La “renuncia” del fiscal y la estrategia de impunidad

Mientras en Perú el escándalo de corrupción de Odebrech trajo como consecuencias la condena de empresarios y altos funcionarios de los gobierno e investiga a cuatro expresidentes, en Colombia el caso se disfraza e invisibiliza por los medios de comunicación, muchos de ellos pertenecientes a los mismos grupos económicos comprometidos en uno de los mayores fenómenos de la crisis institucional que compromete al gobierno nacional y a muchos integrantes de su partido y de los partidos de la coalición de gobierno. Por lo tanto, la crisis institucional es una crisis provocada, por la misma naturaleza y composición del gobierno y por sus tácticas de cooptación de las demás ramas del poder público.

 Ése es el caso del Fiscal General de la Nación, acusado por una presunta participación en los negocios del Estado colombiano con Odebrech tanto como ministro consejero de la presidencia, como por su condición de abogado de la firma Corficolombiana del conglomerado empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo. También ha sido cuestionado por los negocios con Carlos Mattos y su asesoría para ayudarle a evadir la justicia colombiana (la mal llamada “prima de éxito” por incidir en fallos judiciales), la extraña muerte con ingesta de cianuro de integrantes de la familia Pizano y otros presuntos delitos que “dañan” su “buen nombre”. De esta conducta ya se tenía conocimiento antes de haber sido elegido como fiscal, pues algunos columnistas independientes habían llamado la atención del país sobre los antecedentes que traía la persona que iba a ocupar una de las dignidades más altas del Estado Colombiano, paradójicamente, encargada de apoyar la administración de justicia. No Obstante Néstor Humberto Martínez Neira se posesiona en el cargo de fiscal general de la nación con el propósito de garantizar la impunidad de sus propios delitos como los de los políticos y empresarios que le han ayudado en su carrera política y su próspera labor de abogado al servicio de grandes emporios económicos con alto poder de incidencia en la política colombiana. Basta mencionar las múltiples columnas de Daniel Coronell, María Jimena Duzán y Cecilia Orosco Tascón entre otras, para darnos cuenta del personaje.

Desde que Néstor Humberto Martínez llegó a la fiscalía, se propuso, por todos los medios, dilatar, enredar y engavetar el proceso que lo compromete en una trama de corrupción y crimen que más ha ofendido la inteligencia y la dignidad de los colombianos en los últimos años, y que involucra al Centro Democrático en el gobierno y en su bancada en el congreso, a excandidatos y funcionarios de los últimos gobiernos, como a integrantes de los otros partidos de la coalición que los llevó a ganar las elecciones en el 2018, por las cuales tienen ahora el gobierno y una cada vez más escasa y esquiva mayoría en el congreso. NHMN tenía, al parecer, la certeza de que el respaldo del uribismo en el congreso de la república y en el gobierno nacional sería suficiente para subordinar o vulnerar la autonomía y la independencia de las cortes que investigan su actuación en el caso Odebrecht entre otros, razón por la cual sería llamado a indagatoria y retirado de todas la líneas de investigación que sobre el tema debería estar adelantando la entidad a su cargo, es decir la que se había convertido por sus antecedentes en juez y parte.

No fue su conciencia noble y honesta, ni su indignación ante la injusticia lo que motivaron su renuncia, ni fue la decisión de la JEP en el caso Santrich lo que lo obligó a abandonar el cargo, sino el agotamiento o reducción del espacio de juego para moverse en su propia defensa desde el cargo de fiscal general ante las evidencias que le pegaban en las narices lo que lo obligaron a apartarse de tan alto y atractivo cargo para corruptos y criminales (paradójicamente), y buscar una “salida” amañada como todas sus actuaciones, tratando de convertir un revés en victoria frente a la oposición y a las cortes como si fuera un ciudadano decente, digno de respeto y admiración por sus servicios al país. ¡Faltaba más!!

Finalmente, aunque ocupó todos sus esfuerzos en atacar el proceso de paz con la estigmatización y hostigamiento a la JEP, y mostro un profundo desprecio y negligencia ante los ataques y asesinatos de defensores(as) de los Derechos Humanos y líderes sociales asesinados, semana tras semana, por estructuras paramilitares que siguen operando en completa impunidad, el fiscal sale cargando un inmenso nivel de rechazo y desprestigio por sus actuaciones y sus maneras de querer ocultar sus propias pelambres.

Antes de renunciar a la fiscalía, como un último favor a sus defensores, ordena la recaptura de Jesús Santrich que agrava aún más la crisis del gobierno y de los partidos de gobierno que, de torpeza en torpeza, muestran su arrogancia y desprecio por los principios y valores básicos de la democracia y la independencia de los demás poderes públicos del Estado que dice ser de Derecho, pero que es de derecha, al tratar de socavar la ética de los jueces e incidir en sus fallos, acabar con el proceso de paz y de paso tumbar la JEP como uno de sus más valiosos instrumentos para la No repetición.

Renuncia el fiscal, orondo y sin temor de ser investigado por el fiscal entrante; se va por la puerta grande buscando el financiamiento y apoyo de sus patrones para ser candidato y presidente de los mismos con las mismas. El gobierno lo acogerá bajo su manto de impunidad por los favores recibidos. Ahora el corrupto, se dedicará, como su colega el ex procurador Alejandro Ordoñez a una posible campaña presidencial para tratar blindarse de acción de la justicia como un cuadro político intocable, propio de las prácticas de la ultraderecha[1]de todos los tiempos.

No tenemos muchas esperanzas en el nuevo fiscal. Probablemente seguirá al servicio de la política de guerra Uribista. Éste nuevo fiscal no tendrá vísceras, ni dilemas éticos, que lo lleven a pensar en la lucha contra la impunidad para que todo el país conozca la verdad sobre los hechos y crímenes que se cometieron en el marco de este conflicto, va a continuar con la estrategia de obstruir la justicia para favorecer a los poderosos de este país, terminar con los anhelos de paz de los colombianos y poner en cuidados intensivos el Estado Social de Derecho.

Nos queda respaldar la autonomía y la independencia de todas las ramas del poder judicial y de los tribunales internacionales para que un día, más temprano que tarde, podamos ver brillar el sol de la justicia en todas nuestras instituciones y a los responsables de tantas infamias en el lugar donde deben estar, no en el ejercicio de poder para su propio beneficio e impunidad.


[1] Video del canal YouTube del espectador: 19 de mayo

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