CITEn la rueda de prensa que se llevó a cabo en el auditorio ‘Kimy Pernía Domicó’, el pasado 10 de agosto, los Pueblos, Comunidades y Autoridades Indígenas de Colombia, comunicaron su inconformismo frente al trabajo de los medios de comunicación que han generado desinformación en contra “del movimiento social y popular”, como se menciona en el comunicado:

“Los Pueblos, Comunidades y Autoridades Indígenas de Colombia, representadas a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT) y Autoridades Indígenas de Colombia AICO “Por la Pacha Mama”, con asiento en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas – MPC (Decreto 1397 de 1996), luego de analizar la actual coyuntura, COMUNICAMOS a la opinión pública y a la comunidad nacional e internacional que RECHAZAMOS enfáticamente la andanada desinformativa gestada en contra del movimiento social y popular, y en particular aquella en contra del Movimiento Indígena, por parte de los medios masivos de comunicación, a través de programas televisivos que dolosamente mienten y tergiversan sobre la verdadera situación de los Pueblos Indígenas en Colombia, e injurian y criminalizan a la dirigencia indígena por el ejercicio legítimo de los derechos. El programa Séptimo Día en particular, en sus emisiones del 26 de julio, 2 y 9 de agosto pasados realizó afirmaciones que no se corresponden con la verdad y la realidad integral, las cuales presentan abiertamente una posición política en contra de los derechos de los que somos titulares los Pueblos Originarios”.

Guiados por el principio de la UNIDAD, como Movimiento Indígena Colombiano manifiestan diez puntos específicos:

1. Es FALSO que el ejercicio de la Autonomía, derecho reconocido en instrumentos internacionales, en la Constitución Política, así como en la jurisprudencia nacional y regional, sea la causa de los problemas estructurales que afrontamos los 102 Pueblos Indígenas en Colombia, tales como el empobrecimiento, el abandono estatal, la discriminación, la desterritorialización, la impunidad, la desnutrición, y las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos y fundamentales, entre otros.

2. RECHAZAMOS todo acto de violencia física y sexual en contra nuestras niñas, jóvenes y mujeres, cometidos por comuneros indígenas. Al respecto, el Movimiento Indígena está tomando las medidas pertinentes enfocadas a investigar y judicializar estos casos, a través de las instancias pertinentes. Igualmente, RECHAZAMOS y CONDENAMOS, los actos de violencia sexual que cometen los actores armados ilegales y legales, que en los territorios indígenas abusan y emplean como estrategia de guerra el enamoramiento de niñas y mujeres de las comunidades. Estos hechos también son reprochables y deben ser investigados y juzgados.

3. Es FALSO afirmar los recursos públicos que constitucionalmente son asignados a los Resguardos Indígenas, y que corresponden al 0,52% del total del Sistema General de Participaciones-SGP (Ley 715 de 2001), están exentos de los controles fiscales y disciplinarios establecidos en la Constitución y la Ley. Todos los recursos públicos están sujetos a plenos controles por parte de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y adicionalmente, a controles institucionales internos.

4. Los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en la Constitución de 1991, en calidad de sujetos políticos y de especial protección, constituyen una piedra angular para la construcción del Estado Social de Derecho, pluralista, multicultural y diverso que se trazó en la Asamblea Nacional Constituyente, así como un mínimo reconocimiento a más de quinientos años de vejámenes, invasión, despojo, discriminación y tratos como menores de edad o incapaces. A los indígenas no nos han regalado nada,

5. RECHAZAMOS y ALERTAMOS al Gobierno Nacional y a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos sobre la estigmatización e información viciada sobre el Derecho Fundamental a la Consulta Previa, del que somos titulares los Pueblos Indígenas conforme lo establece el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Consulta Previa es una forma de participación de los grupos étnicos que contribuye a la democracia colombiana, no un obstáculo ni un desangre para las finanzas públicas del Estado.

6. Es responsabilidad del Gobierno Nacional, de sus instituciones y del Estado en general informar sobre la verdadera situación de los Pueblos Indígenas, así como concretar las políticas públicas dirigidas a garantizar efectivamente nuestros derechos. El empobrecimiento y discriminación estructural, la situación de vulneración de derechos humanos, la estigmatización señalamientos y la desterritorialización hacen parte de la estrategia de quienes han expropiado a sangre y fuego a las comunidades de sus derechos y territorios. El empobrecimiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas tiene su origen en la negligencia y abandono estatal y social de la cual como Pueblos Originarios hemos sido víctimas y de actores políticos y económicos particulares que pretenden imponer sus intereses económicos, elitistas, racistas y excluyentes.

7. REITERAMOS que nuestra lucha siempre ha sido pacífica, pero contundente. No hay vinculación a ningún actor armado por parte de la dirigencia indígena, siempre hemos sido actores y constructores de paz, que reivindicamos las acciones de paz por encima de la absurda guerra. La Guardia Indígena y demás formas de protección y control territorial propias han sido garantía de los derechos de las comunidades. RECHAZAMOS la estigmatización y señalamientos de la cual están siendo objeto nuestras justas luchas históricas que ha costado la sangre derramada de nuestros Mayores, líderes, lideresas y comuneros (as). En efecto, si el Estado cumpliera con su rol, la lucha legítima de las comunidades tendría otras formas; la única arma que empuñamos es la palabra y la conciencia, el bastón de mando, y nuestras propias manos para defender nuestra Madre Tierra.

8. PROPONEMOS al País un debate claro, riguroso, honesto, sobre el futuro de nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas, que constituyen parte de la riqueza humana, cultural y social de Colombia. Es imperativo dialogar de manera directa sobre el rol que nuestros Pueblos Originarios, la Madre Tierra, la vida y el caminar de la palabra tendrán en la definición de un país pensando para la terminación del conflicto armado y la construcción de la PAZ.

9. LLAMAMOS a nuestras comunidades a fortalecer el proceso de resistencia y defensa del territorio, de la vida, de la Madre Tierra y de nuestros derechos, reivindicando hoy más que nunca una PAZ incluyente y duradera en la que los Pueblos Indígenas tengamos un lugar.

10. CONVOCAMOS a desplegar todas las acciones políticas, jurídicas, de incidencia, movilización y resistencia, para la defensa y reivindicación de nuestros derechos, conforme las dinámicas propias de las comunidades y organizaciones indígenas.

Finalmente en la rueda de prensa se dio a conocer los Informes de DDHH de los años 2014 y 2015, informes que se adjuntaron respectivamente con su resumen correspondiente.

Ver el comunicado completo en Organización Nacional Indigenal de Colombiana -ONIC-