Los negocios de las emergencias y la pobreza en Córdoba

En Colombia los desastres y las calamidades originadas periódicamente por el invierno pretenden mostrarse como si fuera una condición inherente de la naturaleza y la pobreza; sin embargo, en un alto índice son los gobernantes quienes tienen la responsabilidad de prevenirlas.

En el departamento de Córdoba, Urrá S.A se ufana en informar que ha prevenido las inundaciones, como si a ellos no les cupieran un alto grado de responsabilidad por los efectos de la sedimentación originada en la erosión de la ribera del río Sinú y en la descomposición de biomasa en el fondo de la represa.

En tanto, en el sector urbano de Montería los barrios del sur, incluidas las familias de casas de “interés social”, están inundadas, con el agravante de haber sido construidas en zonas de interés público y de alto riesgo. Y el Centro y norte de Montería colapsan por el estancamiento de agua debido a la cantidad de edificaciones construidas encima de correntías naturales y de canales colectores de agua, como si las constructoras e inmobiliarias decidieran, por encima del gobierno, la planeación y el desarrollo urbano de la ciudad.

Al lado de las situaciones de emergencia está el asecho de la corrupción por parte de quienes hacen del padecimiento, la pobreza y el abandono un negocio jugoso y lucrativo. Parece una constante, los mandatarios y la dirigencia política se valen del momento para pedir plata y declaratorias de emergencia con el pretexto de “la ayuda humanitaria”, dicen, “para salvar vidas y aliviar el sufrimiento de los damnificados por la naturaleza”. Ellos saben que, antes que cualquier otra cosa, la gente tiene que comer y por eso buscan la manera de que los damnificados, especialmente los más pobres, se apoyen en ellos, dependan de ellos. Y ellos saben que esa dependencia es lo mejor que les puede suceder porque allí, en las necesidades, hay un suculento nicho de clientes para sus aspiraciones políticas y un negociazo a la hora de exigir proyectos para mitigación y control de inundaciones. Por eso les ofrecen ayudas y le exigen ayudas al gobierno nacional y, en ocasiones, convocan la solidaridad nacional e internacional; de modo que la ayuda a los más necesitados no se rige por los principios humanitarios ni de independencia de cualquier interés personal, como lo establecen incluso organismos internacionales como la FAO.

Políticos y gobernantes (vale decir los que son corruptos) saben muy bien que el hambre no admite dilaciones, que es un problema que hay que resolver, y por eso el gobierno está comprometido con los necesitados. Saben muy bien que eso requiere de la implementación urgente de obras y de la adquisición urgente de mercados. “Pobrecitos hay que ayudarlos”, dicen, y por eso se muestran generosos e intermediarios. Luego llegan las ayudas y el dinero para las obras, y con consecutivamente los contratos y, por ahí derecho, la plata. El 30 por ciento de los contratos, para ellos. En eso consiste el carrusel de las necesidades, la pobreza y la corrupción. Cuánto vale un mercado? A quién se los compran?, Cuántos mercados salen y cuantos llegan a su destino? cuánto vale el transporte? quienes son los intermediarios? Quiénes dominan el negocio? Los gobernantes, al menos los que no se consideren corruptos, estan en la obligación de revelar no solo el número de damnificados, pero no con cifras frías, sino también la forma sistemática en que se adquieren y entregan las ayudas. Es necesario acabar con el ciclo perverso en el que los damnificados, la pobreza y el abandono son solamente un instrumento de la corrupción.

Autor: Ramiro Guzmán Arteaga
Comunicador Social-Periodista, Mg en Educación

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