Por Harold Ruiz Moreno- Concejal de Pasto y socio fundador de la la CNAI / Foto: AMA.

Narino presenta la cifra deshonrosa de ser el mayor productor de coca y amapola del país: 46 mil hectáreas de coca y más de 6 mil hectáreas de amapola. Estos cultivos están presentes en 31 de los 64 municipios del departamento. Solo la producción de coca supera las 340 toneladas al año en Nariño, y puestas en los mercados internacionales pueden ser vendidas hasta por $ 20 billones, de los cuales más del 90% se quedan en las manos de la multinacional del narcotráfico[1].

Estos cultivos han generado una tragedia humanitaria, provocan la criminalidad existente en la Costa Pacífica y en la cordillera del departamento, donde proliferan más de 10 grupos armados ilegales que controlan estos cultivos, concentrándose su dominio en los carteles mexicanos como el de Sinaloa, Jalisco del norte, el cartel colombiano del clan del Golfo, los disidentes de Farc, y en menor medida el ELN. Estos son los principales propietarios de los cultivos de coca y amapola, y a la vez son los que alimenta el combustible de la guerra financiando a  grupos armados  ilegales existentes en Nariño[2].

Por el olvido y la falta de presencia del Estado, y al no existir opciones de trabajo formal, más de 75 mil familias de pequeños productores indígenas, campesinos y afros,  sobreviven de estos cultivos de uso ilícito, y a la vez son esclavos de los cárteles del narcotráfico, quienes los utilizan para la producción de hoja de coca, y como cordones humanos para blindar las grandes extensiones de los cultivos, también llamados cultivos industriales[3].

Los Acuerdos de la Habana generaron grandes expectativas entre los pequeños productores de coca y la sustitución voluntaria se constituyó en la esperanza para salir de la ilegalidad, la misma que fue contemplada en el punto cinco del acuerdo de paz (drogas ilícitas). Todas  las familias que sobreviven de estos cultivos en los  31 municipios de Nariño, suscribieron acuerdos colectivos de sustitución  con el gobierno nacional del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo este gobierno solo prioriza al municipio de Tumaco para la sustitución voluntaria con la implementación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución), y se vincularon tan solo 16.500 familias. Las demás familias de los 30 municipios con coca y amapola se quedaron sin respuesta por parte del gobierno del Presidente Duque, quien congeló el PNIS y no respondió a los acuerdos colectivos firmados, y a las familias que firmaron acuerdos de sustitución les cumple parcialmente.

La respuesta para Nariño ha sido la de priorizar la fumigación con el herbicida glifosato.  En Tumaco, en el año 2018, se hizo el pilotaje de la fumigación con drones que a la postre no dieron el resultado esperado y por ello el gobierno de Duque insiste en la fumigación aérea. Es de anotar que en los años 2010 y 2012 se rociaron más de 3 millones de galones de glifosato en Nariño y aún así los cultivos crecieron; se siguen implementando la erradicación forzosa con un número considerable de víctimas por presencia de campos minados, además se da el asecho a la fuerza pública por parte de los grupos armados ilegales, quienes tienen el control territorial sobre los cultivos de uso ilícito.

Hoy la sustitución voluntaria de las familias de Tumaco presentan atrasos considerables; se han desvinculado 3.000 familias y la transformación de los territorios con coca y amapola en Nariño son un completo fracaso: los cultivos crecen y la salida de las Farc provocó el copamiento rápido de los cárteles del narcotrafico. Estos acrecientan sus utilidades  y poder en el departamento frente a la indiferencia del gobierno Nacional, lo que permite concluir que tiene razón el gobernador de Nariño Camilo Romero cuando afirma que “al Sur no llegó La Paz, porque la misma, como la guerra, se vive desde Bogota porque se ve solo por la televisión”.

En el debate contra la reanudación de las fumigaciones con glifosato, el gobernador de Nariño ha expresado su rotunda oposición y en contraposición el gobierno del presidente Ivan Duque, respondiendo a las presiones de EE UU, insiste en la aspersión aérea con las consecuencias en la salud y la afectación a la tierra y al medio ambiente de las comunidades de Nariño.


[1] Cifras del Simce-Unodc.

[2] Observatorio Social Gobernación de Nariño.

[3] Cifras oficina del PNIS de la Gobernación de Nariño.