El 21 de noviembre la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos anunció que harían público un comunicado sobre el análisis de la situación de homicidios en contra de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos durante lo que va del año 2016.
En dicho comunicado, publicado el viernes 2 de diciembre, la ONU refleja su preocupación por el aumento de la violencia en contra de líderes sociales que habitan las zonas rurales del país.
“La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado durante el año 2016 una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales.
Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía.
Con preocupación, la Oficina observa que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.
El primer Acuerdo de Paz se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy, han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales –incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño- en donde las FARC-EP tenían presencia histórica, y están retirándose. (Ver ¿El Estado cumple con las garantías de seguridad a líderes sociales?)”
Igualmente la Oficina de la ONU afirma que hay “dos características comunes en las áreas rurales donde han ocurrido estos homicidios, […] “la presencia histórica de las FARC-EP, quienes ante la firma del primer Acuerdo de Paz, iniciaron su traslado hacia las zonas de pre agrupamiento, dejando un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un “orden” y “en todas las zonas afectadas por la violencia en Colombia existen pocas alternativas económicas para la supervivencia de las personas, lo que ha llevado a la existencia de economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería ilegal”.
Por otro lado la Oficina afirma que las agresiones y actos de violencia tienen una estrecha relación con siete aspectos, entre los que se encuentran, la ausencia del Estado, la percepción de ciertos actores que ven a los defensores y defensoras de derechos humanos como obstáculos para lograr sus intereses económicos y políticos, la estigmatización contra los y las defensoras, la disputa entre grupos al margen de la ley por el control de economías ilegales en esas zonas y las pocas posibilidades económicas de subsistencia.
“Las condiciones de pobreza y marginación históricas, y por la falta de presencia institucional que persiste en zonas rurales de por los menos 22 departamentos del país” son otras causas que permiten estas olas de crímenes a las comunidades notándose con mayor incidencia en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.
En el Comunicado se hace un fuerte llamado al Estado colombiano y a las entidades competentes de éste, exigiendo con celeridad las garantías de “protección y seguridad de la población en general incluyendo a las y los defensores en el contexto actual, en especial por la importancia de su rol para la construcción de la paz y la consolidación de una sociedad democrática. Estigmatizar a las defensoras y defensores, y señalarlos como colaboradores de grupos al margen de la ley, los pone en alto riesgo y obstaculiza su labor”.
Para finalizar la ONU solicita a la Fiscalía “para que continúe con su labor de priorización e impulso de las investigaciones que permitan identificar y sancionar a los autores intelectuales de los homicidios perpetrados” y “exhorta a la Fuerza Pública a seguir fortaleciendo mecanismos internos de supervisión y control, que promuevan la transparencia y el desarrollo adecuado de su actividad de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”.