos, ‘Águilas Negras’ y el ‘bloque Capital’. También hay milicias urbanas de las Farc y del Eln. Protagonizan amenazas, reclutamiento forzado de menores, homicidios, microtráfico y extorsiones.

Arborizadora, San Francisco, El Tesoro, Ismael Perdomo y Jerusalén son las UPZ donde más se concentra el riesgo de violaciones de derechos humanos, y cuatro de ellas son parte del plan 75 / 100, creado por la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué tan vulnerables son los menores de edad?

Ante los índices de pobreza, desempleo, reducido mercado laboral, deserción escolar y condiciones de vivienda inapropiadas, los niños son seducidos con dinero para que cometan ilícitos. Hay un esfuerzo de las autoridades por mantener la seguridad y el control, pero esos actores siguen influyendo.

Pero el Distrito y la Policía niegan que esto suceda…

Sí. Lo dicen porque no portan uniformes ni armas largas o distintivos. La Defensoría alerta sobre problemas reales como amenazas permanentes contra líderes sociales, dirigentes comunitarios, representantes de víctimas y hasta contra docentes que se oponen a que los niños sean usados en actividades ilícitas.

Esto evidencia que la intimidación y eliminación de los líderes es una forma que tienen los grupos armados ilegales a través de combos y bandas para ganar control territorial, social y poblacional y evitar ser denunciados por los líderes sociales.

¿Por qué las autoridades niegan la situación?

Esgrimen motivaciones políticas, económicas o administrativas y no de carácter humanitario. El Ministerio del Interior se ha opuesto a que se emitan alertas tempranas porque considera que afectaría la inversión, el turismo y la buena imagen de Bogotá. Dicen que son fenómenos de delincuencia común. En cambio, cuando amenazaron al exsecretario de Gobierno Guillermo A. Jaramillo, ahí sí dijeron que eran ‘los Rastrojos’.

¿Por qué es tan difícil saber si son grupos ilegales o no?

El conflicto armado en Colombia cambió, sobre todo, en escenarios urbanos. En las ciudades es difícil detectarlos porque las acciones ilegales son más sutiles. Los grupos de Bogotá habitan en casas de familia sin portar uniformes, armas largas o distintivos que los identifiquen como ‘Bacrim’, pero eso no significa que no haya la incidencia. Hoy se mide la violencia de alto impacto (homicidios, lesiones y hurtos), pero no la que mina las libertades fundamentales, crea fronteras invisibles y toques de queda. Tampoco miden las intimidaciones y las amenazas.

¿La negación afecta políticas y acciones de seguridad del Distrito y la Policía?

Sí. Negar las ‘Bacrim’ en Bogotá permite que estos grupos ilegales se fortalezcan y que haya impunidad. Así exponen a la población a las agresiones de esas estructuras y afectan políticas de prevención y protección humanitaria.

Subcontratación entre pandillas de la capital

El Gobierno Distrital ha negado la existencia de bandas criminales organizadas como tales en la ciudad y considera que lo que opera en Bogotá son los grupos delincuenciales.

Sin embargo, expertos en seguridad ciudadana como Hugo Acero dijeron que “negar las ‘Bacrim’ es desconocer que actividades delincuenciales como el microtráfico –que ha elevado el comercio y consumo de droga en Bogotá–, la extorsión, trata de personas o el negocio de armas las hacen estructuras organizadas”.

Por su parte, el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, expresó que en Bogotá la presencia de las grandes bandas criminales se da mediante la subcontratación de pandillas –y en la ciudad hay 136– para que operen en los mercados de su interés, como el del microtráfico.

En Bogotá tienen presencia indirecta ‘los Rastrojos’, ‘Urabeños’, y de los Llanos Orientales ‘los Libertadores’ del Vichada y ‘Bloque Meta’. Estas también actúan en otras poblaciones de Cundinamarca, según la Defensoría del Pueblo. En cambio, ‘la Empresa’, que opera en Buenaventura, sí tiene presencia directa en Soacha y límites con Bogotá, según se informó.

Ávila dijo que tampoco se puede negar que haya, por momentos, sicariato y “otras estructuras organizadas como las de los fleteros y la piratería urbana”.