Foto: Archivo El Tiempo

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La historia de la lucha por la tierra se remonta al año 1500, con la llegada de los españoles, quienes después de dejar una estela de muerte y destrucción de los aborígenes, no solo usurpaban sus riquezas, sino sus derechos, al mando de Cristóbal Colón, quien investido del poder impuso la forma de gobierno de la realeza española, donde el modelo económico imperante hacía que el 96 % de las tierras estuviese en manos de solo el 3 % de propietarios especialmente de los familiares de los nobles y de sus adeptos más cercanos, militares y civiles, mientras que el 93 % de la población solo poseía el 4 % de la tierra, modelo de tenencia que fue trasladado a las nuevas tierras de América.

En Colombia, con las 36 guerras civiles no generalizadas, y las 8 guerras civiles generalizadas, que han producido cientos de miles de muertos, y el despojo al menos de 12 millones de Hras, al terminar dichas guerras, especialmente para ser entregadas por los ejercicitos perdedores, a los ejércitos ganadores, en pagos por las derrotas, de allí el poder de las castas liberales y conservadores.

El poder político regional, emana del poder económico representado en la tierra, hoy el 14 % de los más poderosos poseen el 87 % de las mejores tierras, mientras que el 80 % de la población solo posee el 5 % apta para la agricultura y la ganadería. Hace entonces cinco siglos y desde el inicio de la llamada “Conquista” que comenzó la guerra por la tenencia de la tierra en Colombia, y cinco siglos después seguimos siendo un país feudal, la tierra en manos de las elites criollas.

En lo más reciente, según el informe de desarrollo humano adelantado por el profesor Absalón Machado, 15 mil propietarios tienen 49 millones de hectáreas, mientras que 1,5 millón de familias no poseen un sólo centímetro de tierra, la propiedad de la tierra ha generado una gran violencia del latifundio contra los campesinos del país.

Estudios indican que en el país hay 2,6 millones de predios rurales particulares que pertenecen a 3,5 millones de propietarios y corresponden a cerca del 56 % del total de la superficie (o sea 68 millones de hectáreas de las 114 millones) con que cuenta el País. El 57,3 % de esos 3.5 millones de propietarios, poseen predios inferiores a tres hectáreas, Mientras que menos del 1 % de las familias más poderosas de este país, es propietaria de predios superiores a 500 hectáreas, localizados en el 61,2 % del área total de la superficie.

El conflicto por el uso del suelo está reflejado en que el 62,3 % del territorio nacional se utiliza para actividades que no tienen nada que ver con su vocación natural, es el caso de la ganadería, en la cual se usan cuatro veces más de las tierras con disposición agrícola (alrededor de 10,2 millones de has), mientras que en agricultura sólo se emplea una tercera parte de los suelos aptos (es decir 3,9 millones de has). Según el ministerio de Agricultura, hoy día, de las 114 millones de hectáreas de superficie continental que el país registra, solo 4.9 millones de hectáreas son destinadas a la producción agrícola, mientras la ganadería usa 38 millones de hectáreas, con un hato de 23,6 millones de reses, es decir, 1,6 cabezas por Ha. Según el DNP solo el 21,4 % de los dueños de la tierra tiene títulos legales, el 63,6 % de los campesinos no tiene ningún activo. Según el IGAC, de las 38 millones de hectáreas que actualmente están destinadas a la ganadería, sólo 19.3 millones tienen vocación ganadera y sólo cinco millones de hectáreas son de pastos mejorados.

La problemática de la población Campesina, Afro e Indígena, radica en que como pequeños y medianos productores alcanzamos el 30 % del total nacional, e incluye 373 cabeceras municipales con baja población, y jugamos un rol predominante en la economía agropecuaria y generación de empleo e ingresos, constituimos el 12 % de los hogares de Colombia, representamos la mayoría de los hogares en el sector agrícola; conformamos el 90 % de la mano de obra agrícola, cosechamos la mitad de área sembrada en cultivos y tenemos considerables partes de la ganadería (entre 12 y 40 %) de la densidad nacional. Sin embargo la mayoría de los hogares rurales (65 %) vivimos en condiciones de pobreza, y el 33 % en pobreza extrema, además, registramos una alta informalidad en la posesión de nuestros predios y es limitado el acceso a la tenencia de la tierra y a las fuentes de crédito, asistencia técnica y tecnología.

A esta realidad de abandono Estatal y desigualdad social, le agregamos el cómo ha sido afectada la población de Montes de María y los municipios que lo circundan, por la acción del conflicto social y armado, lo que un proceso de posconflicto o pos acuerdo debe entrar a reparar y evitar una repetición de los actos victimizantes.

En Montes de María ocurrieron 3.256 homicidios entre 1990 y 2012, de los cuales 1.472 ocurrieron en Sucre, y 1.784 en Bolívar, de allí que de los 430.000 habitantes de los quince municipios, 234.098 fueran obligados a desplazarse entre 1997 y 2010, lo que representa el 55% de la población, y que de éstos el 70,8 % abandonó, no solo su tierra sino otras pertenencias como ganado y otros animales, mientras que el 46,9 % también abandonó cultivos; el 49,1 %, abandono maquinaria, equipo o vehículos; y el 22 %, infraestructura productiva.

Lo curioso de todo es que una vez es expulsada la guerrilla de Montes de María, a partir del año 2007 cerca de 25 compañías agropecuarias se dedicaron a la compra masiva de las tierras abandonadas, por los campesinos.

Por José Macareno Acosta
Sincelejo
PROCESOS SOCIALES POLÍTICOS Y CULTURALES MONTES DE MARIA