Las Cortes, el secreto profesional y la protección de los periodistas

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a la revista Semana la entrega de una serie de documentos en las que se revelan el origen de su información, reabre el debate sobre la protección del secreto profesional entre los periodistas y sus fuentes de información. Y mucho más allá, el de la protección social y laboral de los periodistas en Colombia.

Directores de medios de comunicación y editoriales de importantes diarios como EL ESPECTADOR advierten, con justa razón, que el fallo “de convertirse en nueva jurisprudencia desmantelaría la protección al secreto profesional entre periodistas y sus fuentes”.

Y es evidente que así sería; sin embargo, cuando se habla de “secreto profesional” es porque este sigilo es propio de una profesión debidamente reconocida, certificada y amparada por ley o por disposiciones legales. Y es aquí donde el debate nos obliga a plantear inicialmente el interrogante sobre si el periodismo es o no es una profesión. O acaso un oficio.

Sobre esto ya la Corte Constitucional aclaró y precisó en su momento las dudas surgidas con posterioridad a la caída la Tarjeta Profesional de Periodistas, que tenía como soporte por la Ley 51 de 1975 [Estatuto del Periodista], la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Pero por qué la Corte Constitucional protegió el secreto profesional no obstante haber tumbado la Tarjeta Profesional? Pues bien, hay que empezar por precisar que la Constitución Política de Colombia (CP) establece que “El secreto profesional es inviolable” (Artículo 74) y la misma CP confirma que “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional” (Artículo 73), luego entonces de acuerdo a la Constitución el periodismo es una profesión y el secreto profesional es propio de dicha “actividad profesional”. Y esa actividad profesional debe GOZAR DE PROTECCION.

Pero el 18 de marzo de 1998, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el Estatuto del Periodista (Ley 51 de 1975), en donde se reconocía el ejercicio del periodismo como una profesión, a cambio la concibió como un oficio o arte. Para ello argumentó que esta ley era contraria a la Constitución Nacional que en su artículo 20 establece que “se garantiza a toda persona [no solo a los periodistas] la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información (…)”, es evidente entonces que la Corte Constitucional tuvo en cuenta el artículo 20 pero no el 74 en donde se le reconoce como una “actividad profesional”.

El interrogante que surge en este contexto es: carece de sentido entonces reclamar la protección del secreto profesional sobre una profesión que, como el periodismo, fue clasificada como oficio o arte?

En el fallo la Corte Constitucional establece que este cambio de categoría no afecta el secreto profesional consagrado de manera literal en el artículo 74, en cuanto a que “el secreto profesional es inviolable”.

Entonces, es claro que el periodismo en Colombia sigue amparado por el secreto profesional como instrumento para proteger a la fuente de información muy a pesar de que haya dejado de ser una profesión y haya sido clasificado como oficio o arte. Desde luego que el periodista, según la Corte, no es ajeno a las responsabilidades de orden civil y penal a que está sujeto cuando incurra en afirmaciones inexactas, injuriosas o calumniosas.

Ahora bien, hasta aquí no se entiende entonces por qué la Corte Suprema de Justicia pretende obligar a la revista Semana a revelar los mensajes de sus fuentes de información para demostrar la veracidad de una investigación periodística.

Pero lo que también amerita un debate son las reivindicaciones y conquistas laborales que estaban consignadas o que se derivaban del reconocimiento del periodismo como profesión, esto por cuanto que al dejar de ser reconocida como una profesión que gozaba de protección, los periodistas dejaron de gozar de una serie de beneficios y reivindicaciones laborales, y solo quedaron amparados, como un ciudadano más, por las disposiciones laborales ordinarias que protegen a un trabajador regular, es decir, en la práctica, el concepto de periodista profesional y sus beneficios de protección física y laboral desaparecieron. Por solo citar, la seguridad social para periodistas en cuanto hace relación a la pensión especial de vejez, que establecía una edad de 55 años, con 1250 semana cotizadas.

Y este es un problema por resolver, un problema que también se gestó con la declaratoria de Inexequibilidad la Ley del Periodista y que por antonomasia, llamémoslo efecto dominó, tumbó la Tarjeta Profesional de Periodista, dejándolos sin reconocimiento profesional, pero desprotegidos y desamparado por el estado desde el punto de vista laboral.

Por Ramiro Guzmán Arteaga
Comunicador social periodista, Mg en educación y profesor universitario

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