Las políticas y programas de protección de los líderes sociales: una cuestión medular del derecho a la vida desde la democracia participativa

Imagen: Portal Revista Sur

Apenas comenzando el 2018, según datos de la Plataforma ¡Pacifista! (febrero 17, 2018) van diez asesinatos de líderes sociales, en diferentes regiones del país, en un ambiente de campaña política y conflictos regionales, que manifiesta un gran riesgo de polarización social frente a los Acuerdos de Paz y se complica con el choque de intereses en los territorios.

Estos datos confirman lo que las comunidades y organizaciones sociales ya conocen, pero resulta casi invisible en la historia de Colombia o se ha connaturalizado como algo normal: el costo en vidas es muy alto cuando se trata de ejercer los derechos a la participación y defensa de los intereses sociales, en un contexto de regiones diversas, exclusión social y política, desigualdad, estigmatización y persecución de quienes se atreven a ejercer su autonomía.

Las muertes ocurridas en enero han hecho visible a nivel nacional e internacional la persecución contra líderes sociales y confirman los niveles de tragedia anunciada ante la situación de desprotección, con el asesinato de líderes como Temístocles Machado el pasado 27 de enero; uno de los dirigentes más connotados de las comunidades de Buenaventura y del paro cívico realizado a finales el 2017.

Como lo registra El Tiempo (El Mapa de la Vergüenza, 2018), con base en estudios del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz y la Fundación Ideas para la Paz-FIP, desde el inicio de la implementación de los Acuerdos de Paz a la fecha, han sido asesinados 205 líderes sociales en Colombia; es decir, solo entre comienzos de 2016 e inicios de 2018. Las cifras muestran la tragedia humanitaria en los departamentos del Cauca con 41 dirigentes sociales asesinados; Nariño con 31, Antioquia con 28; Valle del Cauca con 14, Chocó con 12, Córdoba con 11 y Putumayo con 10. Pero, los registros muestran que en 23 departamentos y en Bogotá, estos hechos luctuosos siguen ocurriendo, a pesar de la reticencia gubernamental a reconocer su sistematicidad.

Es de anotar que, en contextos regionales tan diversos y complejos, los factores de conflicto son múltiples y los actores de violencia, también lo son. Sin embargo, la eliminación física del contradictor social y político viene a ser casi una constante desde que Colombia inicia su vida republicana; peor aún, si éste es el vocero de una organización o movimiento social campesina, sindical, comunal, de mujeres, de víctimas, de reclamantes de tierras o de derechos humanos o política de izquierda. Más recientemente, desde el año 2005, el Observatorio de Tierras (www.observatoriodetierras.org) presenta una base de datos de líderes y lideresas asesinados entre 2005 a 2016, con 500 registros de nombres, pertenencia organizativa, hecho victimizante, fecha de ocurrencia, localización, presunto autor, posible motivo y datos relevantes de las muertes ocurridas.

Prolijo sería detallar las circunstancias, contextos territoriales y dinámicas organizacionales donde ocurren los asesinatos. Pero, aunque las noticias aparecen a cuentagotas y casi marginales en la gran prensa, es de destacar que entidades como las mencionadas y otras de carácter social y de defensa de los derechos humanos como Codhes, Cinep, Nuevo Arco Iris, Contagio Radio, Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, vienen documentando, manifestando y pronunciándose activamente con respecto a estos hechos luctuosos, como lo muestra Colombia Informa (febrero 15, 2018).

La situación de riesgo y amenaza en que desarrollan sus actividades los líderes y lideresas de las organizaciones sociales son tan evidentes ante los hechos victimizantes, que el propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, llamó la atención del Consejo de Seguridad de dicho organismo multilateral, ante la inseguridad en las zonas del país afectadas por el conflicto. Esto constituye un severo contraste con la negativa del Ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas, a reconocer la sistematicidad de los asesinatos y su inclinación por el abordaje casuístico e, incluso, centrado en móviles pasionales o litigios vecinales, cuyo sentido impide abordar el cuidado de los líderes sociales desde la prevención, la protección, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas encaminados a salvaguardar la vida de quienes participan y fungen como dirigentes de las organizaciones y movimientos sociales.

A mediados de diciembre, el Fiscal General con evidentes titubeos, balbuceó el reconocimiento de “algún grado de sistematicidad” en los asesinatos de líderes sociales. En este marco, hizo un tenue viraje frente a su posición inicial negatoria de “patrones comunes en los asesinatos y amenazas de líderes sociales” (El Espectador, diciembre 19 de 2017). Con bastante esfuerzo, apenas sí hizo una aproximación al reconocimiento de la existencia de “reductos de autodefensas” comprometidas en estos crímenes.

No sobra recordar, así mismo, que el actual Vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, fue encargado por El Presidente Santos de asumir funciones específicas en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, la sustitución de cultivos ilícitos y la lucha contra las bandas criminales. En este marco, le ha correspondido junto con el Ministerio del Interior la tarea de estructurar un decreto cuyo objetivo busca fortalecer el sistema de alertas tempranas, ante situaciones de amenaza o advertencia de un crimen contra los defensores de derechos humanos.

Ante pronunciamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expresó su preocupación por “la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización” de los defensores de derechos humanos en el país, (El Espectador, 21 de diciembre de 2017), el Vicepresidente se manifestó desde Barbacoas – Nariño, prometiendo protección estatal para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. No obstante, en dicho marco, priorizó el anuncio de la entrada en operación de un comando especial con centro de operaciones en 13 municipios del Cauca y Nariño con la misión de fortalecer la seguridad ciudadana, liderar la erradicación de cultivos de uso ilícito y combatir grupos armados ilegales. Precisamente allí, su apuesta de seguridad está viviendo una prueba de fuego, en medio de agudos factores y agentes de conflicto que entrelazan grupos que se marginaron del proceso de paz de las Farc, presencia de bandas criminales, autodefensas y del ELN, entrelazado a la presión por la erradicación de cultivos de uso ilícito, mediante métodos compulsivos, que contradicen el espíritu de la erradicación voluntaria plasmado en los acuerdos Gobierno-Farc.

Es, en dicho sentido, donde se percibe una paradoja en la concepción de la seguridad y las tareas relacionadas con el cuidado de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Las tareas de protección, combinadas con actividades de represión y erradicación de cultivos de uso ilícito en las regiones mencionadas son una muestra del riesgo de colisión entre instancias institucionales nacionales, departamentales y locales, con respecto a la manera como se consolidan los procesos de paz y reconciliación en los territorios y el modo como operan las dinámicas de relacionamiento con las comunidades. En estas antinomias programáticas, prospera el enfoque de seguridad policial y se diluyen las dinámicas preventivas y de protección de los derechos humanos, que se pretenden desde una ruta metodológica de seguridad colectiva.

En otra faceta del problema, es de subrayar que en la historia de los procesos de implementación de las leyes de reparación de las víctimas y restitución de tierras se ha carecido del acompañamiento mediante políticas y programas de protección Estatal, encaminados a la prevención de los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros. Generalmente, siempre se actúa a posteriori, con medidas reactivas y de corto plazo.

Esto, también se evidencia en las opciones reduccionistas de justicia para el sometimiento de las bandas criminales. Hasta ahora, ninguna de estas políticas viene acompañada de procesos de desarrollo territorial y concertación, que posibiliten diseñar e implementar rutas metodológicas desde la comunidad regional hacia el ámbito nacional. Tampoco integra estrategias encaminadas a la superación de factores de exclusión social, de manera sostenible.

Lo que sí se evidencia en la acción institucional es el ejercicio paradójico y ambivalente de sus diversas instancias e instituciones nacionales y territoriales en materia de políticas públicas y programas de protección social. En definitiva, el que no es sistémico ni prospectivo es el Estado. Máxime, cuando la protección de los líderes sociales se mantiene centralizada en la Unidad Nacional de Protección a cargo del Ministerio del Interior. Los temas de estudios de riesgos, por ejemplo, siguen centralizados y sumergidos en tramitología. Esto sigue evidenciándose en el decreto 2078 emitido el 7 de diciembre de 2017, sobre la ruta de protección colectiva del derecho a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades.

Es de esperarse que los procesos de diálogo y concertación que se llevan a cabo con la Fiscalía General de la Nación e instancias del Gobierno Nacional, las organizaciones sociales como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular logren establecer de manera incidente e incluyente, protocolos de investigación, protección y seguimiento a medidas de protección, así como en materia de protección del derecho a la protesta social, que respondan a los contextos territoriales y al ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución.

En este mismo sentido, es de resaltar las experiencias de la Guardia Indígena y de los procesos de las guardias campesinas del Catatumbo que, sin armas, sin uniformes de guerra ni ejercicio de escoltas, se ponen al servicio de sus comunidades para mediar en la solución de conflictos vecinales, proteger a los miembros de la comunidad desde el rol de gestores de paz y protección ambiental. Este sentido de autoprotección, como lo muestra La Silla Vacía (2017), constituye una interesante opción para la construcción de la paz desde abajo y un mecanismo de comunicación y coordinación, capaz de reflejar el sentido proactivo y pacífico de la seguridad colectiva, entendida como seguridad humana y ciudadana, capaz de avanzar en la construcción de pactos territoriales para sacar las armas de la vida política y de la acción social.

ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ
Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá

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1 comentario

  1. vivo en el municipio de tierralta cordobna soy victima desde el año 1998 y asta este momento no hemos recibido la llamada reparacion administrativa nos mataron a 2 hermanos desaparecieron a mi hijo mayor su nombre es angel dario cogollo guevara desde el año 2000 y nada de repuesta se hizo todas las denuncias pertinentes y nada se sabe la impunidad reina

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