Foto: Sebastian Paez

Foto: Sebastian Paez

En el marco de los diálogos de Paz en la Habana entre el gobierno y las FARC y la inminente apertura de la mesa de negociación con la guerrilla ELN, uno de los principales objetivos de la insurgencia es trascender de la lucha armada a la disputa política. Las guerrillas han comprendido que este es el momento de ponerle punto final a la guerra y empezar a dirimir esas diferencias históricas desde el ejercicio de la democracia. Justamente una de las demandas de las FARC es exigirle al gobierno que brinde las garantías necesarias para la participación política de los desmovilizados.

Sin embargo, las últimas elecciones nos llevan a plantear un problema que es moneda corriente en Colombia, irregularidades y fraude electoral con compra de votos y trashumancia, sin dejar de lado la cultura de violencia política que busca eliminar al adversario para sacarlo del camino de la disputa electoral. Hay que aceptar que éstas son prácticas que siguen vigentes en el territorio nacional -aunque en menor medida en los grandes centros urbanos- pero en territorios alejados y municipios más pequeños es constante, es más evidente, y lo peor es que muchos delitos electorales quedan en la impunidad.

El caso de Pueblo Bello en el Cesar, un municipio conformado por el 70% de población indígena, es un típico ejemplo de las conductas violatorias que se deberían erradicar. Por primera vez en la historia, el Pueblo indígena Arhuaco decidió participar en las elecciones que se llevaron a cabo en octubre del año en curso, con un candidato propio, Saúl Mindiola, que fue apoyado por la comunidad indígena de forma masiva. Pero luego de quedar en segundo lugar a 157 votos del ganador, la Confederación Indígena Tayrona –CIT- hizo pública una denuncia de fraude electoral por compra de votos y trashumancia.

El Municipio de Pueblo Bello nace jurídicamente en la reforma constitucional de 1991, pero sin consultar previamente a la población nativa, siendo obligatorio por tratarse de territorio indígena. El artículo Nº 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- señala que los pueblos indígenas en sus territorios deberán ser consultados en relación con los temas que los afectan, exige que todos los pueblos puedan participar de manera informada y que las consultas deben realizarse a través de procedimientos apropiados y de buena fe.

El 28 de noviembre de 1990, la comunidad indígena sufre el asesinato de sus mamos gobernadores cuando éstos se dirigían a Bogotá para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. El Mamo es un guía que representa el conocimiento, un orientador de la ley de origen y es la máxima expresión de sabiduría de la cultura. Para el Pueblo Arhuaco, perder a sus “mamos es como si le hubieran quitado la cabeza a la Sierra Nevada de Santa Marta”, así lo expresa una indígena, miembro de pueblo Arhuaco. Ya son 25 años de impunidad de la desaparición de los mamos y todavía no se sabe quién los mató ni tampoco porqué los mataron.

Un episodio más reciente se generó el 9 de noviembre del 2012 cuando un concejal de Pueblo Bello, Saúl Barrientos Ortíz, intentó asesinar al gobernador del Cabildo Arhuaco y líder indígena, Rogelio Mejía Izquierdo. Pasaron más de dos años para que finalmente capturaran al concejal por tentativa de homicidio. Nuevamente un hecho de violencia política.

¿Hasta cuándo seguirán sucediendo estas prácticas avaladas por una cultura violenta, homicida y de desigualdades? ¿Se están brindando las garantías necesarias para que el conflicto armado se transforme en diálogo y participación de toda la sociedad colombiana? Es inequívoco el camino del fin del conflicto armado y la construcción de Paz: la democracia y la participación tienen que ser el nuevo escenario. El Pueblo Colombiano merece la oportunidad de participar y de elegir. ¿Por qué cerrar el camino a los nuevos, a los que se animan, a los que quieren participar? Y más aún ¿Por qué no respetar la elección popular? Colombia tiene que ser para todos, para los que piensan diferente, para quienes tienen distintos intereses, y sobre todo, hay que incluir a los excluidos.

Entonces no imaginemos sólo a la insurgencia queriendo participar en la política. ¿Qué pasa con los Afrodescendientes? ¿Qué ocurre con las Comunidades Indígenas y los Campesinos? Si cuando ellos deciden participar porque están cansados de los atropellos, de sentirse marginados, cansados de ver cómo le roban sus tierras o como arrasan con el medio ambiente, los dueños del poder los mandar a callar, los obstruyen, los engañan, les hacen trampa y también los persiguen y los matan.

¿Así vamos a construir Paz? Debemos reflexionar que la firma final del acuerdo terminará con una parte del conflicto armado pero es sólo el comienzo y nos compromete a todos.

Por: Matías Galasso