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La petición fue hecha por líderes sociales de Medellín durante un plantón en respaldo al Acuerdo de Paz y en rechazo a la decisión de la Corte que tumbó parte del ‘fast-track’.

Con un plantón en la Plazoleta de La Alpujarra, centro de Medellín, líderes de organizaciones sociales, políticas y defensoras de derechos humanos rechazaron la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles los numerales H y J del Acto Legislativo para la Paz.

Los numerales en mención eran parte del fast-track o mecanismo de vía rápida para la implementación de los acuerdos. El primero decía que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y cuenten con el aval previo del Gobierno nacional”. El segundo aclaraba que “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación”. (Acto Legislativo Segunda Vuelta, Nº 01, 2016)

Con la decisión del órgano constitucional, ahora los congresistas podrán modificar libremente los proyectos de ley o acto legislativo relacionados con el Acuerdo de Paz, y ya no tendrán que votar los proyectos en bloque como se planteó inicialmente. Para algunos, el riesgo de esto es que podría cambiarse el espíritu de los acuerdos y dilatarse aún más su implementación.

Según Soledad Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), decisiones como esta les ofrecen posibilidades a quienes han querido atravesarse al proceso de paz tratando de modificar todos los días las leyes que se proponen.

De hecho, la demanda contra el acto legislativo fue puesta por Iván Duque del Centro Democrático, partido que se ha opuesto abiertamente al proceso de paz y en cuya última convención se lanzó la propuesta de hacer “trizas los acuerdos”.

Betancur argumentó que esos sectores buscan, entre otras cosas, “atravesarse en la posibilidad de que se frene la concentración de la tierra, como ocurre con varios miembros del Centro Democrático en cabeza del senador Álvaro Uribe Vélez, quien tiene una alta responsabilidad en factores que han incrementado el conflicto armado y en la concentración de predios”.

Por eso con el plantón en Medellín queremos enviarle un mensaje a la Corte, anotó Betancur, “y es que ese organismo tiene una responsabilidad con el país que está consagrada en el artículo 22 de la Constitución y que es el derecho a la paz. O sea, la Corte no se puede poner del lado de quienes quieren atravesársele a la paz, tiene que estar del lado de lo que dice la Constitución y es que todos los colombianos y colombianas tenemos derecho a una paz estable y duradera como lo propone el acuerdo negociado en La Habana”.

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Teresa Aristizabal, representante de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Antioquia, añadió que el mensaje no es solo para la Corte, “es para el país, para la ciudadanía, para la sociedad civil y para los legisladores, porque esto es un golpe bajo a unas decisiones que el país ha tomado, a una construcción de país que la ciudadanía define”.

La lideresa coincidió en que lo ocurrido “es la muestra de los que no quieren la paz. Por eso llamo la atención del país entero porque nos tenemos que juntar para poner nuestra voz en contra de estas decisiones y presionar por un nuevo escenario”.

Al igual que las mujeres, los jóvenes salieron al plantón para respaldar el Acuerdo y hacerle un llamado a la Corte Constitucional porque “nos parece que con las determinaciones de esta semana se está dando un retroceso en el proceso de paz”, manifestó Daniel Castro, miembro de la Red Juvenil por la Paz.

Daniel piensa que “querer abrir modificaciones al Acuerdo en el Congreso, o querer evitar que se genere una aprobación en bloque, va a hacer que la implementación del acuerdo sea más extensa en términos de tiempo, cuando se supone que el día D+180 —en que culminará la dejación de armas por parte de las FARC— es el 31 de mayo y ya lo debemos estar acabando”.

Por su parte, Ramón Jaramillo Correa, miembro del movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, sostuvo que la decisión de la Corte es un atentado a la paz, especialmente si se considera que “en este país se han pasado por encima muchas leyes para profundizar la guerra”.

Lo que Ramón y su organización quieren decirle al país, es que “la paz es el principal capital al que el pueblo colombiano debe apostarle, pues la Constitución de todo país debe estar basada en los esfuerzos para mantener al pueblo en paz. Pero si en algo ha fallado la Constitución colombiana es en propiciar esos espacios”.

El mensaje de fondo en este plantón, así como en el que se desarrolló en Bogotá frente al Congreso de la República el mismo día en que se conoció la decisión de la Corte (jueves 18 de mayo), “es que la paz está en peligro —concluye Ramón—, porque los acuerdos de La Habana, en términos políticos, vienen sufriendo reveses”.

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