UNIPA denuncia la instalación de campamento militar dentro de territorio ancestral

La Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá –UNIPA- manifiesta “zozobra” por presencia de fuerza pública dentro del territorio.

Todo parte luego de lo ocurrido el pasado 5 de octubre del presente año, reconocido a nivel nacional como la Masacre de Tumaco, en la que murieron varios campesinos que se oponían a la erradicación forzada de sus cultivos.

“… vemos con preocupación los hechos que se vienen desarrollando alrededor de nuestro territorio ancestral, debido a la instalación de un campamento militar dentro del resguardo Awá de Piedra Sellada, acción que viola flagrantemente todos los acuerdos nacionales e internacionales sobre el respeto y protección de las comunidades y pueblos indígenas”, afirma la Asociación.

La comunidad UNIPA denuncia no solamente la Masacre sino también lo que sucedió con la comisión de verificación que ingresó a la zona de los hechos el pasado 8 de octubre de 2017, sumado a esto, lo ya mencionado anteriormente, la ubicación del campamento militar dentro del resguardo.

En el documento se da a conocer a la opinión pública que los hechos que atentan contra los DDHH de las comunidades indígenas no se quedan en lo que pasó la semana pasada sino que hay hostigamientos y represalias contra miembros de los pueblos indígenas desde hace meses, afectando a comunidades como Resguardos Awá como Hojal la Turbia, Sangulpí, Chinguirito Mira y Piedra Sellada.

Manifiestas que “se encuentran en riesgo inminente de ser víctimas de la represión estatal que están desarrollando las fuerzas armadas de Colombia en la zona de frontera con el hermano país del Ecuador”, lo que los ha llevado a salir de sus territorios teniendo como posibles consecuencias el desplazamiento y desapariciones forzadas.

Así mismo exponen que “en realidad la política de sustitución de cultivos de uso ilícito que se ha venido desarrollando desde el Plan Colombia, pasando por la aspersión aérea con glifosato, la erradicación forzada y el actual Programa Nacional Integral de Sustitución de Uso Ilícito –PNIS-, ha demostrado la incapacidad del Estado de garantizar los derechos de las comunidades, evidenciando una política represiva en contra de quienes han visto en el cultivo de la hoja de coca, una forma de subsistencia en las zonas donde el olvido histórico es evidente”.

Ver COMUNICADO UNIPA

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