La Corte Suprema de Justicia determinó que los ex congresistas no pueden ser tratados como militantes del grupo armado ilegal, por lo cual no se les investigará por delitos de lesa humanidad que hayan cometido los paramilitares ¿Qué implicaciones tiene esta medida?
“Tras una pertinente e importante actividad de verificación, no se hallaron pruebas concretas de la participación de Jorge de Jesús Castro Pacheco, José Rosario Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives Lacouture, Salomón de Jesús Saade Abdala, Jorge Luis Caballero Caballero, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera y Alfonso Antonio Campo Escobar en crímenes de lesa humanidad o delitos contra la vida y la dignidad humana atribuidos al Bloque Norte de las AUC», se lee en el reciente comunicado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, fechado el pasado 30 de septiembre.
La decisión revierte la sentencia que esta misma había proferido hace cinco años, en la cual señalaba que los políticos que habían estado vinculados con grupos paramilitares debían responder por las conductas que estos tuvieron en el desarrollo del conflicto armado, entre ellas las masacres y las tomas a pueblos. Con lo cual el delito de lesa humanidad también les aplicaba por pertenecer a la misma estructura ilegal.
Sin embargo, ahora el ente señaló que en lo que respecta a estos ocho políticos no se había encontrado prueba alguna que los relacione directamente con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar, el cual al mando de ‘Jorge 40’ delinquió en la Costa Caribe y es sindicado de haber cometido más de 300 masacres entre 1997 y 2006, de haber desplazado a 700 mil personas y de haber planeado tomarse el poder político y las contrataciones públicas a través de los pactos de Pivijay y de Chivolo.
Varios de los políticos mencionados hicieron parte de lo que se denominó el ‘Plan Caribe’, una estrategia política de ‘Jorge 40’ que consistió en que Guillermo Hoenisgberg, alcalde de Barranquilla para el periodo del 2004, apoyara a candidatos al Congreso que contaban con el respaldo de los paramilitares, entre los que se encontraban Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof, entre otros.
El plan caribe de ‘Jorge 40’
Aun así, argumenta la providencia que a noviembre de 2013, según la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, no se contaba con información acerca de imputaciones contra ex parlamentarios en relación con ese tipo de delito, información que un mes más tarde sería ratificada por la Unidad de Derechos Humanos. Sumado a ello, la Corte concluyó que no se puede juzgar a los políticos como si fuesen parte de la estructura militar del grupo al margen de la Ley.
La polémica
La discusión se desata al ser solo algunos de los parapolíticos investigados los beneficiados. Según fuentes consultadas por VerdadAbierta.com la decisión tiene que ver con la actual composición de la Corte, que en su mayoría es de la región norte del país, con lo cual, a juicio de las fuentes, favorece a los ya mencionados políticos.
A ello se suma, que en varias ocasiones los magistrados han tumbado, en segunda instancia, tutelas a favor de la víctimas, la más reciente, la interpuesta contra el ex senador del partido liberal, Dieb Nicolás Maloof Cuse.
Maloof, quien fue el primer senador condenado por parapolítica, es investigado por el asesinato de Nelson Mejía Sarmiento en 2004, entonces alcalde del municipio de Santo Tomás, Atlántico. Proceso que según la Corte Suprema de Justicia sigue en investigación pero que, a juicio de los abogados de las víctimas, puede ser levantado al considerársele como un crimen orquestado por las Auc.
Ahora bien, ¿es posible que los demás condenados por parapolítica invoquen al principio de igualdad para buscar las mismas condiciones jurídicas de estos ocho? Según Ricardo Cifuentes, abogado del ex congresista Miguel Pinedo (también condenado por parapolítica), sí habría posibilidad de recurrir a esa figura. Esto significaría que 60 ex parlamentarios podrían obtener algún beneficio. Sin embargo, la Corte ha dejado claro que las investigaciones continúan y que si se llega a comprobar la participación de los ex senadores, la decisión se puede reversar.
Además, sólo lo podrían hacer quienes no hayan sido condenados, es decir, casos como el del ex senador Álvaro García, condenado por ser responsable de la masacre de Macayepo, seguirán su transcurso normal en la justicia
Cifuentes también señaló que hay mucha gente juzgada que no tiene nada que ver con el proceso de la parapolítica y que “si el hecho de haber hablado con un ‘para’ o algún actor ilegal da cárcel, pues entonces muchos tendríamos que estar presos. Se usaron una cantidad de falsos testigos para aportar pruebas y con ello llevar a los políticos a la cárcel, con lo cual se marcó un proceso doloroso para la historia de la patria que en buena hora la Corte corrigió”.
Para Ariel Ávila, investigador la Fundación Paz y Reconciliación, la decisión de la Corte es un retroceso en materia de justicia y un mal mensaje para la mesa de diálogos de La Habana. “Lo que se está haciendo es abrirle una vez más las puertas a la impunidad para que no se toque a los investigados, quienes han orquestado parte de las acciones militares del Bloque Norte” aseguró.
De igual manera, para el abogado defensor de víctimas José Humberto Torres, la decisión de la Corte atenta contra la gente, “no se están brindando las garantías de no repetición, las relaciones entre políticos y criminales no pueden ser evaluadas como casuales”.
Ambos coincidieron en señalar que de llegar a darse algún caso de impunidad referente al fenómeno de la parapolítica, estos debían ser investigados en la Jurisdicción Especial para la Paz, recientemente creada en el acuerdo de justicia entre las Farc y el Gobierno. “Yo espero que la JEP no deje pasar por alto, en materia de justicia, lo que la Corte ha hecho retroceder” señaló Ávila.
Por ahora, la decisión de la Corte está tomada y solamente puede cambiar en la medida en que la investigación arroje elementos contundentes que demuestren la participación directa de los políticos mencionados con los crímenes cometidos por los ‘paras’.
Las víctimas y sus abogados, por su parte, preparan un documento que expondrán a organismos de derechos humanos a nivel internacional donde pedirán que no se pase por alto la relación que hubo entre los grupos al margen de la Ley con los políticos para cometer crímenes, desplazamientos y asesinatos selectivos.
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