Un violento comienzo de año para los líderes sociales

Temístocles Machado, líder social asesinado el sábado 27 de enero. / Elizabeth Otálvaro para ¡Pacifista!

Según Indepaz, este año han sido asesinados 21 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Este año electoral arrancó con una delicada situación de orden público en las regiones.

Este año empezó sin tregua para los defensores de derechos humanos y líderes sociales del país. La Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes) registró tras la muerte de Temístocles Machado, en Buenaventura, el pasado 27 de enero. La organización Somos Defensores estima que fueron asesinadas 12 personas; la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) contabilizó 18, y, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fueron 21. Los números no coinciden, pero la realidad es la misma: en Colombia siguen matando a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y poco o nada se sabe de quiénes lo están haciendo y con qué propósitos.

Los hechos preocupan cada vez más a las organizaciones sociales y, con las elecciones de Congreso y presidente a la vuelta de la esquina, serán una prueba —hasta ahora fallida— para medir la capacidad de respuesta del Estado, teniendo en cuenta el riesgo que estos crímenes representan para este sector de la población. El caso del líder social Temístocles Machado se sintió con tal relevancia, que hasta la Fiscalía anunció que les dará prioridad a las investigaciones sobre lo sucedido, a través de un equipo de fiscales especializados. Muy pocas veces la Fiscalía se ha pronunciado de esa forma sobre este tipo de asesinatos.

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Asociaciones y corporaciones cuestionan algunas medidas que el ente investigador toma para indagar sobre estos homicidios. Iván Madero, presidente de Credhos, aseguró: “Una de las debilidades que notamos desde la corporación es que, frente a la identificación del agresor, los casos que se presentan en la Fiscalía terminan asumiéndolo como desconocido, porque no se hace relación con los actores armados que están en el territorio. Además, cuando esto ocurre, los casos terminan archivados. Las autoridades tienen que hacer una investigación exhaustiva, eficaz. También tiene que haber mucha eficiencia por parte del Ministerio Público para que no se archiven”.

La corporación Credhos aseguró que el año pasado no registró ningún asesinato en el Magdalena Medio y que este enero ya se cometieron dos. La situación no es fácil, confirma Rocío Campos, líder comunitaria asociada al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quien habló con este diario de la difícil vida cotidiana que viven las comunas de Barrancabermeja: “Tuvimos que crear rutas de autoprotección porque ya no podemos transitar por los mismos lugares, cambiarnos de los sitios donde vivimos”. Ella misma fue atacada por dos sicarios en 2016 en Barranca mientras se movía en su moto.

Según Campos, en el municipio los líderes no cuentan con esquemas de seguridad. Aunque, a veces, esos esquemas tampoco sirven de a mucho. Martha Giraldo, otra líder social del Movice en el Valle del Cauca, señala que, a pesar de contar con protección, la zozobra y el temor con los que vive un defensor de derechos humanos o líder social en Colombia, como ella, es constante. “El asesinato de Temístocles es muy preocupante, porque él estaba amenazado desde hace varios años, se venían denunciando las amenazas y no se hizo nada, hasta que efectivamente lo mataron”.

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La situación en ese departamento ha sido complicada este año. Giraldo cuenta: “El 15 de enero llegó un panfleto a la Central Unitaria de Trabajadores de la sede Valle del Cauca y ahí amenazaban a líderes y a diferentes organizaciones. Las amenazas han sido persistentes hace ya varios años. El panfleto tenía unas características bien particulares, porque hablan normalmente de asesinar, pero en ese hablaban de desaparecer a las personas. Eso es complejo, porque es un crimen en el cual (se cree que) ‘sin cuerpo no hay delito’. Y el Estado colombiano no tiene los mecanismos que posibiliten la búsqueda de los desaparecidos”. Según Giraldo, la denuncia se presentó a la Fiscalía y hasta la fecha no ha habido respuesta.

Carlos Guevara, vocero de la organización Somos Defensores, le dijo a El Espectador que, de acuerdo con sus registros, los departamentos donde se han ejecutado más homicidios desde 2017 son Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander, con un aumento considerable en Chocó y Cesar. “Pensamos que pasando 2017 la cosa iba a ponerse más tranquila, pero parece que en tanto nos acerquemos a las elecciones esto se va a poner cada vez peor”. En este contexto, el procurador Fernando Carrillo anunció que el Ministerio Público “radicará una acción popular para que haya una política pública de defensa a líderes de derechos humanos”.

En las últimas cifras publicadas por la Fiscalía se registran 101 homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, políticos y comunales entre 2017 y lo que va del año. Las organizaciones sociales hablan de más víctimas. En diciembre pasado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la “gran mayoría” de estos crímenes “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas”. Los reclamos y las permanentes denuncias de los líderes, que empezaron este año igual que el anterior, temiendo por su vida, siguen chocando con esas declaraciones.

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