logo_cnaiLa Constitución de 1991 en su artículo 22 consagra la paz como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, recogiendo el espíritu de reforma pactada por diversos sectores sociales, políticos y económicos ante la profunda crisis institucional y de violencia de finales de los años 80 en Colombia. Muy diferente de la imposición autoritaria, producto de la derrota del liberalismo radical en la guerra civil de 1885, cien años antes, de la que había nacido, la Constitución centralista y confesional de 1886.

Ese espíritu de reformas pactadas impregna los acuerdos de La Habana, donde el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc-Ep negocian el fin del conflicto armado de medio siglo que tanto sufrimiento, destrucción, división y odio trajo a la población colombiana. Por eso celebramos con alborozo la firma del acuerdo logrado en la Mesa de negociación del Punto 3 “Fin del Conflicto” que consagra el “cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo”.

De la importancia de este acuerdo, el quinto desde que se instaló la Mesa de diálogos en 2012, habla el unánime respaldo y acompañamiento de la comunidad internacional y el entusiasmo que despertó en amplios sectores de la ciudadanía. A los acuerdos sobre Reforma rural integral, Participación política, Solución al problema de las drogas ilícitas, y Víctimas del conflicto armado, se suma la certeza del fin de la guerra con el compromiso de la dejación de armas por parte de las Farc-Ep y las garantías para su transformación en una fuerza política legal. La rica experiencia internacional en los mecanismo de DDR (dejación de armas, desmovilización y reintegración a la sociedad) y el acompañamiento en la verificación de la implementación por parte de la ONU y la CELAC serán fundamentales para la concreción del acuerdo final.

El resultado de este proceso de solución negociada del conflicto armado debe ser el enriquecimiento y fortalecimiento de la democracia colombiana: no solamente porque reivindica la acción y participación política sin armas, sino porque potencia los valores democráticos del libre juego de las ideas y propuestas de sociedad, de la tolerancia y la libertad, sin persecución por razones políticas ni estigmatización por reivindicaciones sociales.

Por supuesto que la firma de los acuerdos finales es sólo el principio de la construcción de la paz. El escepticismo sobre la paz de sectores sociales y de opinión no proviene solamente de la propaganda de los grupos guerreristas y su estrategia de sembrar temor y odio, sino de la desinformación y la ausencia de una amplia, extensa y profunda pedagogía de paz a lo largo de todo el territorio nacional. Es el momento de emprender la campaña por la refrendación que es uno de los más importantes acuerdos anunciados hoy en la Mesa de La Habana.

Pero a mediano y largo plazo la reconciliación entre los colombianos y el fortalecimiento de un espíritu de convivencia, requiere de la promoción de una cultura de paz. Que no es solo el cese de la confrontación violenta por causas políticas y sociales sino la construcción colectiva de una sociedad más justa e incluyente.

A comienzos de los 90 una ola de negociaciones políticas culminó en la reintegración a la vida civil de varios grupos guerrilleros. La paz era una esperanza que naufragó en la continuación y degradación de la guerra no resuelta con reformas profundas que tocaran las causas reales de la confrontación. Esa esperanza parece reverdecer con las negociaciones en curso, pero ella no depende solo de sus resultados sino del pacto con la sociedad, el verdadero sujeto de las transformaciones políticas y sociales, de esas reformas que no pueden seguir postergadas si realmente queremos conseguir la paz estable y duradera.

Fernando Hernández Valencia
Director Ejecutivo Corporación Nuevo Arco Iris