Las instituciones nacionales e internacionales deben no sólo prometer seguridad en los territorios y a líderes, sino garantizar su completo cumplimiento en la práctica para dar fin a la ola de asesinatos y atentados a quienes luchan por hacer valer los derechos humanos de los mismos colombianos.
El último trimestre en Colombia ha sido de un tinte claroscuro por donde quiera que se mire, en economía, política, social e historia. En la gran mayoría ha sido más oscuro que claro y esto haciendo énfasis en los asesinatos que se han venido conociendo en el país, a distintos líderes sociales en regiones como Nariño, Meta, Caquetá, Cauca, entre otros.
En el programa radial de Sintonízate con la Paz del pasado 23 de noviembre, Camilo Fagua Abogado de la Fundación DHOC afirmó que ““estos asesinatos a líderes sociales en especial en lo que tiene que ver a Marcha Patriótica se vienen presentando desde el año 2011 y hasta la fecha han generado más de 124 asesinatos”, un hecho de relevancia que preocupa y “da muestras de la falta de seguridad para los líderes sociales defensores de DDHH hombres y mujeres de todo el país”, menciona igual que el segundo dato de violencia en lo corrido del año corresponde a la Cumbre agraria que ha dado cuenta de 70 asesinatos ocurridos en todo el país.” (Ver Los asesinatos a colombianos tienen que acabar)
No sólo han sido hechos que ponen fin a la vida de distintos activistas sino atentados, que aunque no han terminado en muertes sí han causado heridas graves. Algunos de los bastos nombres que registra Marcha Patriótica y por los que se exige justicia son:
- Didier Losada Barreto, asesinado, 18/11, Meta. Integrante de ASCAL -G, (Asociación Campesina de San Juan del Lozada Guayabero) asesinado en su propia casa, según testigos, por un encapuchado.
- Erley Monroy, asesinado, 18/11, Caquetá. Líder campesino de San Vicente del Caguán, miembro de ASCAL -G, y fue candidato a la asamblea por el departamento. Monroy había denunciado señalamientos por parte del alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, del Centro Democrático.
- Hugo Cuellar, herido, 19/11, Meta. Campesino, presidente de la junta de la vereda la Victoria de la Macarena Meta y miembro del comité de DHOC de esta vereda. Según testimonios recibió varios impactos de bala mientras forcejeaba con los agresores.
- Rodrigo Cabrera, asesinado, 19/11, Nariño. Campesino de 39 años de edad que se dirigía a la Vereda Rosales del Corregimiento de Altamira cuando dos hombres encapuchados le propiciaron doce disparos. Cabrera era líder de su comunidad en el corregimiento Altamira.
- Danilo Bolaños Díaz, atentado, 19/11, Nariño. Delegado de comunicaciones de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño ASTRACAN, Secretario de la sub directiva de Leiva, integrante de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes –FIC- y de la organización política Juventud Rebelde. Viajaba de Leiva a La Unión, el atentado fue entre Mercaderes y la Unión y se produjo a tres horas de la asistencia del compañero al Cabildo por la Paz que estaba desarrollando ANZORC desde hacía dos días. Aunque exponen que se pudo tratar de un atraco están abiertas distintas posibilidades.
Colectivos, medios de comunicación, pobladores y comunidades han denunciado también la desaparición de Hannier Hurtado el 31 de octubre en Valle del Cauca.
A raíz de lo sucedido, diferentes sectores se pronunciaron haciendo un llamado de emergencia a la comunidad nacional e internacional. La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), por medio de un Comunicado público el sábado 19 de noviembre, dijo:
“Es hora de que se pasen de resultados de “avances” en las investigaciones por parte de las instituciones del Estado, a acciones reales de desarticulación de los grupos paramilitares, de ultraderecha, que evidentemente están continuando las formas sistemáticas de exterminio contra organizaciones de oposición al régimen establecido […] Rechazamos los asesinatos y acciones sistemáticas que permanecen en las regiones y a lo cual vemos con preocupación que persisten ante la inefectividad de las investigaciones y acciones contundentes por parte del Estado”
Así mismo las Farc –EP “repudiaron” y se pronunciaron frente a la muerte de Erley Monroy y de más miembros de ASCAL-G. Por un lado los Guerrilleros de las FARC-EP/ PPT EL DIAMANTE – SAN VICENTE DEL CAGUÁN manifestaron:
“No es posible que un escenario de reconciliación y reencuentro de la familia colombiana, una de ellas tenga que llorar la muerte de un ser querido. El crimen de este líder se suma a la lista de los dirigentes regionales que vienen siendo asesinados.
El gobierno colombiano y las autoridades deben comprometerse inmediatamente a esclarecer lo sucedido y a garantizar plenamente la participación política de todos los ciudadanos. No se puede construir Paz sin garantías”
Por otro lado el Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP dio a conocer una Carta abierta al Señor Presidente: Juan Manuel Santos, en la que dejan en claro “el dolor y la indignación” que hace que emitan dicho texto para que el mismo mandatario se comprometiera “no con las FARC, sino con el pueblo colombiano en general, con relación al “Plan Pistola” que se viene ejecutando contra dirigentes populares en todo el país”.
La carta expone que son más de “200 muertos en lo que va corrido del año, con un total manto de impunidad. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos” afirman; así como aseguran que quienes están detrás de dichos asesinatos son quienes “han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes, no hay, ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe”.
Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica se pronunció en su momento con las siguientes cifras: en el año 2016 se han presentado 69 asesinatos, 279 amenazas y 28 atentados, contra este grupo poblacional.
De igual manera el 21 de noviembre, ASTRACAN- filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO- manifestó que “La guerra sucia contra el pueblo que aspira abrir espacio a las transformaciones desde los contenidos del acuerdo del fin del conflicto armado, se revive como medio al que han recurrido históricamente los guerreristas para acallar la voz quienes hemos convertido la lucha por la paz en la posibilidad de transformación de una realidad marcada por la exclusión, el despojo, la explotación, el abandono y la muerte”.
Hoy, viernes 2 de diciembre, en San Vicente se realiza la concentración de personas que participan de la “movilización por la paz y los territorios de vida”, una iniciativa que nace luego del asesinato del líder Erley Monroy y que busca «construir espacios de paz y tolerancia en la región”.