Pros y contras de las diferentes propuestas que desde ya se escuchan en Colombia para preguntarles a los colombianos si están de acuerdo con el resultado del proceso de paz.
21 de enero de 2015
Por José Vicente Guzmán Mendoza, periodista de Reconciliación Colombia
El Fiscal General de la Nación levantó la polvareda esta semana, cuando en una entrevista en vivo con la W Radio dijo que jurídicamente no era necesario que unos eventuales acuerdos de paz alcanzados con las Farc en Cuba fueran refrendados por los colombianos.
Como esa siempre ha sido una promesa del Presidente Juan Manuel Santos, la reacción no se hizo esperar y varios sectores políticos pusieron el grito en el cielo. Tanto así que Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, tuvo que salir un par de horas más tarde a aclarar que la refrendación seguía en pie y que la opinión del fiscal Montealegre era personal.
“Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el Fiscal General tiene razón”, dijo. “Pero el Presidente ha estado y sigue firmemente comprometido con una refrendación que permita a cada colombiano expresar su auténtica convicción en el marco de la democracia”.
Diversos sectores también se manifestaran al respecto. Fabrizio Hochschild, coordinador residente de la ONU en Colombia dijo que un mecanismo de refrendación era necesario para la construcción de paz en el país, y Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, dijo que era un compromiso que el presidente tenía que cumplir.
Incluso las Farc escribieron en un comunicado publicado en su página web que la refrendación es indispensable para que la paz sea estable y duradera. “A nadie se le puede ocurrir, que en un proceso que hemos concebido realizar de cara al país, se pueda prescindir de la participación del pueblo en su construcción y en su implementación”, dijeron.
Los retos del referendo
El tema quedó ahí, pero el episodio dio pie a que en la opinión pública se abriera un debate que está reservado para el final de la agenda de las negociaciones en La Habana: definir cuál es la mejor manera de que los colombianos decidan si aceptan o no los acuerdos a los que lleguen el Gobierno y las Farc.
Hasta ahora eran dos las grandes opciones. La guerrilla desde el inicio ha insistido en que la fórmula sea una Asamblea Nacional Constituyente y el Gobierno en que sea un referendo.
La asamblea siempre ha sido una idea que la delegación oficial ha negado tajantemente. El referendo –que hasta ahora sigue siendo la opción más sonada– se enfrenta a varios desafíos. El primero es la participación ciudadana, pues históricamente los colombianos han sido apáticos para salir a votar, especialmente en jornadas electorales que no corresponden con elecciones regionales o nacionales. Un problema para tener en cuenta, pues para que la votación en un referendo sea válida, se necesita que el 10 por ciento del censo electoral –cerca de tres millones trescientas mil personas– deposite su voto en las urnas.
Por ese motivo el Gobierno hizo aprobar el año pasado una ley para que un eventual referendo por la paz se realice en las elecciones regionales del 25 de octubre de este año, lo que garantizaría la participación ciudadana. Pero ahí entra a jugar el segundo reto que enfrenta está opción: el tiempo.
El referendo requeriría que el Congreso estudie un proyecto de ley con los acuerdos de La Habana y que este sea aprobado en cuatro debates, luego tendría que ser revisado por la Corte Constitucional, un proceso que en algunos casos ha tomado más de seis meses.
Por eso, para que los colombianos acudan a las urnas para aprobar los acuerdos con las Farc al mismo tiempo que votan para las elecciones regionales, el proceso de paz debería llegar a buen término a más tardar en junio, algo que no parece fácil teniendo en cuenta que en febrero empieza la negociación de los temas más difíciles. Aún si se logra, los tiempos estarían apretados.
El tercer problema del referendo es la complejidad del mecanismo, pues los colombianos tendrían que leer todo el articulado de los acuerdos con las Farc y decir si aprueban cada uno de los puntos, por lo menos por eje temático. Algo que podría ahuyentar a los electores más perezosos.
Nuevas propuestas
Por eso, aunque el referendo sigue siendo la opción preferida por el Gobierno, en los últimos días han surgido nuevas propuestas de mecanismos que podrían facilitar la refrendación de los acuerdos.
En algunos círculos hablan de la Consulta Popular, un mecanismo mucho menos dispendioso que el referendo y que sólo necesita que el Presidente presente la pregunta a consultar respaldado por las firmas de sus ministros y con la aprobación previa del Congreso. También tendría que haber validación de la Corte Constitucional, pero el tarjetón final sería mucho más sencillo, pues debe tener una pregunta clara con sólo dos opciones de respuesta: Sí o No.
Pero para que la consulta sea válida necesita que la tercera parte del censo electoral de las últimas elecciones participe en las urnas y que el ‘Sí’ obtenga la mitad más uno de los votos.
Por otro lado, Roy Barreras, senador por el Partido de la U, propuso una especie de ‘séptima papeleta’ para que la refrendación de los diálogos sea más simbólica que real. Su idea está basada en el movimiento estudiantil que llevó a que en las elecciones presidenciales de 1990 los ciudadanos depositaran en las urnas una papeleta simbólica para impulsar una nueva constitución. El resultado fue la Constitución Nacional de 1991.
La propuesta de Roy no implica un umbral electoral mínimo y no es jurídicamente vinculante, pero podría convertirse en un fuerte mensaje de la ciudadanía si se hace en las elecciones de octubre. El problema es que si para ese entonces no se ha llegado a un acuerdo final en La Habana, los ciudadanos estarían ‘refrendando’ unos acuerdos que no conocen en su totalidad.
Una idea similar ya se llevó a cabo en el país. El 26 de octubre de 1997, cerca de 10 millones de colombianos votaron en las urnas un ‘mandato por la paz’ impulsado por algunos ciudadanos como Francisco Santos –hoy opositor del proceso de La Habana–, lo que llevó a que el Presidente Andrés Pastrana iniciara el proceso de paz de San Vicente del Caguan con las Farc, que fracasó en su intento de acabar el conflicto armado.
El otro problema de la Consulta Popular y la ‘séptima papeleta’ es que algunos sectores piden que la pregunta no sea general y que la ciudadanía tenga la opción de decirle ‘No’ a los puntos del acuerdo que no compartan y ‘Sí’ a los que les gusten.
El mini-congreso o la asamblea
Incluso el uribismo, la fuerza política que se opone a los diálogos, ha entrado a terciar en el debate. Ellos proponen un ‘mini-congreso’ escogido por elección popular y sin curules para miembros de las Farc, que debata y legisle sobre los temas acordados con la guerrilla.
Esa idea podría aplicarse con una Asamblea Nacional Constituyente limitada sólo a los temas abordados en los acuerdos con las Farc. En ese caso el ciudadano no votaría directamente, pero escogería a alguien que lo represente en el ‘mini-congreso’.
La idea es la más similar a la de la guerrilla, que propone una Asamblea Nacional Constituyente integrada por todas las fuerzas sociales y políticas (incluyéndolos) que en la discusión incluso vaya más allá de los acuerdos y legisle sobre los temas que quedaron pendientes, como la minería o los TLC. A eso se opone el Gobierno Nacional.
Lo cierto es que el tema es de grueso calibre y no se podrá definir nada hasta que no lo negocien en La Habana. Ese será el último punto de la agenda y el último escollo a superar para terminar definitivamente el conflicto armado con las Farc.
Una decisión que no se puede tomar a la ligera, pues de ella depende la legitimidad de los acuerdos frente a los colombianos y que tan estable y duradera será la paz que eventualmente se firme con la guerrilla.