María Cristina Arias Pulido

María Cristina Arias Pulido

Desde hace algún tiempo Colombia se debate entre múltiples dilemas. El país ha sido invitado en varias ocasiones a la polarización ya sea en torno a personas, propuestas o temas. Hemos tenido el: Petro o Peñalosa, el Santos o Uribe, las marchas por el modelo tradicional de la familia, el Sí o el No en el plebiscito, en fin… expresiones aparentemente aisladas de la descortés invitación a seguir haciéndonos daño entre colombianos y a que arropemos y cuidemos como tesoro nacional la guerra. Y digo aparentemente, porque me identifico plenamente con el columnista que en estos días planteaba que, todo esto tiene intereses comunes en el trasfondo.

Pero si tomamos en cuenta que las vidas que se han perdido en esta guerra son mayoritariamente las de nuestras hijas e hijos; que, los despojos de proyectos de vida e incluso de tierras y bienes materiales los sufrimos nosotros y nosotras, así como la falta de oportunidades para garantizar una vida digna, las preguntas que quedan rondando en nuestra cabeza son: ¿por qué los ciudadanos y ciudadanas de a pie aceptamos la invitación?, ¿por qué le seguimos apostando a la intolerancia, a la violencia y al desconocimiento de los derechos humanos?

Estas preguntas invitan a pensar aún más allá, respecto a lo contradictorio de un país que, por un lado, logra plasmar en su constitución lo más avanzado del respeto a los derechos humanos e importantes intentos de fortalecer la participación popular y por el otro, es incapaz de parar las permanentes violaciones a esos mismos derechos humanos o de evitar que se lleve a una formalidad inofensiva la participación, negando que se concrete en el plano de las decisiones e impulsando que desde el estado, se convierta a los movimientos, a las organizaciones y a los líderes y lideresas sociales en apéndices del gobierno de turno.

Parece que tenemos el corazón dividido, o en otras palabras, un proceso bastante desordenado de construcción de una cultura ciudadana que esté a la altura de propuestas y logros como los de nuestra constitución y sus desarrollos en legislación.

La frase “el hecho precede al derecho”, nos cuenta un poco de dónde surgieron los desarrollos de la legislación, por ejemplo, respecto a los mecanismos alternativos para la solución de conflictos que contempla la ley y que fueron compilados inicialmente por el Estatuto creado para tal fin con el decreto 1818/98. En la historia no oficial se registra cómo existen muchos territorios en Colombia, donde el Estado no ha hecho presencia de manera permanente y dado que, en los grupos humanos de estos territorios, se presentaban diferencias que debían ser resueltas, recurrieron a la creación de espacios y validación de personas como jueces “naturales” para arreglar dichas diferencias. Aquí se pueden mencionar comunidades étnicas o campesinas que desarrollaron este tipo de mecanismos y los cuales trascendieron luego a la ley y a la cotidianidad de grupos tan diferentes de sus iniciadores, como el empresariado urbano.

Otro fenómeno que no registra esa historia oficial, tiene que ver con que en esas experiencias se daba más importancia a reparar el daño y buscar la satisfacción de los implicados, que a castigar al ofensor. Lógicamente se apuntaba a solucionar un problema y no a crear otras necesidades con la imposición de castigos. En otras palabras, se negaba por sentido común la base doctrinaria del derecho romano, el cual fue asumido por la justicia colombiana, la que pone como elemento central ¡el castigo! y no la reparación del daño.

Cuando conocemos esta historia no oficial, nos llenamos de optimismo y decimos emocionados y emocionadas: ¡hay con quien! Si estas comunidades lo lograron, el país lo puede lograr; es decir, puede construir un tipo de ciudadanía que reconozca los derechos y deberes de cada quien, y propenda por cimentar una identidad nacional, basada en la convivencia pacífica y respetuosa de los derechos propios y de los conciudadanos.

Sin embargo, los procesos sociales no son lineales, puros ni están predestinados. En aras de controlar a grandes grupos humanos y a perpetuar poder y riqueza en pocas manos, se han implementado modelos sociales que imponen a la gran mayoría condiciones económicas precarias y que presentan la cultura individualista y dependiente de un poderoso grupo minoritario, como la única manera de sobrevivir. El economista chileno Manfred Max Neef, habla de que en estas condiciones se crean patologías o enfermedades sociales; una de ellas, es la aceptación de la violencia como forma cotidiana de relacionamiento y vía para la solución de los problemas de un país.

Una sociedad polarizada y enferma de violencia es más fácil de controlar. Un grupo humano enardecido, manifestándose en la calle, porque se siente amenazado por personas que son “diferentes” a su prototipo de normalidad, difícilmente cuestiona la corrupción; o la enajenación del Estado por unos pocos, o el incumplimiento del deber de ese mismo Estado de garantizar la honra, vida y bienes de sus ciudadanos; o el establecimiento de leyes, entendidas como reglas de juego sociales, cuando estas agreden y arrinconan a la gran mayoría de la población.

Y entonces, se crean “cadenas de inconsistencia”, donde poco a poco se debilita y reemplaza la ética ciudadana por un compendio de expresiones como “¡el vivo vive del bobo!”, asumiendo como bobo a quien respeta las reglas de juego establecidas por las sociedades o los grupos humanos y validando la corrupción, la violencia y el abuso. Un ejemplo de esta cadena, es el sistema de transporte masivo en Bogotá. Por razones que escapan a nuestro entendimiento, ninguna de las diferentes administraciones distritales o nacionales, le han exigido a los constructores y a los operadores del sistema el cumplimiento de unos mínimos requisitos para garantizar la seguridad y ofrecer condiciones dignas de transporte a sus clientes (los habitantes de Bogotá). Obviamente estos constructores y operadores, sienten que no tienen ninguna obligación para con el Distrito o sus habitantes, ya que parecía estar claro el pacto que les permitía hacer un negocio con un buen volumen de ganancia sin realizar mayor inversión en garantizar la calidad del sistema. A su vez, ciertos segmentos de usuarios del servicio, sienten que pueden inventar su “propia revancha”, saltando el torniquete o ingresando por las puertas de los buses a las estaciones.

Como se puede ver retomando nuestra reflexión, los y las colombianas somos capaces de crear lo más sublime y de cometer los peores crímenes, de entregarnos enteros por cualquier causa noble y cotidiana que nos convoque o de condenar a muerte a niños y niñas por desnutrición física o segregación social, de firmar un acuerdo de paz con uno de los actores armados y de oponernos al establecimiento de un sistema de convivencia escolar que propenda por el respeto a la diversidad y a los derechos humanos. Somos, en fin, capaces de realizar un pacto de paz del tamaño de nuestra constitución y seguir comprando el discurso que cada día nos venden los mercaderes de la guerra.

En tanto desorden mi amada Colombia ¿cuándo encontraremos la ciudadanía que se nos refundió?, ¿cuándo seremos conscientes de nuestros derechos para reclamarlos con dignidad y rechazaremos las “limosnas” de cualquier poderoso que ha llenado sus arcas con métodos corruptos o con privilegios no construidos a partir de la cultura del trabajo?

María Cristina Arias Pulido
Programa Territorio Paz y Desarrollo
Bogotá, Agosto de 2016