Por Harold Ruiz Moreno / Foto: Jennifer Rueda

Colombia ha sido siempre un país presidencialista y centralista donde las regiones no cuenta para la real construcción de una República unitaria que ha conspirado siempre con la existencia de las regiones. Estas, asfixiadas por el odioso centralismo, desarrollaron en las década de los 70s y 80s grandes manifestaciones y paros cívicos que lograron en 1986 la elección popular de los alcaldes y en 1991 la de gobernadores, y fueron definitivas en el bello proceso constituyente que aprobó la constitución del 91, con un espíritu descentralizador que empezó por trasferencias suficientes para cubrir las obligaciones sociales de los entes territoriales.

La carta política acordó un hito en el proceso de descentralización fiscal en Colombia, estableciendo que el 46% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) debían ser transferidos a las entidades territoriales, para cubrir gastos e inversiones en los sectores de salud y educación y se harían a través de dos bolsas: el situado fiscal (departamentos) y las participaciones municipales (municipios), establecidos en los artículos 356 y 357 de la constitución.

El primer golpe a las regiones vino con la aprobación del acto legislativo 01 del 2001 y la ley 715 del mismo año, que empezaron a cercenar los recursos de las regiones y sus responsabilidades en educación, salud y otras renglones sociales se vieron afectadas y el espíritu descentralizador de la constituyente vio nuevamente que el estado nación descentralizaba las funciones, competencias y responsabilidades, pero a la vez disminuiría los recursos económicos. Que no pararon y con el acto legislativo 04 del año 2007 y la ley 1176 del mismo año, se disminuiría aún más los recursos destinados a las regiones, reformando una vez más el artículo 357 de la constitución.

Pero la descentralización no solo afectó los recursos económicos, otro paso fue sobre el ordenamiento territorial, y pasó de ser un asunto de política a uno de código de construcciones. Muchos intentos fracasaron, hasta que se aprobó la Ley 388 de 1997, que se enfocaba en la exigencia de elaborar los planes de ordenamiento territorial (POT).

El desmonte de los Consejos Regionales de Planeación (CORPES) confirmó este “abandono de lo regional”. La obstaculización permanente de toda propuesta de asociación e integración de departamentos o municipios bajo cualquier nueva forma territorial corroboró la insistencia en un modelo de “descentralización” basado en lo local, ratificó el carácter clientelista de la relación jerárquica entre el Estado y el municipio, y le permitió al gobierno nacional mantenerlas bajo su control. Después de 14 años, la Ley 388 fue revisada y se expidió la Ley 1454 de 2011.

En el tema que nos ocupa, el de las regalías, también introdujeron el Acto Legislativo No. 5 de 2011, que modificó el Sistema General de Regalías, y la Ley 1530 de 2012, que reguló su organización y funcionamiento y recientemente se aprobó el acto legislativo 05 de 26 de diciembre de 2019, por medio del cual se reforma el Artículo 361 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y contribuciones.

Esta norma mantiene en la distribución de los ingresos del Sistema General de Regalías el 10 % para ciencia y tecnología. Los mayores cambios consisten en la redistribución de los porcentajes que se asignan para los departamentos y municipios donde se exploren recursos naturales no renovables, los municipios más pobres del país, proyectos de inversión regional, conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación, etc. También se establece que el Gobierno nacional deberá radicar hasta el 30 de marzo de 2020 el proyecto de ley que ajuste el SGR y que, si el Congreso no ha expedido dicha ley al 30 de agosto de 2020, se faculta hasta por un mes al presidente de la República “para expedir decretos con fuerza de Ley que garanticen la operación del Sistema según el nuevo marco constitucional, incluido el presupuesto para el 2021”.

El proyecto de ley presentado el pasado 1 de agosto por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez pretende arrebatarles a los entes territoriales la intervención sobre el 50% de los recursos de regalías, con los cuales los departamentos y municipios construyeron sus planes de desarrollo, donde la mayor fuente de financiación de estos planes radica en estos recursos y a la vez nuevamente el estado centralista busca desatenderse de la responsabilidad de los proyectos estratégicos de desarrollo de las regiones, para que sean  estas las que  los prioricen, pero el manejo de estos recursos los manejaría Planeación Nacional, quien atentaría contra la autonomía e independencia de las regiones. Es importante anotar que por la pandemia el gobierno nacional tomó más de 25 billones que eran propiedad de las regiones para destinarse a cubrir las responsabilidades de la nación con el Covid19.

Estas acciones lesivas contra las regiones demuestran otra vez más que al centralismo poco le importa la unidad nacional y la vida de las regiones, a quienes las someten al yugo opresor, donde quien más pierden son los habitantes de estos   territorios, que se debaten en medio de la miseria y la presencia de un conflicto social y armado donde solo funciona la lógica de la criminalidad, que es la que impera por la ausencia del estado nación que abandona a las regiones a su mejor o peor suerte.