Por Harold Ruíz Moreno / Foto Prensa Omar Restrepo

Como consecuencia de la presencia de la pandemia del covid19, hemos tenido que padecer diferentes situaciones que agravan las condiciones de vida de una ciudadanía que, impávida, observa cómo los abusos se incrementan, la corrupción con las ayudas de emergencia, el tener que vivir con el autoritarismo de un presidente que gobierna a punta de decretos. Ya son más de cien en esta emergencia.

Otro de los mayores padecimientos para los ciudadanos en esta pandemia son los abusos de las empresas de servicios públicos que en esta crisis poco les importa los sufrimientos de los usuarios y han incrementado como el que más el costo de los servicios públicos.

Los ciudadanos hemos tenido que sufrir muchos abusos con la presencia de la pandemia del covid19, los servicios públicos no son la excepción, el confinamiento ha hecho que la permanencia en casa haya incrementado los consumos de servicios como la energía eléctrica, acueducto, aseo y telefonía fija o celular.

La respuesta de las empresas de servicios públicos fue que en los meses de abril y mayo de la primera cuarentena, se cobró sobre la base del promedio, sin tener en cuenta que la mayoría de las actividades como, la comercial, industrial, pública y otras estaban cerradas por el confinamiento obligado que  fue ordenado por el gobierno nacional y por lo tanto no podían facturar los servicios con  promedios que incrementaron los  normales  consumos de algunos los servicios públicos.

La voracidad de las empresas de servicios públicos que están en su inmensa mayoría en la  propiedad privada, no se compadecen de la difícil situación que se vive por los efectos generados por la pandemia y que hacen en muchos casos que no se pague tan alta facturación.

La posibilidad de presentar los PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) de manera presencial son un viacrucis para los ciudadanos por las largas colas y porque deben hacerlos de acuerdo a su número de cédula y de manera virtual. Esto es aún más traumático y a veces imposible porque deliberadamente estas empresas no atienden los PQR de manera virtual, especialmente las empresas de telefonía celular.

El Gobierno nacional sólo emitió un decreto de emergencia que prohibió el corte de los servicios y la posibilidad del pago de estos en cuotas de hasta 36 meses con Intereses de tasas similares a las que cobra el voraz sector financiero. En algunas pocas ciudades los alcaldes financiaron el pago de un mes del servicio de acueducto para estratos 1 y 2, medida que en algo ayudó a paliar esta difícil situación que enfrentamos por la presencia del Covid19, pero para los demás estratos no ha habido ayuda alguna, y la facturación exagerada no tiene respuesta alguna y la misma impacta los presupuestos familiares y empresariales, sobre todo de las pequeñas empresas que están abandonadas de las ayudas del gobierno nacional, diseñadas para favorecer el sector financiero.

La privatización de los servicios públicos y el control de la politiquería y el clientelismo en las pocas empresas que quedan de propiedad del sector público, incrementa los abusos, los empresarios dueños de estos servicios como en el sector financiero solo les interesa las utilidades, solo les interesa enriquecerse a costa del trabajo honrado de los usuarios, sin importarles el sufrimiento de los mismos. Los efectos de la parálisis de la economía, la pérdida de los empleos, la falta de generación de ingresos y el hambre que sufre los colombianos por la pandemia, no son razones para que los perversos dueños de los servicios públicos incrementen desmesuradamente los costos de servicios públicos.

Y como de costumbre en el país, el control sobre estas empresas de servicios públicos no funciona, las comisiones de regulación y la superintendencia del ramo, responde solo a sus padrinos políticos, los órganos de control como procuraduría, fiscalía y contraloría hacen mutis por el foro y el ciudadano impotente no encuentra respuesta al costo desmesurado de los servicios públicos. Sólo los pocos debates de la bancada parlamentaria alternativa han permitido la defensa de los usuarios y los reclamos de las organizaciones sociales se hacen sentir frente a los abusos y la voracidad de los dueños de los servicios públicos, que son públicos por su cobertura, pero menos por su función, ya que la privatización de los mismos conspiran contra los derechos de la ciudadanía.

La norma de regulación de los servicios públicos permiten la presencia de los comités vocales de control, figura tan importante de Veeduría que tristemente se ha convertido, en la mayoría de casos, en otra oficina de atención al cliente de las empresas de servicios públicos. Para los ciudadanos, esta situación amerita el fortalecimiento de los comités vocales de control, que se coloque en defensa de los usuarios, que la bancada parlamentaria alternativa y las organizaciones sociales llame a la desobediencia civil, a la protesta ciudadana en el marco de la movilización protegida por la constitución política, con el propósito de frenar los abusos de las empresas de servicios públicos y la exigencia de la revisión de la facturación en los meses que ha durado el aislamiento social generada por la pandemia del covid19.