Buenaventura: corredores estratégicos entre la legalidad y la ilegalidad

Presentación de las «Dinámicas del desplazamiento forzado de comunidades afrodescendientes en buenaventura: corredores estratégicos entre la legalidad y la ilegalidad».

Entre 1999 y 2009 se han desplazado 70.000 personas en Buenaventura. Para el 2012, el 80.6% de la población estaba en situación de pobreza. Las comunidades afrodescendientes son desde hace años víctimas de los intereses económicos que los actores tanto legales como ilegales tienen en el Puerto de Buenaventura.

La siguiente investigación trata de explicar las causas del fenómeno de desplazamiento forzado de poblaciones en el municipio de Buenaventura. Se expresa por la vía legal cuando se trata de re ubicación frente a proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Económico (IDE), o por la vía ilegal cuando es la consecuencia de las actividades de grupos armados (BACRIM) buscando un mejor control de las rutas militares y de comercio ilícitos.

Los intereses de control y uso del espacio por parte de los paramilitares y de las corporativas-estatales se han consolidado desde los años 2.000. Aunque sean diferentes, sus repercusiones sobre las comunidades Afro- descendientes desplazadas son la modificación de su ordenamiento territorial y la reconfiguración de sus órdenes simbólicos, políticos y socio-culturales. Así, es preciso preguntarse: ¿Cómo varían los niveles de desplazamiento en Buenaventura en relación con las redes de apoyo paramilitar con autoridades locales, empresas privadas, y actores ilegales que determinan los flujos de sus recursos estratégico-militares y de narcotráfico por el control territorial?

Gracias a un análisis cartográfico, el fenómeno de desplazamiento se entiende como resultado de disputas territoriales entre varios actores para el control del Puerto Internacional de Buenaventura. Estos enfrentamientos no son unidireccionales, sino que responden a alianzas esporádicas por el control estratégico de importantes rutas comerciales. Se evidencia los cambios sobre los nodos de conflicto entre las respectivas redes, y se analiza las dinámicas legales e ilegales de los mercados de criminalidad, a partir de los corredores estratégicos en ambas dimensiones.

Acerca de las formas legales del desplazamiento forzado, la vinculación de actores privados en la administración del puerto de Buenaventura se explica por la privatización de COLPUERTOS en la década de los 90’s, y por los actuales proyectos de modernización y extensión del puerto bajo los tratados de libre-comercio en el Pacifico. Según Mauricio Romero Vidal, esta privatización es una de las causas estatales de la pobreza en la región.

Esta llegada masiva de capital extranjero por parte de instituciones financieras internacionales privadas ha favorecido los intereses de las elites regionales. María Elvira Bonilla distingue tres grupos de relaciones estratégicas: los negocios pertenecen a dos grupos familiares (TC Buen y Grupo Portuario S.A), las sociedades portuarias a otros tres grupos e instituciones estatales, y otros actores.

Uno de los conflictos entre estos actores desde hace 30 años es el Puerto Aguadulce. Presenta disputas entre territoriales con el Consejo Comunitario Bajo Calima, el cual desde el 2000 estuvo reclamando una titulación colectiva de los terrenos que posteriormente se vendieron a la empresa SPIA. En 2011 se aprobó una extensión de 133.05 has (48,6hs privadas y 84,49 de uso público) del proyecto y se menciona la reubicación de 184 viviendas. Otro proyecto que ha provocado movimientos de desplazamiento es el Malecón Bahía de la Cruz.

Por sus lados, las formas ilegales de desplazamiento son vinculadas a la violencia sistemática de los grupos armados sobre la población civil, como el Bloque Calima, creado en 2001. Durante la Masacre del El Naya, los paramilitares desplazaron aproximadamente a 3000 pobladores. Las acciones del Bloque fueron facilitadas por el respaldo de la Fuerza Pública. Entre 2000 y 2003 el Bloque Calima controlaba la parte continental de la zona urbana de Buenaventura. El vacío dejado por la desmovilización del Bloque en 2006 llevo al surgimiento de nuevos grupos armados ilegales: La Empresa, Los Machos y Los Rastrojos, quienes se enfrentaban entre sí, con el grupo de Los Urabeños proveniente del Urabá antioqueño, y con las FARC-EP.

Los mercados de criminalidad se mueven también dentro de los marcos legales en el puerto de Buenaventura. En efecto, para Romero, el transporte marítimo legal es el nuevo sistema de rutas del narcotráfico y contrabando. No se explica por un trabajo conjunto entre agentes oficiales y criminales, sino por la necesidad de los pobladores de acceder a recursos económicos en vista de las precarias situaciones laborales y las condiciones de pobreza que enfrentan.

En conjunto con las masacres desde 2000 los desplazamientos direccionaban a las víctimas hacia la desembocadura de los ríos de Buenaventura. Se evidencia un conflicto entre territorialidades comunitarias y las lógicas especiales ilegales y de mercado, desde el menor reconocimiento de la propiedad colectiva, los proyectos de desarrollo y la apropiación de baldíos por proyectos de infraestructuras que prohíbe el uso ancestral del suelo por parte de las comunidades Afro descendiente.

La cartografía disponible permite relacionar los corredores estratégicos legales e ilegales que repercuten directamente en el desplazamiento forzado de la población afrodescendiente en el municipio. El Puerto es percibido como la fase final de un corredor que conecta rutas de producción de droga desde Cauca y Tolima. Los diferentes grupos se disputan el control de las principales rutas fluviales (río Naya, río Anchicayá) y terrestres. El control de la zona urbana es el más disputado en la actualidad y no se percibe un actor hegemónico estable que se haya logrado consolidar en la totalidad de la ciudad.

No es posible hablar de paz mientras no se profundicen las causas estructurales de las condiciones de vida infrahumanas a las que son sometidos los habitantes de Buenaventura quienes han padecido las implicaciones directas de las reformas neoliberales de primer y segundo orden en los 90’s.

Le puede interesar Violencia y disputa territorial: los desafíos para la paz

Por Alice Brogat (primera publicación de cuatro artículos sobre zonas de copamiento por parte de organizaciones al margen de la ley en antiguos territorios de dominio de las Farc. Espere el siguiente el próximo viernes).

A continuación pueden leer completa la investigación: DINÁMICAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES EN BUENAVENTURA: CORREDORES ESTRATÉGICOS ENTRE LA LEGALIDAD Y LA ILEGALIDAD.

Realizada por:
Sebastián Mayorga Patiño.
Estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.
Observatorio del Conflicto Armado y del Posconflicto –OCAP-.
Corporación Nuevo Arco Iris.