No acabar con el paramilitarismo es dirigir a Colombia a una crisis humanitaria


Este jueves 15 de diciembre la Corporación Nuevo Arco Iris llevó a cabo la rueda de prensa que tuvo como eje principal los resultados del análisis y la socialización con expertos y actores sociales, del acuerdo de La Habana sobre: “el sistema integral para la implementación de garantías de seguridad territorial y desmantelamiento de estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo” del punto 3.4.

El documento es el resultado de dos conversatorios y cuatro foros desarrollados en Cartagena, Cali, Medellín y Bogotá respectivamente, en alianza con la Embajada de Noruega, el instituto Alfredo Vásquez Carrizosa, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad San Buenaventura de Cartagena, la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, El Observatorio de Democracia y Participación Ciudadana y Marcha Patriótica correspondientemente.

Varios puntos se abordaron en este evento como lo es la ola de asesinatos a líderes y lideresas de varias regiones del país y la influencia del paramilitarismo, no sólo en estos asesinatos sino en varios problemas que hay actualmente en Colombia y que, de no frenar a estos grupos armados ilegales y acabarlos, los problemas continuarán así como los crímenes contra estos defensores de derechos humanos. (Ver Asesinatos a líderes sociales continúan)

Algunos de los entrevistados durante esta jornada fueron David Flórez, Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Vocero Nacional del Movimiento Marcha Patriótica; Pedro Valenzuela, docente de la Universidad Javeriana; Fernando Hernández Valencia, Director Ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris –CNAI- y Julio César Arenas, analista e Investigador de la CNAI.

Entre las intervenciones se explica que las principales preocupaciones que se reflejan en el documento entregado a medios corresponden a que las dinámicas de estructuras sucesores del paramilitarismo están actuando de manera sistemática en crímenes contra dirigentes sociales, acciones que se producen especialmente en las zona donde estaban las Farc, insurgencia que al día de hoy se han desplegado a las ZVTN. Estos asesinatos se registran con un patrón aproximado entre 8 y 15 días.

Por otro lado se maneja la hipótesis que, o son franquicias de estructuras paramilitares ya establecidas como los Urabeños, las AGC, Clan Úsuga entre otras, o son grupos nuevos que se camuflan bajo esos nombres. Los asesinatos coinciden en un 90% con la población en donde hubo voto mayoritario por el SÍ el 2 de octubre en el plebiscito, está claro que este proceso de asesinatos infunde terror y se aumentan si no hay medidas eficaces por parte del Gobierno, lo que conllevaría a una crisis humanitaria.

¿Qué se pide al Estado?

  1. Implementar de forma inmediata el punto 3.4 de los acuerdos de La Habana en los que se hace referencia a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
  2. Permitir que continúe el funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, que hasta hace unos días estaba a cargo de la Doctora Alexandra Valencia.
  3. El Gobierno tiene que brindar y asegurar la protección a las comunidades afectadas por este flagelo.

Por otro lado se habla del estigma que se tiene contra los defensores afros, indígenas, mujeres y de más que por defender los derechos de sus comunidades y de todos son tildados de insurgentes.

A continuación puede ver el documento completo sobre el análisis del sistema integral para la implementación de garantías de seguridad territorial, mencionado anteriormente:

Una de las notas publicadas por los medios asistentes a la rueda de prensa es realizada por TeleSur titulada: Extrema derecha usa paramilitarismo para evitar cambios.

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