Justicia para la paz: dificultades y retos

Foto: Archivo particular. Universidad Nacional
Foto: Archivo particular. Universidad Nacional

Colombia está en un punto trascendental de construir y afianzar la paz, visto que las guerrilas colombianas, Farc-EP y ELN, están aportando al compromiso de la paz y hoy, 23 de septiembre, se tiene una expectativa alta sobre el anuncio del acuerdo sobre justicia transicional entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas.

Es por esto que queremos como Corporación resaltar el documento escrito por Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo, documento que se encontrará publicado en la edición Nº 20 de la Revista Arcanos de la Corporación Nuevo Arco Iris que se lanzará en los próximos meses.

El conflicto armado que padece Colombia hace más de medio siglo ha producido millones de víctimas, según las cifras oficiales, que son un subregistro de la barbarie, entre crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos se habrían producido: 5.3 millones de personas desplazadas forzadamente, 636 mil homicidios, 132 mil amenazados/as, 76 mil despojados/as, 93 mil desaparecidos/as, 30 mil secuestrados/as, 9.500 prisioneras y prisioneros políticos, 54 mil víctimas de algún acto de terrorismo, 10 mil víctimas directas de minas antipersonas, 6 mil casos de tortura, 6 mil de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, 4 mil casos de violencia sexual.

El conflicto armado interno continúa en medio de la posibilidad de una salida política negociada a la guerra, en este escenario se reabren las discusiones sobre los costos de la paz, los derechos de las víctimas, la justicia transicional y que tanta justicia es viable para alcanzar la paz, garantizando mínimamente los derechos de las víctimas.

Pareciera que Colombia por fin estaría cerca de superar la guerra y los largos años de terror que ha padecido. Las conversaciones en la Habana entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tomaron renovado impulso con la sexta tregua unilateral de las FARC y el acuerdo para el desescalamiento de la guerra, con la esperanza que pronto se inicien los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo no es la primera vez que se intenta terminar por la vía del diálogo los conflictos armados, la mayoría de ellos se han saldado a través de pactos que han concluido con amnistías o indultos -63 indultos y 25 amnistías desde 1820 hasta 2011.

Podría afirmarse que ha sido la ausencia de una movilización adecuada de la sociedad en defensa de sus derechos y en construcción de la democracia, lo que ha permitido que los escenarios de la violencia se reproduzcan cíclicamente.

Si bien en todo proceso de terminación de una dictadura o de conflicto armado a través del diálogo y la negociación, suelen pactarse distintas formas de impunidad a través de lo que ha dado en llamarse justicia transicional, donde se aceptan ciertas formas de verdad, de justicia y de reparación, lo cierto es que no hay modelos óptimos y las víctimas terminan siendo limitadas en sus derechos, cuando no la sociedad en su conjunto que termina asimilando que en aras de la paz,  los actores de la guerra gocen de distintos privilegios, los cuales serán más o menos amplios según la correlación de fuerzas lo determine.

Que los actores armados pretendan la impunidad total frente a sus crímenes y quieran imponerlo en una mesa de negociación es comprensible, porque es muy difícil que quien no ha sido vencido en combate ni sometido por el adversario, acepte como culminación del proceso irse a prisión. Lo que resulta cuestionable es que la sociedad o las comunidades que han sido afectadas en la vulneración de sus derechos más fundamentales, terminen aceptando que en aras de rendir el poder de las armas, sus verdugos escapen a la justicia, no tengan que redimir sus crímenes, ni pedir perdón, ni decir la verdad, ni reparar a las víctimas.

Si bien es cierto en Colombia todos los actores armados han cometido crímenes de carácter internacional, a la hora de establecer las responsabilidades históricas frente a los mismos, con las consecuentes cargas de responsabilidad política y penal, no se puede admitir tratamientos simétricos. Frente a estos crímenes, la verdad debe ser la memoria histórica que permita edificar un ethos de la convivencia social que no se resigna al olvido, ni al silencio, ni a la impunidad.

El Estado que se pretende legítimo con un orden constitucional y legal que tiene como presupuesto de la convivencia pacífica el respeto de los derechos humanos y el deber de garante a través de sus autoridades, en particular con el poder depositado en la fuerza pública, no puede pretender ser tratado frente a los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos, que constituyen prácticas de terrorismo estatal, como se trataría a cualquier actor armado de carácter irregular. Sin embargo este Estado que no reconoce la dimensión de los crímenes que él mismo ha provocado o promovido, hoy quiere únicamente la desmovilización de las guerrillas, mientras promueve la impunidad para sus propios agentes.

Pretender desarrollar fórmulas jurídicas para la desmovilización de las guerrillas, sin contemplar la desmovilización o depuración del establecimiento criminal incrustado en la economía, en la política y en el Estado, no es una apuesta para la paz, sino para la perpetración del statu quo y la violencia estructural. Por tanto la paz con garantías pasa, porque todos los responsables de crímenes internacionales contra la población colombiana se sometan a un proceso de justicia transicional.

Ver completo el documento en justicia para la paz dificultades y retos para leer temas como:

  • El Marco Jurídico para la Paz
  • ¿La CPI enemiga del proceso de paz en Colombia?
  • Propuesta de una Comisión Mixta de Alto Nivel de Garantías de No Repetición
  • La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
  • Hacia un Tribunal Especial de Justicia para la Paz

Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo

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