Los cuellos de botella para la Ley de Amnistía

Foto: Cristian Garavito – El Espectador/ La zona veredal de Meseta en La Guajira es, por ahora, la única habilitada para recibir a guerrilleros en condiciones de reclusión.

DE 3.421 PRESOS DE LAS FARC, SÓLO 1.700 HAN RECIBIDO BENEFICIO.

Dificultades para acumular los procesos de los condenados, diferencias entre los listados de las Farc y del Gobierno e incorrectas interpretaciones de los jueces son las principales causas que explican su lenta aplicación.

“Es una vergüenza internacional que casi siete meses después de que el Congreso aprobó una ley de amnistía, hoy sigan presos un número importante de guerrilleros”, sentenció un alto funcionario de Naciones Unidas, refiriéndose a las dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

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El tema no es para menos: 15 días llevan en huelga de hambre cientos de miembros de las Farc recluidos en las distintas cárceles del país. Y se han necesitado dos decretos, uno presidencial y otro del Ministerio de Justicia, para enderezar la marcha de una ley que a todas luces no está funcionando como debiera.

Según los datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la fecha, las Farc han enviado un listado en el que se acreditan 3.421 presos como miembros de su organización. Sin embargo, teniendo en cuenta la funesta experiencia con las listas de los paramilitares, el Gobierno se reservó el derecho a revisar cada nombre y por eso, hasta hoy, ha acreditado a 2.775 personas en situación de privación de la libertad y hecho observaciones sobre 298 que requieren clarificar su situación. En cuanto a las personas que al día de hoy se han beneficiado de la Ley de Amnistía e Indulto, el Gobierno asegura que 413 han sido amnistiadas, 681 gozan de libertad condicionada, 415 fueron trasladadas a las zonas veredales en condiciones de reclusión y el presidente Santos ha firmado 191 indultos.

Aun así, en las Farc no están satisfechos con los resultados, pues, según lo anterior, los beneficiados son 1.700 de los 3.421 miembros en prisión. Es decir, aún no se llega al 50 %. Esto explica la huelga de hambre declarada desde el 27 de junio y las visitas que miembros del Secretariado de la organización han hecho a las tres principales cárceles de Bogotá. Uno de esos comandantes es Pablo Catatumbo, quien explicó: “Hemos observado con mucha preocupación que existen muchos casos pendientes de la certificación por parte del Gobierno. Son historias muy dramáticas de hombres y mujeres que esperan recuperar su libertad, su vida y su familia”.

Catatumbo señaló que entre las razones que han identificado para que no se haga efectiva la aplicación de la ley están los trámites burocráticos de los jueces de ejecución de condenas: “Muchos continúan aplicando la justicia ordinaria a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley de Amnistía. Vemos que la Fiscalía está obstaculizando la aplicación de la ley y esto nos pone en riesgo el proceso de implementación del Acuerdo y la consolidación de un país en paz”, señaló. E hizo un llamado al ministro de Justicia, Enrique Gil, y a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria López, para que aceleren los procesos pendientes de aplicación de la amnistía.

El jefe guerrillero detalló que estos incumplimientos “generan en todos los niveles incertidumbre, porque las Farc hemos demostrado que cumplimos nuestra palabra. Cada obligación la hemos asumido con valentía y con la determinación de que este es el camino correcto. Esperamos que el Estado colombiano asuma también su parte”, y agregó que es absurdo que siete meses después de sancionada la Ley de Amnistía siga sin cumplirse: “Es una situación absurda que va en contravía del Acuerdo firmado. No podemos continuar con esta inferencia del sistema judicial que se niega a aplicar una ley aprobada en el Congreso de la República. Exigimos y esperamos una pronta justicia para las y los prisioneros políticos”.

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El Espectador identificó los principales cuellos de botella que impiden la aplicación de la norma. La principal es la negación de los beneficios por parte de algunos jueces en particular. Segundo, las diferencias entre el Gobierno y las Farc en torno a los listados de miembros de la guerrilla. Y tercero, la enorme dificultad que ha tenido el sistema judicial para acumular los procesos que cursan contra cada integrante de la guerrilla, puesto que en muchas ocasiones los presos tienen varios procesos.

Respecto al problema con los jueces, el caso más emblemático ha sido el del juez primero de ejecución de penas de Tunja, Camilo Ernesto Becerra Espitia, quien tiene a su cargo 84 procesos pero no ha concedido ni un solo beneficio de la ley. Según comentó Ricardo Garvin —uno de los integrantes de las Farc a la espera de la amnistía de iure—, Becerra ha mostrado una posición radical, a tal punto de poner en tela de juicio la palabra del Gobierno. “Tiene un problema personal con esta ley. Dice que prefiere que lo destituyan antes que darle la libertad a un guerrillero. Cuando le mandamos, a través de nuestra abogada, las certificaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decía que para él esa certificación no era válida porque venía de parte de los beneficiados directos. Que debía enviarla directamente el alto comisionado, Sergio Jaramillo”, dijo Garvin.

Además señaló que el juez Becerra está exigiendo, para decidir sobre los procesos que están en su despacho, la lista completa de los más de 7.000 hombres de las Farc. “Algo que es imposible que ocurra, porque ni siquiera el Gobierno tiene esa lista”, señaló Garvin, quien fue trasladado a la cárcel de El Barne el 19 de marzo del año pasado. Según otros testimonios de presos allí, el otro pero del juez es la calidad del papel en el que se está firmando el acta de compromiso que les exigen a quienes se van a someter a la JEP.

Según explicaron algunos reclusos de las Farc a El Espectador, dicho compromiso se está firmando en papel carbón para dejarle el acta original al juez, una copia al secretario ejecutivo de la JEP y otra más para quien suscribe el compromiso. “Y el juez primero argumenta que ese tipo de papel no es válido”, señalaron. Por eso, los 110 de presos que se dividen entre las cárceles de El Barne y Chiquinquirá (el resto de casos están repartidos entre otros cinco jueces) se han sumado a actividades de protesta como la desobediencia civil, con la que se niegan a cumplir algunas tareas para obtener reducción de penas. Otros mantienen la huelga de hambre y un número menor ha decidido coserse la boca en señal de protesta.

Los mismos guerrilleros han expresado que hay otros casos de jueces que se niegan a conceder los beneficios a que tienen derecho los miembros de las Farc, aun cuando cumplen con todos los requerimientos. Hablan, por ejemplo, de la jueza 26 de ejecución de penas Leonor Marina Puin Camacho, el juez octavo Juan Carlos Santana, el juez 28 Mario Fernando Narváez y el juez 16, también de Bogotá, José Henry Torres.

“Todos ellos han hecho su propia interpretación del Acuerdo de Paz. En unos casos consideran que los delitos no están relacionados con el conflicto armado, en otros que, a pesar de que fueron condenados por pertenencia a las Farc, no es clara su relación con esta guerrilla; e incluso hay casos en que han afirmado que no darán beneficios a ningún guerrillero hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz no esté marchando”, enfatizó uno de los amnistiables.

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