Un narco-corrido urabeño

El país mediático ha visto con indignación las multitudinarias caravanas que en Urabá han acompañado a los jefes abatidos del Clan del Golfo. Primero fue el entierro de alias Gavilán en Turbo y en días pasados, el de alias Inglaterra en Carepa. Estos hechos son síntomas de la débil legitimidad estatal y demuestran que el país adolece de una falta en la cultura de legalidad, en mayor medida, en las regiones afectadas por el conflicto armado y con continuo reciclaje de estructuras armadas.

El Urabá es una de las regiones del país donde el contrabando fue el renglón económico que se mostró más rápidamente incluyente para los más marginados de las ganancias de la cultura hacendada, en particular, bananera y ganadera. Ese entorno generoso para la ilegalidad, como lo explica Francisco Elias Thoumi, fue aprovechado por el narcotráfico generando una causalidad circular perversa entre el poder político-militar de grupos armados y una subcultura delictiva que ha encontrado en estas actividades su forma de supervivencia mínima.

Sin duda el narcotráfico aceleró la dinámica de la confrontación armada y permitió que grupos que habían conseguido un clientelismo armado marginal, en economías de enclave como las bananeras, se fortalecieran en su accionar. En un principio, no como jefes del narcotráfico sino como impositores de boleteos, vacunas y secuestros a las clases hacendadas que mutaron del contrabando al narcotráfico y que están en los orígenes no tan idílicos de las autodefensas en Córdoba y Urabá y no solo hasta su asocio con grupos de traquetizados del Magdalena Medio.

Las agresiones de las FARC-EP en su copamiento territorial tras los acuerdos con el EPL en Urabá, llevaron a que muchos de los ex miembros se rearmaran y se pasaran a unas autodefensas de los hermanos Fidel y Carlos Castaño. La mayoría de hombres que hoy dominan en el Clan del Golfo pasaron tanto por el EPL como por las AUC. Esto ratifica que uno de los fracasos de las desmovilizaciones individualizadas de Justicia y Paz fue la falta de previsión sobre qué hacer con los mandos medios que se reciclaron, mientras la tropa rasa quedaba en programas débiles de reincorporación civil que los condujo a su reactivación delincuencial y los jefes como Mancuso, Báez o El Alemán eran encarcelados o extraditados a los EE.UU. sin que se realizara un trabajo de contención con sus antiguos hombres que evitara el rearme al aprovechar su autoridad sobre la tropa.

La sorpresa mediática en los golpes al Clan del Golfo estuvo también en la captura del Mayor de la Policía Héctor Fabio Murillo Rojas, quien personalmente se había encargado de movilizar a alias Inglaterra hasta Norte de Santander donde el Clan ha tenido acercamientos con Los Pelusos, interceptando operativos para no ser detectados. Esta sería una de las características remanentes del método paramilitar en el que miembros de la Fuerza Pública y funcionarios se encargan de allanar el camino a señores de la guerra que requieren de santuarios de inmunidad para sus actividades delictivas globalizadas como lo analizara Gustavo Duncan en el poder de Hernán Giraldo en La Sierra Nevada y Santa Marta.

Mientras continúen estos entornos generosos para las bandas criminales herederas del paramilitarismo, no existirán garantías para la implementación del punto sobre drogas ilícitas en el país y lo que es más grave aún, las comunidades campesinas en zonas cocaleras y las poblaciones en zonas de cristalizaderos y de rutas, seguirán encontrando legitimidad en actividades que aunque ilegales les bridan un acceso mínimo a las condiciones que una economía globalizada les ha ido impuesto. Por eso hay zonas en las que los programas de sustitución de los PDET no suplirán las necesidades que sí cobijan familias cocoleras con cinco cosechas al año y por eso Inglaterra fue despedido como un empresario exitoso y bondadoso en su pueblo de origen.

La dificultad es mayor para las zonas en las que no hay un buen panorama para la transición a economías legales, pues suelen ser zonas donde el Estado ni siquiera es capaz de garantizar el control territorial y abundan grupos armados en disputa territorial en contextos de conflictividad interétnica entre comunidades negras e indígenas y campesinos colonos, localizadas en territorios afectados por economías ilegales ligadas a los cultivos de uso ilícito. Fue aterrador conocer la intrahistoria de la masacre de los campesinos en Tumaco, cuando se supo de los conflictos entre el consejo comunitario negro y los campesinos desplazados de Cauca y Putumayo como efecto balón de la lucha antinarcóticos de carácter contrainsurgente.

Por más que se reclame celeridad en una ley que dé cumplimiento a las circunscripciones especiales transitorias, las garantías para la participación política de las víctimas no están dadas en muchas zonas. Allí no se ha desactivado el conflicto armado pues existen: disidencias y desertores de las FARC, un ELN en avance hacia el copamiento territorial y diferentes bandas herederas del paramilitarismo. Todos ellos en disputa por el control de rutas; todos ellos, actores desestabilizadores para la construcción del posacuerdo en las regiones mucho más peligrosos que los barones y delfines políticos que se enfilan para las campañas electorales de 2018. A estos señoritos del centro nunca les ha importado ver los rostros de esa periferia y no deberán pasar por allí en campaña, pues la continuidad del conflicto armado hace parte del guion de su campaña electoral, mientras en el legislativo van deformando la Justicia Especial para la Paz y los proyectos para el desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo.

Esteban Clavijo Rodríguez
Politólogo de la Universidad Nacional

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