Statu quo e impunidad

Revista Sur

Para mantener y garantizar la impunidad de los terceros responsables del conflicto armado en el país se evidencian claramente los esfuerzos del régimen para transformar por diferentes vías la esencia de los instrumentos creados por el Acuerdo de La Habana.

Esfuerzos que no son nuevos debido a que ha sido una constante en los diferentes momentos de violencia que ha padecido a lo largo de la historia nuestra nación, muchos de los instigadores financiadores e ideólogos de estas violencias han quedado en la más absoluta impunidad.

Recordemos algunas de estas perlas: el manto de impunidad que cubrió a los partidos tradicionales (liberal y conservador), los empresarios, a los altos mandos militares y de policía como responsables de la violencia política, acaecida en los años cuarenta y cincuenta, que causó más de trescientos mil muertos, dos millones de desplazados y casi cuatrocientas mil hectáreas de tierra despojadas. Hechos solucionados a través de un pacto de las élites como Sitges y Benidorm (España) entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo que posteriormente da origen al Frente Nacional para poner un punto final y absoluto olvido e impunidad a tan degradada violencia.

En los años noventa se firmó la paz con un importante número de organizaciones insurgentes pero al igual que en los cincuenta no se mencionó la responsabilidad de las élites en la violencia colombiana. ¿Dónde está la tan cacareada justicia que pide el establecimiento a través de la clase política desde los diferentes poderes de estado? O ¿Sólo es justicia para los adversarios e impunidad para el statu quo?

Ahora veamos el comportamiento del STATU QUO o mejor del Régimen, frente a los diferentes componentes del Acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC EP, haciendo énfasis principalmente con la Justicia Especial para la Paz –JEP- en el marco de sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición; el punto 3.4 del acuerdo de La Habana, “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz” y el Decreto Ley 895, “Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”.

Para la clase política y empresarial no se aplicó la famosa frase “cada día trae su propio afán” sino que por el contrario pareciese ser que simultáneamente trabajaron en forma coordinada para garantizar que sus intereses se reflejaran con absoluto éxito en estos dos componentes de los acuerdos, que intentaban cerrar la guerra dando la vuelta a la página del conflicto e iniciar la fase de la reconciliación, impidiendo el conocimiento de la verdad, la aplicación de justicia y el esclarecimiento de la tragedia nacional que ha significado la vigencia fratricida de la violencia.

Repasemos qué ha ocurrido en estos componentes del Acuerdo de paz:

En primer lugar analicemos, con base en la editorial de la REVISTA ARCANOS número 21, varios aspectos, en primera instancia el decreto ley 898/2017 que da creación a la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la consecución de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

“Después de más de diez años de expedida la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, una de las principales críticas de víctimas y expertos sigue siendo la incapacidad del aparato judicial para juzgar a militares, políticos y empresarios, quienes, sin portar un brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), colaboraron con su expansión y financiaron sus crímenes”[1]

La labor de la Fiscalía General de la Nación ha sido fuertemente criticada por las organizaciones de derechos humanos, ante la falta de resultados para dar con los responsables e instigadores de crímenes contra activistas de izquierda, reclamantes de tierras, líderes populares y defensores de derechos humanos a lo que se suma los nexos, las relaciones y/o vínculos de algunos de sus agentes con estructuras ilegales de corte paramilitar[2]. Recordemos que desde la Fiscalía de Juan Camilo Osorio un número importante de fiscales, investigadores y funcionarios de esta entidad han sido procesados, condenados o implicados por sus nexos con grupos paramilitares o estructuras sucesoras de este tipo de criminalidad.

La creación de esta instancia, al interior de la Fiscalía, estaba concebida para producir un giro en el modelo de investigación criminalística priorizando el contexto territorial tanto social como de violencia, cumpliendo un rol importante en la lucha contra el paramilitarismo y sus redes de apoyo[3]. Decimos que estaba concebida porque con la reforma a la fiscalía pierde autonomía y competencias investigativas frente a las otras fiscalías delegadas, creadas por el mismo decreto ley.

Dicha apreciación se sustenta en la limitación de independencia de la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN de estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo y a la vez continúa con el copamiento de los perfiles de los futuros directores de ese organismo, para que la elección recaiga sí o sí en un funcionario o funcionaria de la fiscalía, como hoy ya es realidad con la elección de la fiscal Martha Janeth Mancera, de la terna enviada por el Comité de Escogencia, funcionaria obsecuente y obediente a los designios del todo poderoso fiscal Néstor Humberto Martínez y su antiguo jefe de fiscalías Luis Gonzales, hoy fiscal delegado para la seguridad ciudadana, la mano invisible que mueve los entresijos de este órgano judicial desde hace varios años, acumulando poder cada vez más con el paso del tiempo.

La reforma que se introdujo a la Fiscalía mediante el decreto 898/2017, pretende limitar las funciones de la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones (…) sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, separando de sus competencias aspectos tan importantes como: Adelantar las acciones judiciales y de investigación que se deriven de “las estrategias para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas punibles (…) de las organizaciones criminales sucesoras de paramilitarismo”, tal como lo establece el decreto 154 de 2017, en su artículo 3º que crea la Comisión de Garantías de Seguridad. Lo que se observa con la expedición de la norma es que se traslada esta competencia a las recién creadas “Fiscalías Delegadas para las Finanzas Criminales” y “Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada” que depende directamente del vice fiscal[4].

Ahora bien, es preocupante que dentro de las conductas que debe investigar y perseguir la Fiscalía delegada para los crímenes financieros, se encuentre “la persecución a la financiación del terrorismo”, pero no se incluya la persecución a los financiadores de las organizaciones criminales. Esperemos que la competencia para la investigación de este fenómeno paramilitar lo asuma la UEI.

También preocupa que según la reforma a la Fiscalía no se especifiquen las competencias de quién investiga a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, si la unidad especial o la Delegada contra la Criminalidad Organizada; con el agravante que el propio fiscal no cree en la persistencia del fenómeno paramilitar y la sistematicidad en los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras, como lo demuestran las diferentes declaraciones del funcionario. Hay que rescatar que frente a la controversia causada por las declaraciones del Ministro de Defensa, el Fiscal hoy reconoce, parcialmente, algún nivel de sistematicidad en el asesinato de líderes sociales.

En síntesis, lo que evidencia el contenido de la normatividad que define funciones a la Unidad Especial de Investigación, y de paso reestructura a la Fiscalía General, es el poco interés por atacar mediante una política clara a los financiadores y determinadores locales y nacionales del método paramilitar, para muchos expertos la verdadera almendra o el corazón del “monstruo”. Ese poder oculto que ejercen los señores de la guerra en Colombia, que recicla métodos y ejércitos privados para sus intereses económicos legales e ilegales, perpetuando el ciclo de violencia y garantizando la impunidad del régimen y por ende de los terceros responsables del conflicto armado en el país.

Luego de este análisis y conociendo a la nueva directora de la Unidad hoy quisiéramos ser más optimistas, esperando que esta funcionaria cumpla con lo que le corresponde en la persecución y desmonte de la criminalidad paramilitar, por el bien del país, la construcción de una paz estable y duradera y de la reconciliación nacional.

En segundo lugar, con referencia a la concurrencia de los terceros responsable ante la Justicia Especial para la Paz –JEP-, abordemos la impugnación a magistrados integrantes del tribunal de la JEP en el Congreso de la República.

Existe una gran preocupación entre las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, Nacionales e internacionales, por el sesgo de impunidad que tomó la implementación de la JEP en aspectos fundamentales como la eliminación de la comparecencia obligatoria de los civiles y agentes estatales no armados que participaron de manera activa en la comisión de graves violaciones en los derechos humanos y crímenes de guerra durante el conflicto armado y la eliminación de la definición de la responsabilidad penal de los militares de alto rango.

En estas circunstancias se dio la detención de Jaime Alberto Angulo un hacendado ligado a los paramilitares que perpetraron la masacre del El Aro en Antioquia acusado de tortura, homicidio, delitos sexuales y del asesinato de un defensor de Derechos Humanos; este caso se constituye en un ejemplo del manto de impunidad que cubrirá a los más horrendos crímenes cometidos por terceros durante el conflicto armado.

Pero adicionalmente varios parlamentarios de Cambio Radical con el apoyo del Centro Democrático y algunos conservadores, e incluso liberales, decidieron imponer un régimen de inhabilidades para el nombramiento de los magistrados que se encargarán de juzgar e investigar los crímenes del largo Conflicto Armado que asoló al país durante 50 años; la medida afectaba principalmente a los magistrados que han sido defensores de derechos humanos o que han tramitado procesos por violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Esta medida se hace efectiva en la Comisión de Conciliación de Senado y Cámara de representantes en la que los parlamentarios conservadores Samy Merheg y Aníbal Guerra apoyaron a Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical para imponer el régimen de inhabilidades que, este sí establece un sesgo ideológico de impunidad a la JEP.

Estos hechos político-institucionales son los que nos permiten aseverar que hay una perversa coordinación desde el statu quo para evitar el juzgamiento de los llamados terceros involucrados en el conflicto y generando a la vez una absoluta impunidad a uno de los bandos involucrados en la guerra.

Finalmente es relevante tocar un tema que hoy está en la discusión de la opinión pública, investigadores, académicos y defensores de derechos humanos, con las declaraciones de altos funcionarios del Estado frente al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, desconociendo la sistematicidad en los crímenes y negando la existencia del fenómeno paramilitar.

Preocupantes declaraciones de min defensa.

“En entrevista con Noticias Uno, Villegas dijo que, obviando los casos perpetrados por el Eln y las Farc, los asesinatos de líderes sociales se han presentado, “en su gran mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas”. Además, el ministro agregó que “uno de cada dos asesinatos tiene hoy una explicación judicial. No hay detrás una organización asesinando líderes”[5]

Crímenes que muestran el mayor fracaso en la implementación de los acuerdos de paz en el año 2017, fracaso que se ve reflejado en la macabra cifra que ya se acerca a las 200 muertes violentas de colombianos y colombianas voceros de sus comunidades, muertes que son el mayor lunar en la construcción de una paz estable y duradera en los territorios, como lo mandató el acuerdo de paz, y es de lejos el mayor incumplimiento de todo el estado de garantizar la vida y los derechos humanos de las comunidades y sus líderes en el posconflicto.

De nada sirve que el presidente Santos continúe viajando y recibiendo menciones y premios en el exterior por el logro de la paz con las FARC, si no se detiene este baño de sangre contra los liderazgos sociales, que viene ocurriendo en nuestro país desde el momento mismo en que se iniciaron las negociaciones de paz y que se ha intensificado una vez la guerrilla de las FARC dejó las armas.

Si comparamos las estadísticas de los asesinatos de los años 2016 y 2017, con las cifras de crímenes cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica –UP-, en los años de 1987 y 1988, encontramos que el número de asesinatos son similares y el promedio de su ocurrencia también coincide.

Los móviles también concuerdan pues muchos de esos líderes de la UP asesinados hace 30 años eran presidentes de acción comunal o activistas sociales de sus poblaciones.

Hoy el líder social se ha convertido en un objetivo de eliminación física por su rol político en la construcción de nuevos liderazgos para la construcción de la paz, ya sea en su condición de reclamante de tierras, o como líder comunal, campesino o por que representa una minoría afro e indígena. En todos los casos su labor es incómoda para los sectores de extrema derecha que imponen el terror a las comunidades.

Con las nuevas medidas de fortalecer la presencia militar en los territorios, con más de 60 mil hombres, que pretende implementar el gobierno para proteger la vida e integridad de los líderes sociales, preocupa que uno de los hallazgos encontrados tanto en las investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris como de otros centros académicos y de investigación (ARCANOS N° 21) demuestran que muchos, si no diríamos que la mayoría de los crímenes, se presentan en zonas altamente militarizadas lo cual no ha impedido llevar a cabo los asesinatos.

No es que aseveremos que el componente de persuasión de fuerza armada, militar o policial, no sea importante sino que creemos que hay otros componentes decisivos para garantizar la integridad de los líderes territoriales; componentes como la efectiva investigación y judicialización, no sólo de los perpetradores directos del hecho criminal (sicarios) sino profundizar en los determinadores y financiadores involucrados en la ejecución de los crímenes.

Por otro lado implementar los instrumentos que fueron concebidos en el decreto ley 895, garantías de seguridad para el ejercicio de la política, en su artículo: seguridad para las comunidades en los territorios.

Estamos convencidos que si aplicamos todos estos componentes comenzaríamos a hacer realidad la presencia el Estado en las regiones más olvidadas y apartadas el país.

HENRY CUERVO CASTILLO: Corporación Nuevo Arco Iris

NOTAS
[1] Así investigan a financiadores del paramilitarismo, Verdad Abierta.com, mayo 07 de 2016.
[2] Por “asesorar a los paras” condenada a 19 años de prisión a ex fiscal, Tatiana Oliveros Gutiérrez fue ayer condenada en primera instancia a 237 meses de prisión por el magistrado del Tribunal Superior de Neiva, Revista Semana, junio 2017
[3] Así investigan a financiadores del paramilitarismo, Verdad Abierta.com, mayo 07 de 2016
[4] FISCALIAS DELEGADADAS ADCRITAS A LA VICEFISCALIA GENERAL DE LA NACION: FISCALIA DELEGADA CONTRA LA CRIMINLIDAD ORGANIZADA : Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Dirección Especializada contra la Corrupción, Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humano, Dirección de Justicia Transicional, Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada.-
FISCALIA DELEGADA PARA LAS FINANZAS CRIMINALES: Dirección especializada contra el lavado de activos, Dirección especializada de extinción del derecho de dominio, Dirección especializada de investigaciones financieras.
-FISCALIA DELEGADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Decreto 898 de 2017)
[5] Asesinatos de líderes son por “líos de faldas”: ministro de Defensa, www.elespectador.com, 17 Dic 2017

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