Un sí para la paz que parece un no

José GirónEl 19 de este mes, los gremios económicos hicieron entrega al gobierno de un documento en el cual consignan su posición, frente al actual proceso de negociación que se lleva a cabo en La Habana entre el Gobierno colombiano y la organización insurgente FARC. No puede ocultarse la importancia de este documento, toda vez que este hecho ocurre cuando se considera que el proceso de paz ha entrado en una condición de irreversibilidad. Llama la atención al respecto, lo poco que se han ocupado de él los medios de comunicación y los analistas y quienes lo hicieron, destacaron un apoyo omitiendo los muchísimos bemoles que le fueron colgados.

La posición de quienes son poseedores de la riqueza respecto a la posibilidad de dar por concluida una guerra, como la que ha sufrido Colombia, reviste la mayor importancia, pues se trata ante todo de conocer de qué talante es su compromiso en la visión compartida de sociedad, que tenga como centro superar las inequidades y exclusiones pero también, los cambios que propiciarían una democracia vigorosa. De la paz se dice que es un buen negocio y esto lo es por lo menos por dos razones fundamentales: la guerra se puede tragar todos los recursos que desee una sociedad y no deja sino destrucción, en cambio, estos mismos recursos utilizados para la paz siempre harán una sociedad más justa y democrática, por lo tanto más libre pues impera la construcción. Pero tal vez lo más importante, evitar el daño en vidas y con ello, la impronta de la victimización que deja cicatrices difíciles de borrar, expresadas en una sociedad en la que se ha alterado de manera profunda la calidad de las relaciones por imperar el miedo, la desconfianza y el pesimismo. No podría ser lo mismo el desarrollo económico en medio de la guerra que el que podría darse en unas condiciones de paz.

Esto que parece demasiado obvio no lo ha sido en el caso colombiano. La élite de la cual hacen parte los sectores económicos, históricamente han encontrado en la guerra una manera bastante eficaz de preservar sus intereses, lo cual puede explicar el hecho reciente de su actuación, como un solo bloque, cuando la Seguridad democrática les propuso el impuesto de guerra.

Miremos algunos de los planteamientos del documento aludido.

Respondiendo a la pregunta del ¿por qué negociar? , el Consejo Gremial señala que: “No porque se crea que la causa subversiva sea justa en sus móviles y procedimientos; tampoco porque los alzados en armas tengan la capacidad de amenazar la estabilidad de la República. En lo esencial, las razones son humanitarias. La violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley, y la generada por grupos irregulares que se formaron para combatir la guerrilla, ha causado numerosas víctimas, en especial pertenecientes a los estratos más pobres de la población en zonas rurales”.

El texto es bien claro: Se parte de la tesis del Estado y de la sociedad víctima. En lo que ha ocurrido no hay causas de orden estructural, el tema del histórico despojo violento de las tierras como todas las condiciones que se han perpetuado y profundizado por más de 50 años, la inequidad y la exclusión, hacen parte de un  sofisma o una argumentación que no tiene asidero en la realidad. Por lo tanto acá no hay sino un responsable: La insurgencia. Presentadas las cosas así, la conclusión no podría ser  distinta a que, de nada se le puede responsabilizar a los gremios económicos y que si algún papel les corresponde, no sería otro que el estrictamente humanitario. Por  ello les preocupa que la Jurisdicción Especial para la paz pueda implicarles cuando ésta se concibe de aplicación universal y ajena a fueros e inmunidades.

El texto es bien claro: Se parte de la tesis del Estado y de la sociedad víctima. En lo que ha ocurrido no hay causas de orden estructural, el tema del histórico despojo violento de las tierras como todas las condiciones que se han perpetuado y profundizado por más de 50 años, la inequidad y la exclusión, hacen parte de un  sofisma o una argumentación que no tiene asidero en la realidad. Por lo tanto acá no hay sino un responsable: La insurgencia. Presentadas las cosas así, la conclusión no podría ser  distinta a que, de nada se le puede responsabilizar a los gremios económicos y que si algún papel les corresponde, no sería otro que el estrictamente humanitario; por  ello les preocupa que la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, pueda implicarlos cuando ésta se concibe de aplicación universal y ajena a fueros e inmunidades.

“Con relación a la materia de la que el Tribunal se ocuparía, se dice que ella versará sobre crímenes cometidos en el contexto del conflicto, de manera directa o indirecta. Para el derecho penal liberal, la imputación y, por lo tanto, la pena, dependen de actuaciones personales, bien sea como autores, materiales o intelectuales, cómplices o encubridores. La posibilidad de responsabilidades indirectas nos genera preocupaciones. Consideramos necesario, por lo tanto, que esta cuestión sea objeto de precisión”.

Con relación al primer punto de la agenda, los intereses son bien precisos:

“Lo acordado en el primer punto sobre Desarrollo Rural Integral solo tiene cabida o aplicación en tanto no riña con la línea roja de la no negociabilidad del modelo de desarrollo en general, del cual hace parte».

“Las propuestas que se hagan sobre Desarrollo Rural Integral y las soluciones a la pobreza rural deben partir del respeto a la propiedad privada garantizando la seguridad jurídica de la misma”.

“Por lo tanto, instrumentos como la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública, y la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, si bien preexisten en la legislación colombiana, deberán ser revisados y reglamentados en su aplicación, en un marco de garantía del debido proceso y la legítima defensa de los propietarios legales de la tierra”.

Lo cual dicho de otra manera es, sí a la negociación, pero nada de aquello que pueda modificar el statu quo de la propiedad.

Preocupa que el Presidente se identificara con todo esto: “Los puntos que acaba de leer el doctor Bruce Mac Master los suscribimos totalmente. No hay la más mínima diferencia entre esos puntos y la posición que el Gobierno ha venido sosteniendo y sostendrá hasta el momento en que firmemos los acuerdos y luego cuando los comencemos a implementar”.

Esperemos que no estemos frente a una nueva celada de usanza a lo largo de este conflicto armado. No sobra reiterar que la paz tiene sus costos y éstos no son sólo económicos, si de veras se ha llegado al convencimiento de que no debe  haber lugar a la repetición. La verdad es uno de los costos mayores y es en donde habría mayores resistencias, y los empresarios  no pueden ser una excepción.

José Girón Sierra
Observatorio de Derechos Humanos – Instituto Popular de Capacitación

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