Por: Alvaro Efrén Córdoba Obando, docente universitario, Junta directiva CNAI.

Foto: Jennifer Rueda

Netflix ofrece en tiempos de pandemia un documental español de 2018 realizado durante siete años (grabación y producción) que recoge la historia de unas cuantas personas  entre ellas víctimas, abogados y defensores de derechos humanos en su la lucha por la verdad y la memoria histórica respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo en España desde la Guerra civil (1936) hasta la muerte del dictador en 1975. Ese documental ha merecido varios premios internacionales por su aporte a los derechos humanos, la paz y la lucha contra la corrupción; cuenta la acción empoderada de las víctimas para romper el pacto de silencio y olvido entre perpetradores y élites del país ibérico.

La víctimas encuentran en la “Querella Argentina”[1] la única posibilidad de juzgar a algunos agentes de la dictadura franquista en España recurriendo a un principio de los derechos humanos que apela a la justicia y jurisdicción universal para crímenes atroces y de lesa humanidad que los estados directamente responsables reconocen, por lo tanto no los investigan, ni los juzgan y hacen que los delitos y procesos judiciales prescriban en los juzgados en obediencia a esos pactos de silencio y olvido en las altas esferas. Todo para hacer como si nada malo hubiera pasado durante esos regímenes autoritarios y macabros, que han marcado esas “democracias” casi perfectas[2].

El documental El silencio de Otros narra la manera como las víctimas de la dictadura y del franquismo (que sobrevive aún en España) buscan la verdad y la justicia, enfrentando la indiferencia y el rechazo del sistema, trascendiendo las fronteras de su país, así como las “leyes” establecidas por los regímenes políticos que quieren el olvido de una verdad que golpea en la cara a las élites que promovieron, defendieron y usufructuaron la violencia de estado para su propio beneficio contra proyectos y procesos republicanos, democráticos y constitucionalistas.

El documental El Silencio de Otros según sus realizadores, Almudena Carracedo, Robert Bahar (directores) y Pedro y Agustín Almodovar (productores), fue considerado en principio un proyecto fallido, casi insignificante o inocuo que a nadie parecía interesarle. Sin embargo logra vencer todos los obstáculos interpuestos por las leyes de esas democracias de papel, insensibles e indiferentes al sufrimiento de las víctimas, encubridoras de crímenes y criminales atroces para llegar a encontrar en una jueza argentina, Maria Romilda Servini de Cubría, el sentido de justicia que claman los sobrevivientes: reclaman los muertos a sus victimarios, al estado y a la sociedad toda.

Esta jueza y los tribunales argentinos permiten romper los cercos y pactos de silencio en el estado y una parte de la sociedad española hasta lograr llevar a juicio a algunos integrantes de la dictadura responsables de varios crímenes de lesa humanidad, gracias a la fuerza y persistencia de los abogados y defensores de derechos humanos, pero sobre todo de la movilización de la conciencia moral de las víctimas y la solidaridad internacional. Logran pues imponer una nueva agenda política para la España actual que abre nuevos vientos para la justicia, la dignidad y la lucha contra la corrupción como señal ejemplarizante y esperanzadora para el resto del mundo.

Colombia: impunidad y olvido como política de Estado.

Mientras tanto en Colombia, con una guerra civil no declarada, en un régimen que ha mantenido la violencia política como un leitmotiv de soberanía y dignidad de las instituciones desde su independencia hasta nuestros días, la verdad y la memoria histórica se han convertido en los grandes enemigos que atentan contra la permanencia de los privilegios y la impunidad de sus agentes, promotores y beneficiarios (militares, políticos, empresarios, mafias, transnacionales, etc.).

El subpresidente que nos expone diariamente a una vergüenza universal dice que por decreto se establecerá la pena de muerte para violadores, y con micrófonos abiertos se refiere de manera insultante contra una senadora opositora sobreviviente de la guerra sucia del Estado en los últimos cuarenta años; mientras tanto otra senadora, integrante del partido de gobierno, emparentada con los clanes políticos y mafiosos de la Costa Atlántica dice que presentará un proyecto para que las mujeres violadas deban primero pedir permiso a su violador para poder abortar. Todo después de que un exministro de defensa, hijo de militar, nacido en hospital militar, formado en escuela, colegio y universidad militares, casado con hija de militares…salió a decir que los integrantes de la Comisión de la Verdad tienen vínculos con organizaciones ilegales, una calumnia que quiere poner la altura moral de los comisionados al nivel de los criminales que ocupan cargos en el gobierno o en el congreso, en los organismos de control como la fiscalía o la contraloría para dar unos breves ejemplos.

Lo anterior después de que la Comisión de la Verdad solicitara a la inteligencia militar, por intermedio del ministerio de defensa, la entrega de la información sobre la participación de esas instancias en las recientes acciones denominadas de espionaje y perfilamiento ilegal de personas cuyos datos fueron entregados, presuntamente, al partido de gobierno.

El exministro, representante ahora de una fundación que funge o finge como tanque de pensamiento para el progreso de Bogotá y la región, habla como si no representara a nadie. Por lo tanto, no compromete al gobierno, ni a los militares, ni a los empresarios, ni a su partido político, pero hace el favor, el trabajo sucio, orientado a socavar la confianza, la credibilidad, la autoridad moral y el rango constitucional de la CEV.

Lo anterior, con el único propósito de facilitar el ocultamiento de la verdad sobre los hechos y responsables de la acción encubierta de las fuerzas armadas en el espionaje y persecución de líderes sociales, dirigentes políticos, partidos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y hasta funcionarios del gobierno nacional en lo que se ha llamado las “carpetas secretas”[3] que podrían demostrar la relación de organismos del estado con el partido de gobierno y con los perpetradores de los crímenes contra líderes sociales y opositores del gobierno.

Parecería entonces que detrás de la locuaz salida del super-mini-ministro está la alianza de esos actores que conspiran contra la paz y asesinan con total impunidad a los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los periodistas independientes, los críticos del establecimiento. “Todos juntos, como debe ser”, como decía el lema de uno de esos partidos que se crearon para aparentar pluralismo y democracia de un régimen que escurre sangre y corrupción por todas partes.

Los despliegues mediáticos del subpresidente Duque, de sus copartidarios en el congreso, a propósito de uno u otro tema de inusitada urgencia y sensibilidad nacional como la violación de niños y niñas, la evolución de la pandemia, son solamente tácticas de disuasión y distracción para evitar los procesos judiciales y de control político a partir de los señalamientos y evidencias de la corrupción en las elecciones pasadas (2018), en las que se roban la presidencia con la alianza criminal y los recursos de narcotraficantes y paramilitares en lo que se conoce como la “Ñeñepolítica”[4]. De esto hay suficiente material disponible para un juicio político y penal al gobierno actual y al partido de gobierno, que en un país medianamente decente obligaría a la renuncia del subpresidente y a una investigación liderada por instituciones y personas independientes al poder político. Pero no hay tal: el fiscal, como el contralor, son parte de la misma estructura clientelar que tiene a Duque como “presidente”.

Dictadura consitucional de facto

Con el pretexto de la pandemia y los riesgos de contagio del covid-19 se han cerrado el congreso y las cortes, por lo que el gobierno “gobierna” sin vigilancia alguna, legisla por decreto y sin control político ni jurídico, sin equilibrio de los poderes públicos, es decir, estamos prácticamente en una dictadura.

No es necesario mencionar los torpes discursos y medidas con el que el director del Centro Nacional de Memoria Histórica trata de cambiar el relato construido concertadamente durante años de investigación juiciosa, seria y responsable para dar cuenta de la tragedia que ha vivido nuestra nación durante décadas. Es preciso y urgente tratar de construir otras formas de convivencia y de institucionalidad que erradiquen el cáncer de la corrupción, la mafia y el clientelismo.

Ante el desespero con que tratan de ocultar sus crímenes y desviar la atención de sus críticos y opositores, a partir de las numerosas evidencias que los señalan de aliados de narcotraficantes y paramilitares, el gobierno y los actores solapados detrás del gobierno y el partido CD, torpemente tratan de cubrir o borrar las huellas de sus acciones buscando distraer a una ciudadanía que ha logrado más capacidad de razonamiento autónomo, de movilización creativa, de conciencia moral y de sentido crítico para transformar la historia y romper el supuesto destino trágico del olvido que seremos.

Es el momento de construir una historia al tamaño de nuestros sueños y los sueños de otros (asesinados, desaparecidos) que sembraron su semilla. Una historia que honre la memoria de un pasado que no ha pasado, que está siendo y será, pese a todo. Porque la memoria y la verdad emergen como la conciencia moral de una sociedad que se resiste a ser gobernada por la infamia durante siglos y siglos. Debemos recuperar la memoria como fuerza de movilización que trasciende de generación en generación y revive la rebeldía de siempre, de todos.


[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Querella_argentina_contra_los_cr%C3%ADmenes_del_franquismo

[2] Entiéndase leyes de “amnistía”, “punto final”, “perdón y olvido”, en relación con las dictaduras militares de España, Argentina y Chile como la de “justicia y paz” de Colombia en el gobierno del matarife innombrable para ocultar los delitos de la alianza de políticos, militares y paramilitares que hicieron posible el acceso y control del poder en Colombia, durante las últimas décadas hasta nuestros días.

[3] https://www.elespectador.com/tags/las-carpetas-secretas/

[4] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nenepolitica-un-escandalo-que-crece-articulo-908954/